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Ahora, la auditora general del ORFIS, doctora Delia Gonz\u00e1lez Cobos, ha puesto nuevamente el dedo en la llaga al se\u00f1alar \u2014ante los integrantes de la Asociaci\u00f3n de Comunicadores Veracruzanos (ACOVER)\u2014 la urgente necesidad de reformar la legislaci\u00f3n para hacer m\u00e1s \u00e1gil y transparente la fiscalizaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos. Una petici\u00f3n tan sensata como sintom\u00e1tica: si la transparencia requiere una reforma, es porque el sistema actual est\u00e1 trabado, viejo o deliberadamente enredado.<\/p>\n
El diagn\u00f3stico no admite matices: hay un da\u00f1o patrimonial de\u00a02,300 millones de pesos<\/b>\u00a0detectado en municipios, dependencias estatales y organismos aut\u00f3nomos. Una cifra que retrata, con descarnada precisi\u00f3n, la brecha entre lo que se promete y lo que realmente se cumple en materia de control del gasto p\u00fablico. No se trata de simples errores contables ni de interpretaciones t\u00e9cnicas; estamos hablando de dinero p\u00fablico, de recursos que debieron destinarse a servicios, obras o programas que nunca se realizaron o que quedaron inconclusos.<\/p>\n
La doctora Delia no habl\u00f3 desde la complacencia, sino desde la trinchera institucional de quien conoce de primera mano las resistencias, los silencios y las omisiones que frenan la fiscalizaci\u00f3n en Veracruz. Por eso su planteamiento merece atenci\u00f3n: el marco legal vigente es lento, burocr\u00e1tico y muchas veces poco claro en los plazos y alcances para dictaminar responsabilidades. En la pr\u00e1ctica, esto se traduce en que los resultados de las auditor\u00edas \u2014cuando finalmente se publican\u2014 llegan tarde, desfasados y con poco efecto real sobre quienes deber\u00edan rendir cuentas.<\/p>\n
El\u00a0\u00d3rgano de Fiscalizaci\u00f3n Superior (ORFIS)<\/b>\u00a0realiza procesos permanentes de capacitaci\u00f3n, revisi\u00f3n de cuentas p\u00fablicas y auditor\u00edas. Tambi\u00e9n, en los casos m\u00e1s graves, prepara posibles denuncias por irregularidades. Sin embargo, todo este esfuerzo institucional se topa con un muro: el de la pol\u00edtica. Porque en Veracruz, como en buena parte del pa\u00eds, la fiscalizaci\u00f3n no siempre es un ejercicio t\u00e9cnico, sino un terreno de disputas partidistas y de complicidades administrativas.<\/p>\n
De ah\u00ed la insistencia de la auditora en fortalecer el marco normativo y en profesionalizar los perfiles dentro del propio \u00f3rgano. Un funcionario sin formaci\u00f3n t\u00e9cnica ni \u00e9tica s\u00f3lida puede ser tan peligroso como un corrupto, porque ambos distorsionan la funci\u00f3n p\u00fablica: uno por ignorancia, el otro por dolo. La transparencia no se decreta, se construye con conocimiento, responsabilidad y valent\u00eda institucional.<\/p>\n
Vale recordar que el ORFIS no act\u00faa en el vac\u00edo. Su trabajo forma parte de un sistema que incluye al Congreso del Estado, La Fiscal\u00eda Anti corrupci\u00f3n, la propia Fiscal\u00eda General de Justicia, los entes fiscalizados y, por supuesto, a la sociedad. Pero ese sistema est\u00e1 lejos de funcionar como deber\u00eda. Y mientras tanto, los expedientes de da\u00f1o patrimonial se acumulan como testimonio de un mecanismo que falla justo donde deber\u00eda ser m\u00e1s fuerte: en la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
El da\u00f1o de\u00a02,300 millones de pesos<\/b>\u00a0no es s\u00f3lo un n\u00famero; es una afrenta al contribuyente, al ciudadano que paga impuestos, al maestro que espera su pago, al campesino sin apoyo, al m\u00e9dico sin insumos. Cada peso desviado o mal manejado representa una promesa incumplida y una confianza traicionada. Por eso, reformar la ley no basta: se necesita voluntad pol\u00edtica, autonom\u00eda institucional y una cultura c\u00edvica que deje de tolerar el saqueo disfrazado de tr\u00e1mite.<\/p>\n
La doctora Delia habl\u00f3 tambi\u00e9n de la importancia de la\u00a0capacitaci\u00f3n<\/b>. No se puede auditar lo que no se entiende, ni fiscalizar lo que no se conoce. Y es cierto: muchos municipios carecen de personal capacitado para integrar correctamente sus cuentas, lo que genera retrasos y observaciones evitables. Pero otros, hay que decirlo, simplemente esconden su desorden bajo el argumento del desconocimiento. Entre la torpeza y la trampa hay una delgada l\u00ednea que s\u00f3lo la \u00e9tica puede trazar con claridad.<\/p>\n
El problema de fondo, entonces, no es t\u00e9cnico sino estructural. M\u00e9xico ha desarrollado una mara\u00f1a de organismos de control, contralor\u00edas y fiscal\u00edas, pero pocos resultados efectivos. La impunidad es la constante, el castigo la excepci\u00f3n. Y Veracruz, con su larga historia de desfalcos municipales y de gobiernos cuestionados, no puede seguir alimentando esa estad\u00edstica nacional de la simulaci\u00f3n.<\/p>\n
Reformar la legislaci\u00f3n del ORFIS puede ser un paso importante, siempre y cuando no se convierta en otra reforma cosm\u00e9tica. Lo que Veracruz necesita es un sistema de fiscalizaci\u00f3n con dientes, con independencia y con tiempos claros. Un mecanismo que no dependa del \u00e1nimo pol\u00edtico ni del calendario electoral.<\/p>\n
Al final, la transparencia no se mide en discursos, sino en hechos. Y si hoy el ORFIS detecta 2,300 millones de pesos en da\u00f1o patrimonial, la pregunta no es qui\u00e9n lo audita, sino\u00a0qui\u00e9n lo paga<\/b>. Porque mientras los responsables sigan libres y los procedimientos se diluyan en tecnicismos, la corrupci\u00f3n seguir\u00e1 siendo el impuesto invisible que todos los veracruzanos pagamos sin saberlo.<\/p>\n
La rendici\u00f3n de cuentas no puede seguir siendo un acto de fe. Debe ser una obligaci\u00f3n jur\u00eddica, \u00e9tica y p\u00fablica. Y mientras no lo sea, la palabra \u201ctransparencia\u201d seguir\u00e1 siendo, en Veracruz, una promesa que no llega.<\/p>\n
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