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La pregunta no es menor. En un Estado de derecho, las decisiones de los \u00f3rganos de gobierno deben estar inscritas en actas, discutidas y votadas por mayor\u00eda. De lo contrario, no son acuerdos: son abusos. El procedimiento democr\u00e1tico y colegiado es lo que distingue a una instituci\u00f3n de una pandilla con sello oficial. Por eso resulta grave que, en lugar de transparencia, lo que tengamos sean sombras y ocurrencias.<\/p>\n
El recurso de queja no es un invento. Est\u00e1 previsto en la Ley de Amparo. Pero usarlo como escudo para entorpecer, dilatar y desgastar a quienes leg\u00edtimamente buscan la protecci\u00f3n de sus derechos es una pr\u00e1ctica a\u00f1eja y deshonesta. Es la trampa procesal disfrazada de legalidad. En la historia pol\u00edtica mexicana, los poderes f\u00e1cticos han utilizado estas maniobras para prolongar su control, desde los a\u00f1os del priismo autoritario hasta nuestros d\u00edas.<\/p>\n
La pregunta es: \u00bfEn qu\u00e9 momento la Junta de Gobierno dej\u00f3 de defender el inter\u00e9s p\u00fablico para convertirse en un despacho jur\u00eddico de intereses particulares? Porque cada recurso interpuesto no representa la voluntad general, sino la decisi\u00f3n de un pu\u00f1ado de bur\u00f3cratas atrincherados en su poder. Y peor a\u00fan: si ni siquiera existe un acuerdo formal, entonces estamos ante una simulaci\u00f3n burda.<\/p>\n
\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n las actas? \u00bfQui\u00e9n firm\u00f3? \u00bfQui\u00e9n levant\u00f3 la mano? Si la decisi\u00f3n no est\u00e1 registrada en los documentos oficiales, significa que se actu\u00f3 fuera de la norma. Y si est\u00e1 registrada, la ciudadan\u00eda debe conocerla, porque la ley es clara: los acuerdos de los \u00f3rganos colegiados son p\u00fablicos, no secretos de Estado.<\/p>\n
El silencio de la Junta de Gobierno equivale a complicidad. Porque no hablar, no aclarar y no transparentar es proteger al improvisado de turno, al presidente que confunde la silla con un trono. La pol\u00edtica mexicana ha padecido demasiados \u201cpinos\u201d que creen que su voluntad basta para modificar procedimientos, torcer leyes o burlar instituciones. Y la historia demuestra que todos terminan igual: desprestigiados, exhibidos y, en muchos casos, reprobados por la justicia.<\/p>\n
No se trata de un caso aislado. Desde hace d\u00e9cadas, los \u00f3rganos colegiados en M\u00e9xico han sido terreno f\u00e9rtil para los abusos de sus presidentes. La figura del \u201cpresidente de la Junta\u201d ha sido, en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, utilizada para imponer decisiones unilaterales, disfrazadas de consensos. Basta revisar los archivos legislativos: acuerdos tomados en lo oscurito, actas redactadas a modo, decisiones sin debate.<\/p>\n
Esa cultura autoritaria persiste porque no hemos aprendido la lecci\u00f3n de la transici\u00f3n democr\u00e1tica. Se nos prometi\u00f3 transparencia, rendici\u00f3n de cuentas, legalidad. Lo que seguimos viendo son vicios heredados del viejo sistema: maniobras legales para frenar amparos, acuerdos inexistentes que se hacen pasar por institucionales, presidentes que act\u00faan como due\u00f1os.<\/p>\n
La discusi\u00f3n no es jur\u00eddica, es pol\u00edtica y c\u00edvica. Si una Junta de Gobierno se arroga la facultad de litigar contra ciudadanos sin un acuerdo v\u00e1lido, lo que est\u00e1 en juego es el principio de legalidad mismo. Hoy son recursos de queja; ma\u00f1ana podr\u00edan ser persecuciones disfrazadas de acuerdos. Hoy es la arbitrariedad procesal; ma\u00f1ana puede ser la censura administrativa.<\/p>\n
El ciudadano debe preguntarse: \u00bfqui\u00e9n protege mis derechos cuando la instituci\u00f3n que deber\u00eda garantizar la legalidad se convierte en el principal obst\u00e1culo? \u00bfDe qu\u00e9 sirve el amparo si los bur\u00f3cratas utilizan las herramientas jur\u00eddicas como armas contra la ciudadan\u00eda?<\/p>\n
La respuesta es clara: exigimos las actas. Queremos ver los acuerdos. Necesitamos saber qui\u00e9n vot\u00f3, qui\u00e9n aval\u00f3 y qui\u00e9n se opuso. Si no existen esos registros, entonces es obligaci\u00f3n denunciar p\u00fablicamente que la Junta de Gobierno ha sido secuestrada por un presidente que confunde la ley con sus ocurrencias personales.<\/p>\n
El periodismo tiene la responsabilidad de se\u00f1alarlo con todas sus letras: si el se\u00f1or Pinos decidi\u00f3 por su cuenta interponer recursos, no solo se excedi\u00f3 en sus facultades, sino que vulner\u00f3 el principio de colegialidad. Y si la Junta lo permiti\u00f3 en silencio, entonces todos son responsables.<\/p>\n
La democracia no se defiende con discursos huecos ni con recursos dilatorios. Se defiende con legalidad, transparencia y respeto a los procedimientos. Lo dem\u00e1s son puntadas. Y un gobierno de puntadas no merece el nombre de gobierno.<\/p>\n
Porque al final, la pregunta no es si el recurso prosperar\u00e1 o no en tribunales. La verdadera cuesti\u00f3n es si permitiremos que la arbitrariedad de un hombre se imponga sobre el derecho de todos.<\/p>\n
El problema no es solo la pr\u00f3rroga al ex rector Mart\u00edn Aguilar S\u00e1nchez sino tambi\u00e9n se debe de analizar la actuaci\u00f3n de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana que est\u00e1 avalando su ilegal postura.<\/p>\n
La historia nos ense\u00f1a que cada abuso no detenido se convierte en norma, y cada silencio en complicidad. No es momento de callar. Es momento de exigir cuentas claras, actas abiertas y decisiones leg\u00edtimas. Lo dem\u00e1s, insisto, son ocurrencias\u2026 de un tal Pinos.<\/p>\n
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