“Adanely Rodríguez: la voz que Poza Rica no dejará silenciar”
“Nada más elocuente que la acción”. – William Shakespeare.
En Poza Rica, la democracia está en vilo. La candidata Adanely Rodríguez Rodríguez enfrenta un intento descarado por arrebatarle en la mesa lo que ganó en las urnas. Pero si algo ha demostrado esta mujer es que la valentía y la verdad son armas más poderosas que cualquier maniobra política.
En días recientes, para ser precisos el sábado pasado, Adanely alzó la voz con una claridad que incomoda a más de uno: señaló que el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara trabaja para intereses ajenos a Morena, respaldando abiertamente al candidato de Movimiento Ciudadano. Sus palabras no cayeron en saco roto. Esteban Ramírez Zepeta, líder estatal de Morena, confirmó lo que muchos ya sospechaban: Huerta se entregó al proyecto del clan yunista de Boca del Río, ese mismo que busca, con todos los medios posibles, desacreditar a la gobernadora Rocío Nahle García y enturbiar su agenda de transformación para Veracruz.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Este sábado, más de 7 mil personas inundaron las calles de Poza Rica en una mega marcha histórica. No fue solo una protesta, fue una demostración masiva de dignidad popular. Con pancartas, consignas y un ánimo inquebrantable, los pozarricenses dejaron claro que no permitirán que su voluntad sea pisoteada por componendas políticas o por el temor de las autoridades electorales.
El foco de la indignación está sobre el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), particularmente en sus magistradas Claudia Díaz Tablada y Tania Celina Vázquez Muñoz. Esta última, responsable de elaborar y fallar la impugnación en el caso Poza Rica, parece debatirse entre su obligación de impartir justicia y el miedo que provoca la violencia en la región.
Sin embargo, es necesario recordarlo con todas sus letras: la responsabilidad de hacer valer el voto popular no admite pretextos. Si las magistradas ceden a las presiones, serán ellas quienes carguen para siempre con el estigma y el desprestigio de traicionar a los ciudadanos. La historia no las absolverá, sino las señalará.
Adanely Rodríguez no está sola. Está respaldada por miles de voces que se niegan a callar, por una comunidad que sabe distinguir entre la justicia y la componenda. Su lucha no es solo por una alcaldía, es por el principio básico que sostiene nuestra democracia: que la voluntad del pueblo se respeta.
Poza Rica ya habló en las urnas. Ahora, el Tribunal Electoral debe decidir si escucha al pueblo o si se suma a la larga lista de instituciones que, por miedo o conveniencia, dieron la espalda a la verdad.
Sextante
El ciclo de Patricia Lobeira Rodríguez al frente del Ayuntamiento de Veracruz entra en su recta final, y lo hace con una pesada carga: el señalamiento del Órgano de Fiscalización Superior que le atribuye un daño patrimonial de 61.7 millones de pesos. Las cuentas públicas de 2022 y 2023 no dejan lugar a dudas: la administración municipal fue un catálogo de irregularidades que van desde pagos a concesionarias sin contratos claros —como el caso emblemático de Grupo MAS, que cobró tarifas elevadas por un servicio deficiente sin que la alcaldesa exigiera transparencia o correctivos— hasta encuestas fantasma, despensas y gasolina sin registro, y adjudicaciones directas maquilladas como supuestas “urgencias”.
Incluso el Carnaval de Veracruz 2023, defendido como una prioridad pese a que hubo un año entero para planificarlo, terminó costando más de 21 millones de pesos en condiciones opacas, mientras la nómina municipal se inflaba con más de 6,500 empleados y sueldos que no guardaban proporción con la realidad financiera del municipio.
La administración de Lobeira no fue sino la prolongación de un modelo político que trató al Ayuntamiento como patrimonio familiar. Antes de ella, su cuñado Fernando Yunes había dejado también su propia estela de observaciones, que en su momento se diluyeron bajo el manto de la protección política. Pero los tiempos cambiaron: la llegada de un nuevo gobierno estatal, con otro color y otra lógica, dibuja un panorama adverso para quienes antes gozaban de inmunidad de facto.
Hoy, sin el blindaje que tuvo su antecesor y con un PAN debilitado en el tablero político, la alcaldesa saliente enfrenta un escenario donde esquivar la rendición de cuentas será mucho más difícil. El clan Yunes, fracturado internamente y golpeado por un reciente divorcio, quizá ya no tenga el mismo interés en cubrirle la espalda. Y aunque el apellido conserva peso en algunos círculos, el cúmulo de señalamientos, la presión social y un gobierno decidido a exponer la corrupción heredada podrían transformar las observaciones del ORFIS en una bomba política y judicial.
De confirmarse las irregularidades, el cierre de su administración podría convertirse en el inicio de un capítulo judicial incómodo. En enero, más que un relevo en la silla municipal, Patricia Lobeira podría enfrentar un giro radical en su vida: no paseando en yates ni descansando en residencias de lujo, sino respondiendo ante la justicia por los delitos cometidos bajo su gestión.
Al tiempo.
