LA VIOLENCIA EN ELECCIONES
Ricardo Homs
Los medios de comunicación acreditan hasta 37 candidatos asesinados en este proceso electoral del 2024, aunque el gobierno del presidente López Obrador sólo reconoce 22.
Sin embargo, el viernes 31 de mayo, fuera del periodo de campañas, -en la llamada “veda electoral”-, fue asesinado Jorge Huerta Cabrera, candidato del Verde Ecologista en Izúcar de Matamoros, Puebla y el miércoles 29 asesinaron en Coyuca de Benítez, Guerrero a José Alfredo Cabrera, aspirante a la alcaldía de ese municipio por la coalición PRI, PAN y PRD, acto sucedido enfrente del equipo de seguridad que le resguardaba.
El 87 % de los asesinados aspiraban a cargos municipales y esto nos habla de cómo los cárteles y grupos delincuenciales están tomando control de territorios imponiendo candidatos en localidades municipales.
Ya ha trascendido que en Michoacán los grupos delincuenciales exigieron a la población votar por los candidatos seleccionados por ellos y bajo amenazas de muerte dieron instrucciones a los pobladores de fotografiar la boleta marcada y depositada en la urna, y enviar la imagen a un WhatsApp.
Sin embargo, esos son los candidatos asesinados, pero el número de ataques violentos ha sido en este periodo 828, -e incluso-, ya se ha otorgado protección especial con vehículos blindados a las autoridades electorales que tendrán que revisar las impugnaciones que surgirán después de las elecciones del dos de junio, ante la posibilidad de que sean amenazados con violencia.
Sin embargo, el número de candidatos que bajo amenaza renunciaron a su candidatura es alarmante.
Lo grave es que la intervención de los criminales no es por simpatías hacia algún candidato, sino que esto describe una realidad preocupante: cada municipio donde ellos intervienen, significa un gobierno municipal controlado por ellos en lo económico.
Las obras públicas no se realizarán pues los cárteles locales se quedarán con el presupuesto. No habrá servicios de salud por falta de dinero, los empleados municipales no recibirán su salario completo pues la nómina estará administrada por ellos y esto sucederá en cada rubro del presupuesto municipal.
Sin embargo, ¿qué dice de esto el presidente de la república?… ¿Y la FGR?… ¿Y el ejército?
Podemos decir con toda seguridad que esto sí vulnera la soberanía nacional a la que tanta alusión hace el presidente de la república, esta la tolera sin problema.
¿Y qué decir de los pobladores de estas comunidades controladas por el crimen organizado, que reciben vejaciones y abusos de parte de los delincuentes?
Seguramente cuando una jovencita le gusta a uno de los sicarios, seguramente la toman a la fuerza. Si una propiedad les parece atractiva, seguramente obligan a su propietario a cederla ante un notario.
Esto representa la recreación del ambiente feudal. ¿Y nuestra Constitución?… pues ignorada, Seguramente incluso la justicia es aplicada con métodos tribales, con violencia según el criterio del capo a cargo de esa plaza.
La economía ya se sabe que en esas regiones es controlada por los delincuentes, quienes definen el precio de venta al público de todos los productos y servicios y cargan un arancel que les debe pagar el propietario de cada negocio por sus ventas. ¿Y el SAT?… pues ahí no opera.
Todo esto representa la convivencia del sistema de leyes e instituciones que aún prevalece en la mayor parte del país, con sistemas tribales de gobierno instrumentados por el crimen organizado.
¿Ese es el México de la Cuarta Transformación?
Esto representa un cáncer social y político, pues llegará el día que la delincuencia tenga controlado todo el país y lleguemos a lo que en medicina se denomina metástasis. Sólo es cuestión de tiempo.
Sólo un cambio radical en la política de seguridad pública lograría revertir esta tendencia. Sin embargo, esta decisión está en manos de quien quede como presidenta o presidente de la república y de nadie más.
¿A usted qué le parece?
