CNDH AUSENTE
En un país con desapariciones forzadas, chantajes y extorsiones, cobro de piso y asesinatos… proteger los derechos humanos es fundamental.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debiese ser un organismo social con un protagonismo total y absoluto, protegiendo la integridad física, emocional y patrimonial de todos los mexicanos, principalmente de los más desprotegidos.
Debiese hoy ser una institución que exija a las autoridades dejar de ser indiferentes y negligentes frente al acoso criminal y además, castigar a los policías que están coludidos con la delincuencia, -o incluso-, trabajan para los grupos criminales.
En contraste, tenemos una CNDH que ha estado ausente durante toda la administración de su presidenta Rosario Piedra Ibarra.
Podríamos suponer que siendo ella parte de una familia muy comprometida con el respeto a los derechos humanos. Un apellido convertido en un ícono de la lucha en contra de la represión y en contra del Estado, sería una incansable defensora de los derechos humanos.
Sin embargo, ella estuvo entregada a proteger al gobierno del presidente López Obrador, quien politizó la lucha contra la delincuencia a partir de su frase “abrazos no balazos”, que significó tolerancia frente a la violencia criminal.
En la medida en que el gobierno mexicano evadió su responsabilidad de enfrentar a la delincuencia con los instrumentos que le da la ley, dejó de cumplir con el mandato que le da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir de la tolerancia que estimula la impunidad, vimos crecer la violencia en contra de la sociedad.
La narrativa de buscar solucionar el origen de la violencia se convirtió en un distractor.
Sin embargo, frente a estas omisiones que permitían que el crimen organizado siguiera acechando y agrediendo a ciudadanos vulnerables, ¿Dónde estaba la CNDH?
Los colectivos de “madres buscadoras” hoy exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluso en su ratificación con el apoyo de MORENA quedó claro que en lugar de tener como prioridad proteger a la sociedad, se convirtió en un instrumento del gobierno para deslegitimar denuncias ciudadanas.
¿A usted qué le parece?
