Exigen al Congreso de Guanajuato esclarecer irregularidades por 250 mdp en el Fidesseg

Derivado de las irregularidades por casi 250 millones de pesos en los recursos del Fideicomiso para Financiar Obras de Desarrollo Social y de Seguridad (Fidesseg), la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Guanajuato (COSOC) solicitó al Congreso conocer las observaciones de la auditoría para solventarlas.

“Que se garanticen espacios de diálogo respetuoso y abierto, donde las organizaciones puedan conocer con claridad las observaciones realizadas, solventarlas de manera puntual y demostrar, con datos y evidencias, el impacto de los proyectos realizados”, exhortó.

La coordinadora reconoció la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas porque cada peso público debe ejercerse con honestidad.

La Auditoría Superior detectó irregularidades por casi 250 millones de pesos en la aplicación del dinero del Fidesseg y recomendó recuperar 170 millones 668 mil pesos.

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) tramitó el amparo indirecto 1257/2024-VII para que el Congreso de Guanajuato no envíe a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) el dictamen aprobado de la revisión y no inicien los procesos para recuperar el dinero observado.

“Nos preocupa que la falta de acceso a la información y de garantías de audiencia y debido proceso genere incertidumbre, sospechas infundadas y señalamientos que afectan no sólo a instituciones, sino al conjunto del sector social, que en Guanajuato ha mostrado seriedad, resultados y responsabilidad”, expuso la COSOC.

Resaltó que no se trata de defender intereses particulares, sino de proteger a las personas beneficiadas con los servicios de las organizaciones.

“No podemos permitir que estas personas se conviertan en víctimas colaterales de disputas políticas o procesos poco claros”, sentenció.

Exhortó a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad a no realizar juicios anticipados, derivado de las irregularidades millonarias detectadas por la ASEG.

Sobre las observaciones por casi 250 millones de pesos, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) difundió que el dinero asignado a las organizaciones fue aprobado por el Comité Técnico del Fidesseg, donde están representados los CCE de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y San Miguel de Allende.

Aunque no se observa el proceso de asignación del dinero, sino la aplicación que se dio, los empresarios argumentaron que “los criterios para la aprobación y asignación de los fondos no fueron discrecionales, preferenciales, ni unilaterales, y sí, siempre en total apego a las normas».

Hizo un llamado a las autoridades, a los partidos políticos y a las instituciones para que se conduzcan con objetividad, legalidad y respeto al marco institucional.

«Cualquier intento de uso político, mediático o sesgado de los instrumentos de fiscalización, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, debilita la colaboración entre sociedad y gobierno y daña los esfuerzos por construir un modelo sostenible de corresponsabilidad social”, sostuvo el CCEL.

El 24 de octubre del 2024, el Congreso aprobó auditar el Fidesseg, que con mil 506 millones de pesos financió 342 proyectos de organizaciones y fundaciones.

Un día antes, la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto para la extinción del fideicomiso, creado el 9 de agosto de 2019.

«Hay que decirlo de manera clara, la transparencia no ha sido una característica del fideicomiso», lamentó la gobernadora en ese entonces.

También criticó que, a través de la Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando por Guanajuato, -constituidas unos meses antes de la creación del Fidesseg-, determinaban a qué organizaciones darían los apoyos.

Actuando por Guanajuato obtuvo 65 millones de pesos y la Fundación Empresarial Guanajuato 83 millones de pesos sólo por ser intermediarios.

La extinción fue frenada por los empresarios con el juicio de amparo indirecto 1210/2024-VI. El gobierno del estado y los empresarios siguen en una “guerra” legal por el dinero del Fidesseg.

“Seguimos con los mecanismos de diálogo; yo creo que lo peor que puede ocurrir es que sigamos trabados en tribunales porque quienes están en medio son las organizaciones de la sociedad civil”, declaró el lunes la gobernadora.