Debanhy y el machismo
Por Ricardo Homs
La muerte de Debanhy Escobar nos recuerda una vez más un problema difícil de resolver: la violencia en contra de la mujer.
El caso de Debahny, -la joven abandonada a las cinco de la mañana en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo-, se convirtió en una noticia nacional que conmovió a la opinión pública, principalmente por el coraje y determinación de sus padres por encontrarla, hasta que su cuerpo fue descubierto en una cisterna de un motel. Sin embargo, este caso tuvo exposición mediática y por ello la fiscalía de Nuevo León le dedicó recursos, tiempo y esfuerzo en encontrarla.
Sin embargo, no todas las víctimas tienen la atención de las autoridades, e incluso, se cometen graves injusticias que quedan impunes.
Este grave problema podemos considerar tiene múltiples manifestaciones: desde la violencia doméstica, que puede concluir en feminicidio, hasta las agresiones sexuales, e incluso desapariciones forzadas que seguramente se originan como parte del negocio de trata de personas con fines de comercio sexual.
Como ejemplo de las injusticias cotidianas que viven las mujeres en México está el caso de Roxana.
¿Por qué los jueces Vicente Guadarrama, Alheli Segura y Norma Angélica Delgado del tribunal de Texcoco revocaron las medidas cautelares que otorgaban libertad provisional a Roxana Ruiz para que enfrentara su proceso en libertad?
Roxana, -joven oaxaqueña-, mató en legítima defensa a su violador en mayo del 2021 en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, al defenderse de la agresión, por lo que originalmente fue condenada a prisión preventiva. Sin embargo, el pasado 15 de febrero fue liberada por orden de un juez. Sin embargo, los tres jueces antes mencionados revocaron la libertad provisional. ¿Por qué lo hicieron?
Es más, cuando fue aprehendida no le realizaron pruebas periciales, ni examen médico, ni psicológico, ni tampoco le tomaron declaración en su calidad de víctima de violación.
Contra todo lo que se diga, el detonante de la violencia contra la mujer se origina en la actitud machista que prevalece en casi todas las estructuras de procuración de justicia de este país, que se convierte en indiferencia frente a los delitos de género y a veces, incluso en actitudes agresivas, sarcásticas o hasta cómplices de los agresores.
La mujer que llega a denunciar violencia de género, si pertenece a los estratos poblacionales y sociales bajos, su denuncia es ignorada tanto por policías, como por ministerios públicos e incluso por los niveles más básicos de los juzgados. Cuando la violencia crece y culmina en un asesinato, -que ahora se clasifica como feminicidio-, es cuando por fin las autoridades reaccionan.
Si las denuncias se mantienen en bajo perfil, con toda seguridad serán archivadas e ignoradas.
Muchas veces las víctimas acusan las actitudes morbosas de los funcionarios que les atienden. Otras veces los funcionarios del juzgado, -así como los policías-, terminan sugiriendo a la víctima que no pierda su tiempo presentando denuncia porque no va a prosperar.
Otras veces a cambio de una gratificación los funcionarios del juzgado comparten los datos de contacto de las víctimas que denuncian, con sus agresores, por lo que estos, o sus familiares, o incluso cómplices, se dedican a acosar a la denunciante para que retire la demanda.
Llama la atención que no sólo los funcionarios del género masculino asumen actitudes machistas, sino también las funcionarias, que, con evidente ausencia de sororidad, tratan despectivamente a las víctimas.
Llama la atención que de los tres jueces que regresan a Roxana a la cárcel aplicando prisión preventiva, dos son mujeres, no obstante que ella no representa un peligro para la sociedad e incluso nunca dejó de ir a firmar como lo marca la ley.
Es urgente atender esta problemática dentro del poder judicial.
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