Disyuntiva: dictadura judicial con corrupción o democracia honesta
Por:José Lima Cobos
La disyuntiva de la nación es optar por la dictadura judicial con corrupción extrema, o la honesta democracia que nace del pueblo y sirve al pueblo, lo contrario, es dejar a que una minoría incrustada en el poder judicial haga lo que se le hinche, en tanto la mayoría de los mexicanos clama por una justicia honesta y clara, destruyendo para siempre la corrupción .
El simple hecho es claro y elocuente, se entiende sin mayor argumento, cuando dos Ministros de la Suprema Corte -Pérez Dayán y Luis María Aguilar-, que durante catorce años han violado el artículo 127 constitucional, al hincar el diente a la Hacienda Pública -atracando a la Tesorería de la Nación, percibiendo, sin el menor recato y cinismo más remuneración que quien, es el Presidente de la República y -recauda recursos para que esos servidores públicos vivan como auténticos virreyes y ahora actúan, en contra de la nación, al pretender destruir a la Comisión Federal, una empresa que sirve a los mexicanos y que es para los mexicanos y el desarrollo del país, y se haga público este descaro y complicidad extrema, cuando una asociación de Magistrados y Jueces brindan su respaldo, en forma tan descarada, que es digna de mejor causa, solo queda la voluntad del pueblo.
Para que no se ponga en tela de duda, en principio, si existía un empate en la votación, y se da el caso que el presidente de la sala, era evidente su repudio por los intereses del pueblo e iba a desempatar la votación mediante un voto de calidad, lo honesto y prudente de un juzgador era que el asunto se turnara al pleno de la Suprema Corte o bien que otro Ministro concurriera, ahi existen intereses opuestos, sin embargo, a raja tabla se acepta la decisión de un voto de calidad, que aunque exista precedente, no es moral, ni jurídico actuar con los dados cargados.
Ahora bien, para que se vea la corrupción y complicidad imperante en esa asociación de Magistrados de circuito y Jueces de Distrito, exhibiéndose como jueces y parte de esa brutalidad “destacan la trayectoria y trabajo del ministro Pérez Dayan”, y ante el inminente juicio político -del que se han tardado mucho- postean un video que no tiene desperdicio en voz de ese servidor público en que con orgullo y garbo dice “Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar, se los he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.
Como se puede apreciar, el cinismo es extremo y más evidente y fuera de toda duda ante el descaro de utilizar un lenguaje que los exhibe a todos y con él a los demás Ministros que ahora se han retirado y a quien se les debe llamar a cuentas mediante el desafuero como: Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar, Fernando Franco y Medina Mora, pero los que están en funciones: Norma Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Pérez Dayan, Laynez y Pardo Rebolledo, que desde 2009 -hace la friolera de catorce años- en que se reformó el artículo 127 de la Constitución que no requiere interpretación al ser contundente cuando dice “nadie puede recibir más remuneración que el Presidente de la República, luego entonces el juicio político tiene que librarse contra todos y que devuelvan lo indebidamente recibido y siendo, togados y de birrete y según afirman “guardianes de la Constitución”, el buen juez por su casa empieza, o que, al “ladrón hay que darle las llaves”.
Y, si lo anterior no fuera suficiente, han violado el artículo 105 Constitucional en materia de controversias y acciones de constitucionalidad, en relación su ley reglamentaria, que no se puede concederse ninguna suspensión de una ley, por ser de interés social y publico.
Más aún, los Ministros de dedo del Presidente López Obrador, en lo que se llama democracia indirecta -propone el Presidente de la República y aprueba el Senado-, de manera también más cínica, -pues se pensó que formaron un proyecto social distinto al prevaleciente antes que 31 millones de mexicanos votaran por el cambio- se agandallaron pues en la complicidad de la corrupción que aún impera en este gobierno, de manera furtiva y silenciosa, -el mal ejemplo cunde y más si no hay consecuencia- reciben una remuneración que no está en la Constitución, estos son: Jazmín Esquivel, González Alcántara -mismo que bateo el juicio político contra el exgobernador Cabeza de Vaca- Margarita Ríos Farjat, y Loreta Ortiz, hecha excepción de dignidad y decoro de Lania Batres Guadarrama a quien, con el tiempo se le reconocerá su pundonor e incomodidad en la corrupción de la Suprema Corte.
El reclamo es justificable y se sustenta en la Constitución, ahí están los artículos 108,109 y 110, para que los Diputados y Senadores procedan al juicio político, ello para que no se repita nunca más y como dice el dicho “el que ajeno se viste en la calle lo desnudan” en consecuencia, que devuelvan lo mal habido, pues si bien el “Bronco”, ex candidato presidencial decía “al ladrón hay que córtale la mano”, aquí, para que no se olvide, y al permitir la ley el privilegio de la reparación del año, los diez Ministros bandidos solo se les inhabilitará.
En las relacionadas consideraciones, si no opera el Estado mexicano por la observancia a la Constitución, solo queda un camino, como se apunta en el inicio de esta reflexión, o se transforma el poder judicial desde su raíz, destruyendo la dictadura que quiere imponer o se rinde la República y el Estado mexicano en la humillación infame de la corrupción, que no quiere morir y el cambio a fondo que solo proviene de la democracia no triunfa, ante esa resistencia, la suerte está echada, y se advierte, a nadie se le arrienda las ganancias.