Oaxaca: denuncia CNI persecución contra asamblea comunitaria de Eloxochitlán

Doce años han transcurrido desde que se acrecentaron los ataques contra la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, esto durante la administración de Gabino Cué Monteagudo quien decidió proteger los intereses de los caciques de dicha comunidad indígena de la Sierra de Flores Magón encabezados por Manuel Zepeda Cortés; sin embargo y pese al cambio de gobierno, la persecución continúa, denunció el Congreso Nacional Indígena.

A través de un pronunciamiento, indicaron que esta es una localidad en la que la organización a través de la asamblea comunitaria se vela por todos, por ello es que desde el año 2011 han mantenido una fuerte lucha para proteger el Río Xangá Ndá Ge, mismo que comenzó a ser explotado para la extracción de materiales pétreos, esto dio pie a la persecución por parte de Zepeda Cortés y su hija, la actual diputada morenista Eliza Zepeda Lagunas.

Fue en 2014 cuando cuando la persecución se acrecentó, esto luego de que Manuel Zepeda decidiera atacar la asamblea comunitaria con gente armada cuando realizaban un proceso de renovación anual del alcalde, cuya labor tradicional en el municipio es la de “regular cuestiones de posesión y uso de la tierra”, esto derivó en una trifulca en la que 10 ciudadanos fueron lesionados por disparos de arma de fuego, mientras que policías comunitarios lograron la detención de Manuel Zepeda Lagunas, hijo del cacique, quien fue presentado ante el Ministerio Público en perfecto estado.

Sin embargo, tras la entrega del detenido, los policías fueron detenidos y al día siguiente se dio a conocer del fallecimiento de Zepeda Lagunas, misma que no ha sido aclarada por la autoridad, los detenidos fueron acusados de asesinato y tentativa de homicidio de la ahora diputada local, Eliza Zepeda, en ese entonces se acusó a 36 personas; no obstante las acusaciones en diversas ordenes de aprehensión alcanzó hasta a 50 personas entre hombres y mujeres, todo bajo el velo protector del estado.

Desde entones señala el CNI “han vivido la represión estatal a partir de la fabricación de diversos delitos de alto impacto y han vivido prisión política, desplazamiento forzado, persecución, tortura, detenciones arbitrarias, y violencia contra mujeres, niñas y niños”; esto dio pie a una nueva lucha en la que las mujeres de esta comunidad hicieron frente a la criminalización, venciendo repetidamente un entramado en el que agentes, ministerios públicos y jueces han trabajado en su contra.

A través de los años destacaron, “han ido ganando la libertad de sus presos políticos y el retorno de varias familias desplazadas; logrando las últimas liberaciones, tras más de 9 años de prisión preventiva, en junio del año 2024”, n obstante y pese a que se ha demostrado repetidamente que los delitos que se les han acusado han sido fabricados, continúa siendo utilizado el “sistema judicial como instrumento de tortura, para mantenerla en persecución pese a haber ganado la mayoría de las libertades en todos sus procesos”, denunciaron.

Y es que añadieron, jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha realizado “revocaciones ilegales” denunciaron, pues se han pasado por alto las resoluciones emitidas por órganos de mayor envergadura.

Ante esta situación demandaron “a libertad absolutoria para Miguel Ángel Peralta Betanzos, defensor comunitario sentenciado injustamente a 50 años de prisión y actualmente exiliado de su comunidad. El último recurso legal disponible para recuperar su libertad está por resolverse”.

Además de que se otorgue el amparo que permita “el regreso en libertad a su comunidad, tras más de diez años de desplazamiento forzado, de 14 compañeros y sus familias: Ranulfo Vidauria, Jaime Vidauria, Artemio Vidauria, Jacob Betanzos, Lucio Rosales, Rogelio López, Wilfrido Salazar, Jorge Betanzos, Rubén Cerqueda, Francisco Jorge Betanzos, Carlos Pachecho, Omar Hugo Morales, Isaías Gallardo y Braulio Cerqueda”.

Así también la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes en contra Martha, Alicia, Brígida, Eusebia, Hilda, Teresa y Refugia; “y de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 comuneros que alevosamente fueron reactivadas en marzo de este año”.