Parlamento de Portugal aprueba pérdida de ciudadanía como pena accesoria por delitos graves
El Parlamento de Portugal aprobó este martes una propuesta de ley para introducir una enmienda en el Código Penal que contempla la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria por delitos graves, apoyada por la coalición conservadora del Partido Socialdemócrata (PSD) del primer ministro, Luís Montenegro, y el CDS-Partido Popular, así como por la ultraderechista Chega y por Iniciativa Liberal.
Con 157 votos a favor frente a apenas 64 en contra, conservadores, ultraderechistas y liberales formaron mayoría de dos tercios en la Cámara, pese a necesitar apenas la mayoría absoluta, y aprobaron así, una norma que faculta a los magistrados a imponer como pena accesoria la pérdida de la nacionalidad portuguesa a aquella persona «que sea condenada con una pena de prisión efectiva de duración igual o superior a cuatro años», de acuerdo con la agencia, Lusa.
La norma se aplicará en los casos en los que los actos delictivos se hayan cometido «dentro de los diez años siguientes a la adquisición de la nacionalidad y si el autor es nacional de otro Estado», y anular así la posibilidad de que un ciudadano se convierta en apátrida como consecuencia de la hipotética pena accesoria.
Asimismo, la ley establece que «toda persona condenada a la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria por la comisión de los delitos mencionados (…) sólo podrá solicitar su recuperación, en los términos generales definidos en la Ley de Nacionalidad, diez años después de la expiración» de los antecedentes derivados de la condena en cuestión en el registro penal, una premisa calificada por el Partido Socialista (PS) como una concesión del PSD a Chega, pese a que la formación ultraderechista perseguía que la pérdida de la nacionalidad se extendiera por un período de 20 años y que fuera automática, en lugar de una pena accesoria decretada por un juez.
Minutos después de la aprobación en sesión parlamentaria, el primer ministro portugués, preguntó por la posibilidad de que bien el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, o el Tribunal Constitucional puedan bloquear la propuesta de ley, aseguró que, si bien en su Gobierno «respetamos, como siempre, su valoración y respetaremos cualquiera que sea su decisión», existen «todas las razones para proceder a la promulgación del decreto».
