Narcojueces, narcoelección
Todos los malos augurios sobre el desastre que implicarían la reforma y la elección judicial se han estado cumpliendo uno por uno.
Desde la vulgar simulación de la insaculación “maiceada” de candidaturas a las posiciones de jueces, magistrados y ministros, hasta el desastre que implicará la instalación de casillas, pasando por el nulo interés que en la ciudadanía provoca este proceso que los vocingleros del régimen no dejan de calificar, a gritos desaforados, como “histórico” –aunque sí, será un fracaso de esas proporciones, ni quién lo dude-, lo más grave es lo que todo mundo advirtió que iba a pasar: la infiltración de candidatos que representan los intereses del crimen organizado.
Este miércoles, el presidente del Senado, el cada vez más impresentable Gerardo Fernández Noroña, ofreció una rueda de prensa en la que reconoció que una veintena de aspirantes a juzgadores federales fueron identificados como defensores de narcotraficantes, por lo cual no cumplen con el requisito de “probidad” e “idoneidad” que se estableció para participar en este proceso.
¿De verdad alguien pensó que iba a ser diferente? De por sí, el crimen organizado está infiltrado como la humedad en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestro país. Regiones enteras son dominadas por estos grupos que hacen lo que se les da la gana, extorsionan, secuestran y asesinan sin que autoridad alguna se atreva a meterse con ellos. Por miedo o complicidad. Y su operación en procesos electorales de todos los niveles ha sido totalmente abierta, descarada y documentada en los últimos años. ¿Por qué la elección judicial, que además carece de absolutamente todos los controles de los comicios constitucionales, habría de ser diferente?
Empero, lo que resulta más preocupante es que, como si nada, quienes tenían la responsabilidad de revisar los perfiles de los aspirantes a juzgadores y de integrar las listas de candidatos, y que fueron además quienes aprobaron el bodrio de la reforma judicial, ahora salgan con que se les “colaron” defensores de narcos. Pero eso sí: los van a “impugnar” para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los eche abajo.
Nadie con dos dedos de frente, ante la brutal demolición de las instituciones de la transición democrática que hemos presenciado en los últimos meses, puede creerles, como asegura Fernández Noroña –la encarnación de la hipocresía política-, que “no hubo mala fe en ningún caso” por parte de los comités evaluadores que integraron las listas que, por si fuera poco, también pasaron por el tamiz del propio Senado de la República. Tampoco es creíble que solo sean 20, como dice el bravucón morenista.
Si fueron omisos por accidente, valiente cuadrilla de imbéciles incompetentes en los que se dejó esa responsabilidad. Si fue con conocimiento de lo que aprobaban, no es otra cosa que una reiteración más del narcoestado que rige sin pudor en México.
Varios abogados defensores de criminales han sido exhibidos en sus nexos con Morena y los gobiernos de la autoproclamada “cuarta transformación” en los últimos meses. Y las presiones que desde Estados Unidos se ejercen hacia el gobierno mexicano para que proceda contra funcionarios y exfuncionarios de todos niveles y jerarquías ligados al crimen organizado son prueba de la descomposición que, si bien no inició con éste ni con el anterior gobierno de la República, sí se acentuó en los últimos seis años. Podredumbre que aunque la presidenta y sus corifeos la nieguen, brota por todos lados y no se ve voluntad real por sanear.
Y si así está la narcoelección judicial federal, espérese a las de los poderes judiciales de los estados.
Y narcocorridos
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle afirmó que no prohibirán ni regularán la interpretación de “narcocorridos” en presentaciones y espacios públicos, a pesar de que son una clarísima apología del delito.
Según, porque en este gobierno “nosotros no prohibimos nada”. Solo “se hacen los exhortos para que no se haga publicidad a la apología del delito”, dijo la gobernadora.
Ah bueno, qué alivio.
