El presidente Donald Trump escal\u00f3 su asalto sobre los tribunales y la Constituci\u00f3n este martes a tal punto que el jefe conservador de Suprema Corte se vio obligado de emitir una inusual reprobaci\u00f3n del mandatario por sus ataques, y expertos judiciales advierten que el r\u00e9gimen est\u00e1 al borde de provocar una crisis constitucional.<\/p>\n
La estrategia pol\u00edtica de Trump desde que lleg\u00f3 a la Casa Blanca ha sido \u2018inundar la zona\u201d con incesantes acciones y disputas legales para consolidar cada vez mayor poder en el ejecutivo y erosionar el poder legislativo y judicial, cerrando agencias federales y despidiendo a empleados federales y realizar deportaciones con base a justificaciones de pol\u00edtica exterior o b\u00e9licas.<\/p>\n
La m\u00e1s reciente crisis entre el ejecutivo y el poder judicial estall\u00f3 el s\u00e1bado cuando un juez federal emiti\u00f3 una orden verbal contra la deportaciones de venezolanos en Texas y, si ya estaban en el aire, orden\u00f3 el retorno de esos vuelos a Estados Unidos mientras el tribunal evaluaba las \u00f3rdenes de deportaci\u00f3n.<\/p>\n
El gobierno de Trump reconoci\u00f3 este martes que dos aviones que transportaban a inmigrantes venezolanos a\u00fan estaban en espacio a\u00e9reo estadunidense cuando el juez James Boasberg emiti\u00f3 su orden verbal, pero argument\u00f3 que cuando esa orden fue emitida por escrito una hora despu\u00e9s, esos aviones ya estaban en espacio a\u00e9reo internacional, y que la orden judicial no es vigente hasta que exista por escrito. M\u00e1s a\u00fan, afirm\u00f3 que esto no es un asunto de migraci\u00f3n, sino de pol\u00edtica internacional de Estados Unidos porque los venezolanos son acusados de ser integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que ha sido designada por este gobierno como una \u201corganizaci\u00f3n extranjera terrorista\u201d en guerra contra Estados Unidos \u201cbajo la direcci\u00f3n, clandestina u de otra manera, del r\u00e9gimen de Maduro en Venezuela\u201d.<\/p>\n
El juez Boasberg no ha emitido ning\u00fan fallo sobre los detalles del caso, pero argument\u00f3 que el ejecutivo deber\u00eda de haber obedecido su orden de regresar a los venezolanos a Estados Unidos hasta que pueda evaluar los m\u00e9ritos del caso.<\/p>\n
La confrontaci\u00f3n entre el juez y el ejecutivo se intensific\u00f3 este martes despu\u00e9s de que Trump caracteriz\u00f3, en un tuit, al juez Boasberg como \u201cun lun\u00e1tico de izquierda radical, un provocador y un agitador\u201d y llam\u00f3 a que sea \u201cimpeached\u201d (removido) de su puesto. Ese ataque directo del mandatario contra el juez provoc\u00f3 que el juez jefe de la Suprema Corte, el conservador John G. Roberts Jr., emitiera una muy com\u00fan reprensi\u00f3n publica al presidente: \u201cpor m\u00e1s de dos siglos, se ha establecido que el impeachmente no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisi\u00f3n judicial\u201d, y agreg\u00f3 que estos desacuerdos deben ser resueltos en un tribunal de apelaciones.<\/p>\n
El gobierno de Trump orden\u00f3 las deportaciones usando la antigua Ley de Enemigos Extranjeros promulgada en 1798 que, seg\u00fan la Casa Blanca, autoriza las deportaciones sin proceso debido. De hecho, ya para la noche del lunes, el gobierno estaba reconociendo que no cuenta con pruebas de que muchos de los venezolanos han cometido delitos en Estados Unidos, pero que el solo hecho de que el gobierno afirma que son integrantes del Tren de Aragua es suficiente para deportarlos. \u201cNo me importa lo que piensan los jueces\u201d, declar\u00f3 el zar fronterizo Tom Homan a Fox News el lunes.Noah Feldman, profesor de leyes en la Universidad de Harvard, escribi\u00f3 en una columna de Bloomberg que \u201ces una sensaci\u00f3n completamente natural, viviendo en una democracia libre, que no puede ocurrir aqu\u00ed. No hay un peligro genuino contra mi o cualquiera que yo conozca. La clave es recordar que acaba de ocurrir aqu\u00ed. El gobierno realmente est\u00e1 agarrando a gente y envi\u00e1ndola fuera del pa\u00eds sobre una autoridad legal escueta y tal vez ninguna y aun cuando un juez federal dice que no procedan\u201d.<\/p>\n
Lee Gelernt, de la Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles, agrega que \u201cestamos sobre terreno muy peligroso\u201d. Entrevistado en el programa Democracy Now, agreg\u00f3 que \u201clos tribunales federales tienen el derecho y el deber de hacer que la rama ejecutiva cumpla la ley\u201d.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que esa vieja ley empleada para deportar a los venezolanos fue escrita por el Congreso hace unos 200 a\u00f1os, donde estipulan que s\u00f3lo es aplicable si est\u00e1 detr\u00e1s un gobierno extranjero. \u201cEso no es lo que est\u00e1 ocurriendo aqu\u00ed. Por lo tanto, el presidente abus\u00f3 de la autoridad que le otorga el Congreso\u2026. Los tribunales federales pueden evaluar si la Ley de Enemigos Extranjeros se est\u00e1 usando ilegalmente, lo tienen que hacer\u201d.<\/p>\n
El gobierno de Trump ahora est\u00e1 insistiendo en que las leyes anti-terroristas y algunas leyes sobre migraci\u00f3n son las que le dan autoridad de deportar sin proceso judicial a quien quiera sin importar si los acusados cometieron o no delitos en Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio argumenta que su gobierno tiene el derecho de revocar la visa de cualquier persona en Estados Unidos que decida est\u00e1 trabajando contra los intereses y la seguridad nacional de este pa\u00eds. Esa es la justificaci\u00f3n al arresto y el intento de deportaci\u00f3n -por ahora frenada por un juez- del reci\u00e9n graduado estudiante palestino en la Universidad de Columbia, Mahmoud Kalil, quien tiene una visa de residente permanente y est\u00e1 casado con una ciudadana estadunidense.<\/p>\n
Otro caso parecido ocurri\u00f3 este mismo fin de semana cuando el gobierno de Trump deport\u00f3 a una ciudadana libanesa que trabajaba en un hospital de la Universidad Brown en Rhode Island a pesar de una orden de un juez quien determin\u00f3 que ella ameritaba una audiencia ante un tribunal en Estados Unidos sobre su caso.<\/p>\n
Las disputas ante tribunales provocadas por una serie de \u00f3rdenes ejecutivas del gobierno de Trump han marcado la etapa inicial de su presidencia, donde no s\u00f3lo se disputan normas y procedimientos, sino son parte de una decisi\u00f3n de convertir esas disputas en parte de un intento de acumular cada vez mayor poder en el ejecutivo. Por lo tanto, no se trata de una disputa legal, sino pol\u00edtica que incluye ataques personales contra jueces que se atrevan a frenar estas iniciativas.<\/p>\n
Por ahora, esas disputas han obstaculizado varias de las iniciativas de Trump, frenando el desmantelamiento de agencias incluyendo despidos masivos. Esta tarde, otro juez federal emiti\u00f3 una orden frenando por ahora el desmantelamiento de la agencia de asistencia internacional USAID, al determinar que la orden para cerrarla \u201cprobablemente viol\u00f3 la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u201cHemos estado hablando durante muchos a\u00f1os sobre cu\u00e1ndo se presenta una crisis constitucional\u201d, coment\u00f3 el director del Centro de Derechos Constitucionales Vince Warren recientemente en entrevista con Democracy Now. \u201cEstoy aqu\u00ed para decirles que este es el momento. La pregunta que todos estamos enfrentando es que cuando un tribunal emite \u00f3rdenes leg\u00edtimas para obligar a que el gobierno cumpla con cosas que debe hacer, o deje de hacer cosas que no deber\u00eda de hacer, o de cumplir la ley, y el gobierno dice \u2018si, realmente no necesitamos cumplir con eso [orden judicial]\u2019, esa es la definici\u00f3n de una crisis constitucional\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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