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Eso parece estar ocurriendo en el Ayuntamiento de Poza Rica.<\/p>\n
El regidor tercero, Charly Barrios Rosales, promovi\u00f3 un juicio para la protecci\u00f3n de los derechos pol\u00edtico-electorales del ciudadano al considerar que los acuerdos aprobados por el Cabildo durante su D\u00e9cimo Segunda Sesi\u00f3n Extraordinaria fueron ejecutados de manera distinta a lo autorizado.<\/p>\n
Conviene precisar un aspecto fundamental que algunos han intentado simplificar. El regidor no est\u00e1 impugnando la reducci\u00f3n de salarios. Al contrario, vot\u00f3 a favor del acuerdo y reconoce p\u00fablicamente que fue aprobado por unanimidad. Su inconformidad radica en otro terreno: sostiene que el Cabildo autoriz\u00f3 una disminuci\u00f3n de hasta el 30 por ciento y que, al momento de ejecutarla administrativamente, la reducci\u00f3n alcanz\u00f3 aproximadamente el 50 por ciento.<\/p>\n
La diferencia no es menor.<\/p>\n
En cualquier gobierno democr\u00e1tico, el Cabildo constituye la m\u00e1xima autoridad deliberativa del municipio. Sus acuerdos no son sugerencias ni recomendaciones sujetas a interpretaci\u00f3n administrativa. Son decisiones colegiadas que deben ejecutarse exactamente en los t\u00e9rminos aprobados por la mayor\u00eda de sus integrantes.<\/p>\n
Si el acuerdo establec\u00eda un l\u00edmite del 30 por ciento, nadie tiene facultades para convertirlo unilateralmente en un descuento cercano al 50 por ciento. Y si exist\u00eda la intenci\u00f3n de modificar esa determinaci\u00f3n, el camino institucional era regresar al Cabildo para discutir y votar un nuevo acuerdo.<\/p>\n
As\u00ed funciona un Estado de Derecho.<\/p>\n
Lo contrario significar\u00eda aceptar que las votaciones de los cuerpos colegiados pueden reinterpretarse seg\u00fan la conveniencia de quien ejecuta las decisiones. Ese precedente ser\u00eda mucho m\u00e1s peligroso que el monto mismo del descuento salarial.<\/p>\n
El asunto tambi\u00e9n exhibe otra contradicci\u00f3n frecuente en la pol\u00edtica mexicana. La austeridad se ha convertido en una bandera electoral tan rentable que, en ocasiones, parece justificar cualquier procedimiento. Sin embargo, la legalidad no puede sacrificarse en nombre del ahorro.<\/p>\n
La austeridad sin reglas deja de ser virtud para convertirse en discrecionalidad.<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan cuando el debate gira alrededor de aproximadamente 180 mil pesos mensuales que, de acuerdo con los se\u00f1alamientos p\u00fablicos, no corresponder\u00edan al porcentaje autorizado originalmente por el Cabildo. La pregunta obligada no es \u00fanicamente cu\u00e1nto dinero representa esa diferencia, sino bajo qu\u00e9 fundamento jur\u00eddico se determin\u00f3 un descuento superior al aprobado.<\/p>\n
Ese ser\u00e1 precisamente el fondo que deber\u00e1 resolver la autoridad jurisdiccional.<\/p>\n
No se trata de defender salarios de servidores p\u00fablicos ni de cuestionar las pol\u00edticas de contenci\u00f3n del gasto. Se trata de algo mucho m\u00e1s importante: preservar el principio de legalidad que debe regir cualquier acto de gobierno.<\/p>\n
Porque si ma\u00f1ana una autoridad puede modificar unilateralmente un acuerdo de Cabildo argumentando razones administrativas, el problema dejar\u00e1 de ser un descuento salarial y se convertir\u00e1 en un precedente que debilita la divisi\u00f3n de competencias dentro del propio gobierno municipal.<\/p>\n
La democracia tambi\u00e9n se construye respetando las formas. Los procedimientos existen para evitar que la voluntad de una persona sustituya la decisi\u00f3n colectiva de un \u00f3rgano constitucionalmente facultado para gobernar.<\/p>\n
En este caso corresponder\u00e1 al tribunal determinar si existi\u00f3 o no una aplicaci\u00f3n indebida del acuerdo aprobado. Lo deseable es que la resoluci\u00f3n aporte certeza jur\u00eddica y, sobre todo, recuerde a todos los gobiernos municipales que la austeridad no exime del cumplimiento de la ley.<\/p>\n
Porque administrar recursos p\u00fablicos exige disciplina financiera, pero tambi\u00e9n disciplina institucional.<\/p>\n
Cuando un gobierno modifica en los hechos lo que el Cabildo aprob\u00f3 en el papel, el problema ya no es el porcentaje del descuento, sino el porcentaje de respeto que se tiene por la legalidad.<\/p>\n
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