![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/politicosaldesnudo.com.mx\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/FIRMA-EDITORIAL-PD-3.jpg?resize=800%2C98&ssl=1\")
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El caso de las Viviendas para el Bienestar en Veracruz merece algo m\u00e1s que una nota informativa. Exige una investigaci\u00f3n seria, explicaciones convincentes y, sobre todo, la voluntad pol\u00edtica de demostrar que la transparencia no es \u00fanicamente un eslogan de campa\u00f1a.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n publicada por *Eme equis* documenta que Infonavit Constructora asign\u00f3, mediante adjudicaci\u00f3n directa, contratos superiores a 2 mil 900 millones de pesos para construir 5 mil 275 viviendas en Veracruz a empresas vinculadas con integrantes de la familia Ram\u00edrez Cap\u00f3. Los convenios fueron firmados en menos de ocho meses durante la administraci\u00f3n de Octavio Romero Oropeza al frente del Infonavit.<\/p>\n
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Hasta aqu\u00ed los hechos documentados.<\/p>\n
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Pero son precisamente esos hechos los que obligan a formular preguntas inc\u00f3modas.<\/p>\n
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\u00bfPor qu\u00e9 recurrir a adjudicaciones directas para contratos de semejante magnitud cuando la regla constitucional privilegia la licitaci\u00f3n p\u00fablica como mecanismo para garantizar competencia, mejores condiciones econ\u00f3micas y transparencia en el gasto? La excepci\u00f3n termin\u00f3 convirti\u00e9ndose, una vez m\u00e1s, en costumbre.<\/p>\n
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El reportaje a\u00f1ade otro elemento que resulta imposible ignorar. Las mismas empresas que obtuvieron los contratos de construcci\u00f3n tambi\u00e9n participaron en la venta de los terrenos donde se desarrollar\u00edan las viviendas. En uno de los casos documentados, una empresa constituida apenas unos meses antes adquiri\u00f3 un predio y lo revendi\u00f3 al Infonavit pr\u00e1cticamente de inmediato, el mismo d\u00eda en que se formaliz\u00f3 el contrato de construcci\u00f3n.<\/p>\n
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Legalidad no siempre significa legitimidad.<\/p>\n
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Cuando las operaciones muestran una concentraci\u00f3n de beneficios entre un reducido c\u00edrculo de empresas, la obligaci\u00f3n del Estado no consiste en pedir confianza ciega, sino en abrir completamente los expedientes para despejar cualquier duda.<\/p>\n
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Porque el dinero que administra el Infonavit no pertenece al gobierno.<\/p>\n
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Pertenece a millones de trabajadores que durante a\u00f1os aportan parte de su salario con la esperanza de acceder a una vivienda digna.<\/p>\n
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Cada peso comprometido en esos contratos proviene del esfuerzo cotidiano de personas que dif\u00edcilmente entender\u00edan por qu\u00e9 los procesos de competencia abierta fueron sustituidos por adjudicaciones directas de miles de millones de pesos.<\/p>\n
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Y como si las interrogantes administrativas no fueran suficientes, apareci\u00f3 la realidad.<\/p>\n
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El desarrollo Bosques de R\u00edo Medio, vinculado por la investigaci\u00f3n con este esquema contractual, registr\u00f3 un enorme socav\u00f3n tras las lluvias del pasado 8 de julio. Calles fracturadas, banquetas colapsadas, infraestructura da\u00f1ada y vecinos que desde tiempo atr\u00e1s advert\u00edan filtraciones, cuarteaduras e inundaciones presuntamente asociadas a las modificaciones del escurrimiento natural del agua.<\/p>\n
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Es cierto: un socav\u00f3n no demuestra por s\u00ed mismo una responsabilidad administrativa o t\u00e9cnica. Pero s\u00ed obliga a revisar con extremo rigor la calidad de los estudios de mec\u00e1nica de suelos, los proyectos ejecutivos, la supervisi\u00f3n de obra y el cumplimiento de las especificaciones constructivas.<\/p>\n
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Porque cuando una obra p\u00fablica presenta fallas apenas iniciada, lo primero que se derrumba no es el pavimento: es la confianza ciudadana.<\/p>\n
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M\u00e1s preocupante a\u00fan resulta que esta investigaci\u00f3n se inserta en un patr\u00f3n m\u00e1s amplio. Entre enero y septiembre de 2025, el Infonavit adjudic\u00f3 96 contratos para construir alrededor de 100 mil viviendas por un monto cercano a los 50 mil millones de pesos, concentrando una parte importante de esos recursos en un reducido grupo de constructoras.<\/p>\n
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La concentraci\u00f3n del gasto p\u00fablico siempre merece vigilancia.<\/p>\n
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La concentraci\u00f3n sin competencia merece auditor\u00edas.<\/p>\n
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Y la concentraci\u00f3n acompa\u00f1ada de operaciones inmobiliarias entre empresas relacionadas exige una revisi\u00f3n institucional exhaustiva.<\/p>\n
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El gobierno federal sostiene que el programa Vivienda para el Bienestar busca garantizar un derecho social. Nadie discute ese objetivo. Lo que est\u00e1 en debate es si los recursos p\u00fablicos destinados a cumplirlo est\u00e1n siendo administrados con los principios de legalidad, eficiencia, imparcialidad, econom\u00eda, transparencia y honradez que exige el art\u00edculo 134 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
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Porque la mejor pol\u00edtica de vivienda no se mide por el n\u00famero de inauguraciones ni por las fotograf\u00edas del corte de list\u00f3n.<\/p>\n
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Se mide por la solidez de las casas, la limpieza de los contratos y la confianza que generan sus instituciones.<\/p>\n
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**Cuando los contratos se adjudican sin competencia y las viviendas empiezan a hundirse antes que las explicaciones oficiales, lo que se derrumba no es el suelo: es la credibilidad del gobierno.<\/p>\n
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