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El caso es grave, pero sobre todo revelador. La sentencia de amparo 54\/2022 no es una sugerencia ni una recomendaci\u00f3n administrativa: es una orden judicial firme que obligaba a rehacer los manifiestos de impacto ambiental, incorporar a las comunidades afectadas y corregir violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. En t\u00e9rminos simples, la Corte dijo: det\u00e9nganse, revisen y hagan las cosas conforme a la ley.<\/p>\n
Pero no ocurri\u00f3.<\/p>\n
Organizaciones civiles, cient\u00edficos y especialistas han documentado que tanto la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Administraci\u00f3n del Sistema Portuario Nacional Veracruz han optado por el camino m\u00e1s peligroso: simular el cumplimiento. Y en pol\u00edtica p\u00fablica, la simulaci\u00f3n no es una falta menor; es la antesala de la impunidad.<\/p>\n
El se\u00f1alamiento de Xavier Mart\u00ednez Esponda no debe tomarse a la ligera. Cuando afirma que existe un incumplimiento directo de una sentencia judicial, est\u00e1 poniendo el dedo en una llaga estructural del Estado mexicano: la distancia abismal entre el discurso institucional y la realidad operativa. Porque aqu\u00ed no estamos ante un conflicto t\u00e9cnico, sino ante una violaci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
El derecho a un medio ambiente sano no es una concesi\u00f3n del gobierno en turno. Est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba constitucional y respaldado por tratados internacionales. La propia Corte, al revocar 14 autorizaciones de impacto ambiental, reconoci\u00f3 que el proyecto de ampliaci\u00f3n del Puerto de Veracruz se hab\u00eda construido sobre bases ilegales. \u00bfY la respuesta institucional? Continuar como si nada.<\/p>\n
Peor a\u00fan: excluir a la sociedad.<\/p>\n
La omisi\u00f3n de la participaci\u00f3n ciudadana en la reposici\u00f3n de los estudios ambientales no solo contradice la sentencia, sino que vulnera principios b\u00e1sicos de gobernanza democr\u00e1tica. No se puede hablar de desarrollo cuando se silencian a las comunidades; no se puede invocar progreso cuando se margina la ciencia independiente.<\/p>\n
La creaci\u00f3n de la Misi\u00f3n Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano es, en ese sentido, una respuesta digna, pero tambi\u00e9n una se\u00f1al de alarma. Que la sociedad tenga que organizarse para documentar lo que el Estado deber\u00eda transparentar evidencia un vac\u00edo institucional preocupante. Y ese vac\u00edo se llena, inevitablemente, con desconfianza.<\/p>\n
El Sistema Arrecifal Veracruzano no es un estorbo para el desarrollo econ\u00f3mico; es un patrimonio ecol\u00f3gico estrat\u00e9gico, una barrera natural contra fen\u00f3menos clim\u00e1ticos y un ecosistema de valor incalculable. Destruirlo o ponerlo en riesgo sin cumplir la ley no solo es irresponsable: es profundamente miope.<\/p>\n
Hay que decirlo con claridad: el incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte no es un asunto administrativo, es un desaf\u00edo al Estado de derecho. Y cuando las propias autoridades federales se colocan fuera de la ley, el mensaje es devastador: la legalidad es opcional.<\/p>\n
En un pa\u00eds donde se exige a los ciudadanos cumplir normas, pagar impuestos y respetar instituciones, resulta inadmisible que el gobierno act\u00fae con discrecionalidad frente a un mandato judicial. La ley no puede ser un instrumento de conveniencia pol\u00edtica.<\/p>\n
Aqu\u00ed no hay matices ni zonas grises: o se cumple la sentencia o se viola la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Y mientras las autoridades sigan apostando por la simulaci\u00f3n y el desgaste, el costo no ser\u00e1 solo ambiental o jur\u00eddico, ser\u00e1 moral y pol\u00edtico, porque un Estado que desacata a su propia Corte no gobierna: se deslegitima.<\/p>\n
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