Acoso sobre la SCJN
Por Ricardo Homs
La diputada Aleida Alavez Ruíz amenazó al ministro Alberto Pérez Dayán con promover un juicio político en su contra por ejercer un recurso legal al que tenía derecho, -que es el “voto de calidad”-, respecto a la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica.
Esta conducta de la bancada de MORENA en ambas cámaras legislativas, caracterizada por amenazas cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un veredicto contrario a los deseos del presidente, se ha convertido en algo cotidiano.
Sin embargo, esta actitud soberbia de los morenistas, que consideran una blasfemia no coincidir con la versión personalista del presidente, representa el desconocimiento y la ignorancia de que están tratando con un poder autónomo, aunque en la práctica los legisladores participan en la designación de cada uno de los ministros.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están dando la batalla por proteger los intereses de todos los mexicanos frente al acoso que surge desde la presidencia de la república para imponer su proyecto de gobierno sin respetar los procedimientos constitucionales.
El acoso e intimidación que surge directamente desde el poder avasallante de Palacio Nacional seguramente representa una presión emocional sobre cada uno de los ministros que se enfrentan a alguna de las propuestas presidenciales, convertidas en reformas constitucionales.
La aplanadora focalizada sobre cada uno de ellos en lo personal, los convierte, -ante la percepción pública-, en enemigos del presidente y de su proyecto, generándoles riesgos y poniéndolos en peligro de modo irresponsable.
El continuo ataque que reciben desde las mañaneras en contra de su reputación personal, sin que se aporten pruebas, representa un abuso de poder.
Es fundamental que los organismos de la sociedad civil se manifiesten en apoyo de ese esfuerzo que ellos hacen por proteger el estado de derecho. Deben sentir que un sector de la población les apoya y reconoce su valentía por preservar la legalidad que garantiza el orden social.
Quizá a nivel popular, -o sea el ciudadano-, no entiende a fondo aún cual es la encomienda que reciben los ministros de la SCJN, pues se piensa que se coinvierten en jueces que definen de acuerdo a su criterio qué procede y qué no.
Sin embargo, su responsabilidad se centra en asegurarse que las iniciativas de los otros dos poderes se ajusten a las limitantes y al alcance que dicta la Constitución a través de cada una de las leyes que la componen. No definen si es buena o mala la iniciativa, ni justa o injusta.
Por ejemplo, el artículo 129 de nuestra Constitución define que las Fuerzas Armadas mexicanas, en tiempos de paz, no debe realizar ninguna otra actividad que no sea más que las de índole militar.
Por tanto, construir un aeropuerto, -o más de uno-, o una refinería de hidrocarburos, o crear una ruta de ferrocarril, para pasaje humano, contraviene a nuestra Constitución y por tanto estas actividades están al margen de la ley, sólo por citar un ejemplo.
Sin embargo, lo que genera conflicto es que las leyes mexicanas pueden tener un poco de flexibilidad en su redacción. Por eso, entonces se requiere una interpretación sustentada, y es cuando el ministro al que se le asigna el caso debe emitir un veredicto.
Por ello, la alternativa de los legisladores siempre será reformar nuestra Constitución, – a fondo-, para ajustar las iniciativas presidenciales a las nuevas leyes y entonces estas tengan validez jurídica y los ministros deban validarlas.
La realidad es que hoy se libra una decisiva batalla por el control del Congreso con el fin de modificar nuestra Constitución y de esa forma someter al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La manipulación informativa que pretende desprestigiar a quienes forman parte del Poder Judicial, representa el momento crucial en que se intenta legitimar el acoso en contra de los ministros de la SCJN.
¿A usted qué le parece?
