Harto de corrupción en la Corte, por dignidad renuncia Zaldivar
La democracia se apoya y tendrá que apoyar en la moral y la dignidad, pero como afirmaba un ínclito político mexicano, la moral en nuestro país, es un árbol que da moras, lo que identifica que si no hay moral, menos dignidad, de ahí el asombro y el escándalo cuando un ministro de la Corte lo hace por dignidad, como causal grave que se exige en la Constitución, para que por este hecho pueda el presidente de la República y el Senado aceptarla, sin embargo, surge la duda y la indecisión de quienes, ajenos a ello, se indignan porque Arturo Zaldívar, presenta ese escrito que, en el fondo encierra su desprecio ante la resistencia a la transformación del país, pues su actuar sería marginal, cuando se presenta como la oveja negra.
Lo que pudo haber derramado el vaso en el caso de la Suprema Corte, con la renuncia del ministro, es que la actual presidenta, Norma Piña, que no tiene el mínimo respeto al que representa las instituciones nacionales, como es el presidente de la República que, en el acontecimiento reciente de conmemoración a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no respetó el protocolo que se le tiene que guardar y, más aún, el chantaje político en que se inmiscuye al sacar a la calle a los jueces y magistrados -y al ministro González Alcántara Carrancá, señalado por AMLO como traidor- para protestar, no para defender la Constitución, sino para mantener y aumentar los privilegios de los ministros, que por si mismo zahiere la conciencia de los millones de pobres, para lograr y seguir haciendo uso de los fideicomisos que en forma indebida se manejan, mediante la simulación y la mañosidad de por si execrable.
Se dice que existe el chantaje a los servidores de ese poder, jueces y magistrados -que es autónomo e independiente para dictar sus resoluciones jurisdiccionales-, más no para disponer de manera indiscriminada del presupuesto que le autoriza el Congreso de la Unión, pues este es revisable cada año y es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados que es, donde, de manera esencial, reside la soberanía del pueblo, pues actuar de otra forma, es claro agandalle y el engaño a la supina ignorancia con que se maneja, porque si tal cuestión fuera la realidad, en principio debería de garantizar a los jueces y magistrados el haber de retiro que no existe en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial sino que, mediante un acuerdo general, de manera unilateral se dictamina, lo que transgrede y violenta el artículo 127 constitucional, con lo que se hace cómplices a quienes reciben ese beneficio que, sin reglamentación alguna se despilfarra, si bien en justicia a ellos, no menos ciertos que agrede y ofende a la Constitución que supuestamente están obligados a guardar y hacer guardar.
Si de hacer justicia se trata, hay que tomarle la palabra y actuar en consecuencia, pero aplicarlo, sin demora, lo que señala la Constitución en sus artículos relativos a los servidores públicos en cuanto a sus responsabilidades, particulares vinculados con faltas graves administrativas o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado, que están contenidos en los artículos 108,109,110,111,112 y 113, que con solo echarle un vistazo, si los ministros, jueces y magistrados tienen autoridad moral y dignidad para alzar la voz, cuando solo les autorizan a observar los ordenamientos jurídicos vigentes, lo que desdeñan en forma constante, al ser cómplices o complacientes en actos de corrupción al recibir una remuneración que no está regulada.
El expresidente de la Corte Zaldívar que hoy está en boca de muchos, sobre todo de abogados litigantes, vinculados a los grandes negocios que se manejan en la corte, saltan a la palestra para alardear y, simulando ser conocedores de la Constitución, no leen o le hacen al tonto, que la Constitución autoriza a los ministros -artículo 94- que al concluir su cargo tienen derecho a un haber de retiro, sin involucrar a los jueces ni magistrados, luego entonces estos deberían de haber planteado la petición -aprovechando el viaje- para que se les incluya en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no ser víctima del chantaje de los ministros, es decir, de la Suprema Corte que, mediante un acuerdo general, les concede una compensación extraordinaria dos años después de que han dejado el cargo, cuando debería de ser de inmediato y que esté regulado, porque la Ley Orgánica y la Constitución los discrimina.
Para que no exista duda del manoseo que hace la Suprema Corte con sus jueces y magistrados el artículo 182 y 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice: artículo 182 Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación no previstos en los dos artículos anteriores serán de base.- 183.- Al retirarse del cargo los ministros tendrán derecho a un haber de retiro de carácter vitalicio, el cual será el equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo,…Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño…En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su esposa, cónyuge ,etcétera.
En abundancia a lo narrado, lo expresado por un licenciado Burgoa, no es cierto que el retirarse el ministro pierda el derecho al haber de retiro porque haya renunciado, pues si la ley no lo señala así, quiere decir que ese abogado esta falseando.
En concreto, se puede augurar que la actitud de Arturo Zaldívar es consecuencia de que el arraigo corruptivo en la corte es extremo y que urge su limpieza general, pues no puede ser común que un ministro atraiga un expediente, por ser de trascendencia o relevancia, como lo hizo María Aguilar y lo esconda en su gaveta por ocho meses, para que un empresa no pague los impuestos, cuando el delito de defraudación fiscal está previsto en la Constitución artículo 20 -como grave- en tanto este servidor público, de esa relevancia lo pitonea y algo más peligroso de su actuar, es la perversa intención de crear un conflicto político, que involucra la seguridad nacional, como es pretender, con un proyecto que tenía encajonado, la destitución del presidente de la República, es decir, un golpe de estado jurídico.
Si este hecho ominoso del ministro Aguilar no se esclarece y se castiga, quedando en lo oscurito, sienta un mal precedente, que es peligroso para la transformación del país, pues se consolida la corrupción e impunidad que es capaz de todo, al no existir ningún escrúpulo.
