Habitantes del ejido Jotol\u00e1, municipio de Chil\u00f3n, apoyados por agentes de la Guardia Estatal, la Polic\u00eda Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Ind\u00edgenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario, \u201cagredieron\u201d y provocaron el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Ind\u00edgena (CNI), denunci\u00f3 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom\u00e9 de Las Casas (Frayba).<\/p>\n
Agreg\u00f3 que adem\u00e1s, fueron detenidos Francisco Moreno Hern\u00e1ndez y Mar\u00eda de Jes\u00fas S\u00e1nchez, quien \u201cfue torturada durante el traslado por un elemento de la Fiscal\u00eda Ind\u00edgena y amenazada con ser desaparecida\u201d.<\/p>\n
En un comunicado dijo que \u201cel desplazamiento forzado interno de las ocho familias dej\u00f3 cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales dom\u00e9sticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes\u201d.<\/p>\n
El organismo explic\u00f3 que los hechos sucedieron el 12 de febrero cuando, \u201ca las 8 de la ma\u00f1ana fue detenido Moreno Hern\u00e1ndez por la Polic\u00eda Municipal de Chil\u00f3n\u201d, al tiempo de comentar que entre los desplazados \u201cse cuentan 17 ni\u00f1as y ni\u00f1os, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad\u201d.<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u201ca las 11 de la ma\u00f1ana, aproximadamente, cien personas irrumpieron en la tierra donde ten\u00edan sus casas y hac\u00edan la vida las ocho familias que est\u00e1n desplazadas. Entre los agresores se identific\u00f3 la participaci\u00f3n de la Guardia Estatal, la Polic\u00eda Municipal de Chil\u00f3n, funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario\u201d.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u201cla violencia no termin\u00f3 con el desplazamiento, sino que se profundiz\u00f3 en actos de criminalizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n contra integrantes del CNI. Ese d\u00eda Francisco y Mar\u00eda de Jes\u00fas fueron puestos a disposici\u00f3n del Juzgado de Control de Yajal\u00f3n, en el que se les se\u00f1al\u00f3 que estaban acusados del delito de despojo agravado\u201d.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u201cel 17 de febrero continu\u00f3 la audiencia, en la cual el Juez vincul\u00f3 a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva justificada, pese a que la Fiscal\u00eda no argument\u00f3 la necesidad de dicha medida, siendo esta la m\u00e1s lesiva\u201d, por lo que \u201cactualmente se encuentra privado de su libertad\u201d en el penal ubicado en Yajal\u00f3n, mientras que a Mar\u00eda de Jes\u00fas se le impuso la medida cautelar de firma peri\u00f3dica semanal.<\/p>\n
\u201cEstas acciones forman parte de una estrategia de represi\u00f3n contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participaci\u00f3n de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violaci\u00f3n a los derechos humanos. A lo anterior se suman ocho \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
El Frayba manifest\u00f3 que \u201clas consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud \u2014incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres\u2014 y los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protecci\u00f3n. En particular, se subraya el derecho a la no discriminaci\u00f3n en el caso de Mar\u00eda de Jes\u00fas, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento\u201d.<\/p>\n
Exigi\u00f3 al Estado mexicano \u201cla aplicaci\u00f3n inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atenci\u00f3n integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, ni\u00f1as, ni\u00f1os y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado\u201d.<\/p>\n
Demand\u00f3 tambi\u00e9n \u201cel cese de la criminalizaci\u00f3n y el retiro de las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n emitidas contra integrantes del CNI, as\u00ed como la liberaci\u00f3n inmediata de Francisco Moreno Hern\u00e1ndez, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigaci\u00f3n exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participaci\u00f3n directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos\u201d.<\/p>\n
Concluy\u00f3: \u201cLa violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotol\u00e1 es parte de una estrategia sistem\u00e1tica de despojo y represi\u00f3n que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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