Crece violencia política
La impunidad que rodea la mayoría de los casos resta hegemonía a los ganadores en las urnas
Por Ángel Álvaro Peña
La violencia política tiene destinatarios pero no remitente. Las víctimas tienen nombre y apellido, filiación partidista, domicilio y a veces, candidatura, pero los victimarios se desconocen; puede ser cualquiera.
La violencia física tiene como origen en la violencia verbal que comienza, en el caso de Veracruz, con dos frentes: el primero, las autoridades, que, desde el sexenio anterior, fue agresivo.
La otra parte de la violencia es la oposición que no se mide a la hora de denostar y ofender a los integrantes del gobierno estatal y federal.
El rechazo que hubo durante la gestión pasada en Veracruz, encabezada por el propio gobernador, aparecen como punta de lanza y pretexto para agresiones concretas, físicas y de graves consecuencias.
Pero no se limitó a la violencia verbal sino que pasó a la violencia represiva, al encarcelar a cientos de personas, utilizando el pretexto de una ley ya inexistente que el Congreso por órdenes de Cuitláhuac, se volvió vigente de nuevo, llamada ultrajes a la autoridad.
Una vez puesta en marcha se le denominó Ley Franco, por estar destinada principalmente a la captura de Rogelio Franco Castán, ex secretario de gobierno y ex líder estatal del PRD, quien estuvo más de tres años encarcelado sin responsabilidad penal alguna, sólo por el hecho de significar un enemigo del señor gobernador, quien impuso cárcel y represión a sus enemigos.
La otra parte observa que si la autoridad es violenta, ellos, los delincuentes, desde su práctica agresiva cotidiana, tienen derecho a actuar incluso hasta privar de la vida a alguien. Es por ello que, el discurso desde el poder debe ser ecuánime, tranquilo, incluso conciliador.
Sin estos antecedentes resulta difícil saber el origen de los asesinos; sin embargo, la reiterada intención de desestabilizar, debe tener, hasta este momento, información que puede ser útil a todos, sobre todo en la clase política y prefieren mantenerla como secreto de Estado.
Durante el primer semestre del presente año se registraron 253 hechos de violencia política en México, entre ellos 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y otros delitos menores, de acuerdo con Integralia Consultores, que encabeza Luis Carlos Ugalde, ex presidente electoral del INE.
“La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano”, advierte el reporte semestral.
Aquí, es necesario resaltar que ya no se ubican a los agresores, como antes sucedía, dentro del gobierno sino en otros lados, lo cual tiene significados importantes, que deslindan, incluso involuntariamente de responsabilidades a muchas autoridades.
Aunque la oposición adopta este tipo de hechos para culpar no sólo del hecho violento, y su correspondiente impunidad, sino de su autoría como agentes generadores de violencia política.
Los pocos resultaos obtenidos con delincuentes detenidos y confesos arrojan conclusiones acerca del origen de los atentados y amenazas que nada tienen que ver con funcionarios públicos de ningún partido político.
Veracruz es la entidad más afectada con 81 casos, en el contexto de sus elecciones municipales celebradas en junio. Le siguen Guerrero con 24, Morelos (21), Oaxaca (20) y Puebla (19), entidades que no tuvieron comicios.
La violencia política se agudiza en tiempo de elecciones, algunas veces para advertir a los políticos que se van y los que llegan, como una manera de sabotear los resultados, buscando que la gente no asista a las urnas por miedo, debilitando al ganador.
Donde también hubo elecciones fue en Durango; sin embargo, la violencia no fue tan intensa.
Veracruz, es una de las tres entidades más importantes del país, a nivel electoral, sus elecciones son laboratorio para posteriores batallas en las urnas, y la violencia, en esta ocasión, deja un mensaje poco agradable a la democracia mexicana.
En cuanto a la violencia política en el país, el puerto de Veracruz acumuló 11 casos, seguido de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, con siete; Cuernavaca y Huitzilac, Morelos, con seis cada uno, y Puebla capital, también con seis.
Del total de víctimas, 73 estuvieron relacionadas con Morena, seguido del PT con 28, el PRI con 27 y el PAN con 18. No obstante, el segundo grupo más afectado fue el de personas sin filiación partidista, con 69 casos. En términos de cargos, la mayoría de los ataques se dirigieron contra funcionarios o ex funcionarios públicos (63.2%), seguidos de aspirantes a cargos de elección popular (21.7%) y figuras políticas (15%).
Entre los casos destacados figuran amenazas contra figuras públicas, de las que a veces no se dan a conocer, porque en algunas ocasiones los delincuentes sólo buscan publicidad para sus grupos y amenazar a los políticos es redituable en este sentido mediático.
En cuanto a homicidios, Guerrero (21), Veracruz (16) y Oaxaca (13) encabezaron la lista. Morena también lideró en número de víctimas fatales con 39 militantes o funcionarios asesinados.
La violencia política en México responde a patrones regionales definidos por la presencia de grupos criminales y la debilidad del Estado.
Hasta el momento no se ha dado a conocer un común denominador entre las circunstancias que rodean este tipo de violencia. Debe existir algún indicio, producto de las investigaciones que dé luz acerca de posibles culpables de esta violencia, incluso de algunas de sus causas.
