Gobierno busca deslindarse del caso Sandra Domínguez, acusan activistas de Oaxaca

“Estamos ante la construcción de una verdad histórica” donde la única misión del gobierno de Salomón Jara Cruz es lavar la imagen de su administración y demostrar que no fue responsable de la desaparición de la defensora de derechos humanos, Sandra Estéfana Domínguez, localizada sin vida el 24 de abril junto con su esposo Alexander Hernández Hernández; puntualizó el activista y amigo de la abogada ayuukj, Joaquín Galván.

El compañero litigante de Sandra, señaló a través de un comunicado, que estas declaraciones son a título personal, en las que insistió que el sentido que ha dado el gobierno morenista a la investigación sobre los hechos es muy claro, pues solo buscan señalar que el gobierno es inocente.

Dejando de lado y salvando la imagen de quienes fueron denunciados por la defensora, tal es el caso de Donato Vargas Jiménez coordinador de Delegados de Paz, amigo cercano del titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero; quien fue acusado por la activista por su participación en chats de mensajería en los que se compartían imágenes íntimas de mujeres, aunado a una acusación por violencia familiar la cual se encuentra archivada en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Añadió y cuestionó, “a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial”.

A su vez, Víctor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) lamentó la desaparición de Sandra y su posterior asesinato, recordó que Oaxaca está catalogado como una de las entidades más peligrosas para defensoras y defensores de derechos humanos.

Señaló que es preocupante la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la que se esta criminalizando y desviando la investigación “para que se intente disociar el tema de su calidad como persona, entonces hacemos un llamado para que se pueda seguir la línea de investigación asociada a su calidad como defensora”.

Y es que puntualizó que es una obligación del estado el no desestimar como lineamientos de investigación la labor de las y los defensores, en este caso específico el trabajo realizado por Sandra Estéfana.

Indicó que hay suficiente evidencia sobre su labor y señalamientos realizados por ella concernientes a funcionarios públicos tanto en hechos delictivos como violatorios de derechos humanos, consideró que la labor de la Fiscalía General del Estado al dar hipótesis de móviles, es adelantarse a los hechos y no debería ocurrir.

Sobre la participación del crimen organizado en estos hechos, dijo, es una prueba fehaciente de que las autoridades “han sido rebasadas por un supra poder que expone la vida de cualquier persona”, ya sea de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos o quien sea.

A su vez, Isaac Torres Carmona, coordinador de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca consideró que “la conclusión de la fiscalía revicitimiza a la compañera Sandra Domínguez y su familia y agravia a toda la sociedad”, pero además condenó el “desdén” que se da desde la administración jarista al caso.

Se sumó a las voces que han criticado que la Fiscalía y el gobierno estatal desestimen la labor de defensora de Sandra Domínguez y las denuncias presentadas, “Condenamos enérgicamente que el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, se atreva a concluir públicamente sin ninguna prueba que el móvil del asesinato de la defensora haya sido un ‘daño colateral’, dejando fuera cualquier otra línea o hipótesis de investigación, incluso la de su labor como defensora.

Finalmente el defensor cuestionó la labor y autonomía de la fiscalía estatal, “de nada le sirvió al fiscal la «autonomía» de la institución, sino para cerrar la posibilidad de que funcionarios de gobierno de Salomón Jara, sean investigados como principales sospechosos por el crimen de Sandra, por su labor en defensa de las mujeres indígenas”.