Adanely Rodríguez optimiza servicios públicos
Por Ángel Álvaro Peña
La decisión del Gobierno Municipal de Poza Rica de asumir directamente el servicio de recolección de basura no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de control del territorio, orden urbano y recuperación de servicios públicos que, en conjunto, buscan impactar en la calidad de vida y en la percepción de gobernabilidad de la ciudad. La administración encabezada por Adanely Rodríguez ha planteado que la eficiencia en lo cotidiano es el primer eslabón para reconstruir la confianza ciudadana.
El nuevo esquema de recolección de residuos, operado de manera directa por el Ayuntamiento, permitió —según datos oficiales— un ahorro del 19 por ciento respecto al gasto de la administración anterior. Este ajuste presupuestal se sostiene en la regularización de rutas, el control de horarios y la supervisión directa de las unidades, actualmente 15 camiones recolectores, con la proyección de sumar más para garantizar la cobertura total del municipio. La meta no es únicamente financiera, sino operativa: evitar la acumulación de basura y reducir los focos de insalubridad en colonias y zonas comerciales.
La investigación muestra que este modelo encuentra su punto de mayor visibilidad en el primer cuadro de la ciudad. Las labores de lavado y limpieza realizadas en la avenida Heriberto Kehoe no responden solo a criterios estéticos, sino a una lógica de intervención estratégica. El primer cuadro concentra actividad comercial, tránsito peatonal y presencia institucional; mantenerlo limpio impacta directamente en la imagen urbana y en la percepción de orden. De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas acciones se replicarán en otros puntos que así lo requieran, como parte de un programa permanente de mantenimiento urbano.
La relación entre la recolección eficiente de basura y la limpieza del primer cuadro es directa. Un sistema de limpia pública que funciona permite sostener intervenciones urbanas continuas y no esporádicas. Cuando la basura se retira en tiempo y forma, las acciones de lavado y saneamiento dejan de ser correctivas y se convierten en preventivas, reduciendo riesgos sanitarios y mejorando el uso del espacio público por parte de la ciudadanía.
Este control del entorno urbano se conecta, a su vez, con la política de seguridad municipal. La administración sostiene que el orden en las calles, la limpieza y la recuperación de espacios públicos inciden en la prevención del delito. Bajo esta premisa, el fortalecimiento de la policía municipal aparece como el tercer eje de una misma estrategia. En el marco del Día del Policía, la Presidenta Municipal refrendó el compromiso de dignificar la labor de los elementos mediante la entrega de nuevos uniformes y equipo táctico, así como la implementación de procesos permanentes de supervisión y capacitación durante el periodo 2026–2029.
La presencia policial en un entorno urbano limpio y ordenado tiene un efecto multiplicador: mejora la percepción de seguridad y facilita la vigilancia preventiva. La autoridad municipal ha señalado que no se trata únicamente de aumentar patrullajes, sino de profesionalizar a la corporación y fortalecer su cercanía con la ciudadanía. En este esfuerzo, la participación de la Regidora Décima Primera, Blanca de la Cruz, quien preside la comisión de Policía y Prevención del Delito, refuerza el carácter institucional de la estrategia.
El análisis integral de estas acciones permite observar una línea común: el control directo de los servicios públicos, la intervención en el espacio urbano y el fortalecimiento de la seguridad municipal forman parte de una misma política de orden y gobernabilidad. La eficacia de esta estrategia dependerá de su continuidad, de la transparencia en el uso de recursos y de la corresponsabilidad ciudadana, factores que determinarán si la limpieza de las calles, la eficiencia del servicio y la seguridad logran consolidarse como resultados permanentes y no solo como acciones de corto plazo.
A diferencia de lo que ocurre en Poza Rica, donde el arranque de la administración de Adanely Rodríguez ha estado marcado por una narrativa de orden, respaldo institucional y expectativas claras, en Tuxpan el escenario es otro. Ahí, el relevo de poder no trajo claridad sino sombras. Persisten señalamientos que arrastran a la nueva administración a un pasado sin saldar, donde los pendientes financieros y las complicidades políticas parecen pesar más que cualquier discurso de renovación.
En el centro de esos cuestionamientos aparece el exalcalde Jesús Fomperoza, a quien proveedores acusan de haber dejado adeudos importantes al término de su gestión. Lejos de un corte de caja transparente, la llegada de Daniel Cortina —quien tomó protesta el 31 de diciembre en un acto deslucido, bajo un cielo nublado y sin el menor protocolo político en la explanada del Ayuntamiento— ha sido leída por algunos sectores como una señal de protección más que de ruptura. En ese entramado también se menciona a Juan Manuel Pozos Castro como parte de los casos arrastrados del pasado. No es menor que, desde la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum haya insistido en que los malos funcionarios deben ser denunciados: el mensaje contrasta con una realidad local donde, por ahora, las cuentas pendientes siguen sin aclararse.
