Reforma electoral va por reducción de senadores, recorte a partidos y mayor control sobre candidatos

La Cámara de Diputados recibió y envió a comisiones, la iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que reforma 11 artículos de la Constitución en materia electoral, que confirma su idea de reducir de 128 a 96 los senadores de la República y modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional, para “que no sean resultado exclusivo” de decisiones de las cúpulas de los partidos.

En la iniciativa, que se envió a comisiones, también propone reducir 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario y prohibir el uso de fondos ilícitos, así como el financiamiento del extranjero. Se trata de impedir “injerencias indebidas” y “salvaguardar la autenticidad del sufragio” ante riesgos como la intervención de personas vinculadas a delitos graves.

Incluso se prevé que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera podrán solicitar información relevante de los candidatos “para salvaguardar la integridad” de las elecciones.

Agrega el derecho a la participación en consultas populares en los municipios; reducir de 48 a 35 minutos al día los tiempos oficiales para difusión de los partidos.

Además, en los artículos transitorios la Presidenta pidió a los diputados definir que, a partir de 2027, los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no puedan ser mayores al salario de la Presidenta.

Se mantiene la estructura de los OPLE, pero se elimina de entre sus atribuciones la materia de educación cívica.
Respecto del cómputo de los votos en las elecciones locales, se incluyó que inicien a partir de la recepción del primer paquete en los consejos electorales distritales, la misma noche de cada proceso y no hasta el miércoles siguiente, como actualmente ocurre.

Amplía los derechos de participación ciudadana en procesos de democracia directa en estados y municipios.

Ni ruptura ni restricción al pluralismo

La presidenta, Claudia Sheinbaum, acotó que la reducción del costo de las elecciones y nuevas medidas para evitar “injerencias indebidas e ilícitas” en las elecciones “no debe entenderse como ruptura”.

Incluso precisó que “la revisión de los esquemas de financiamiento político, de los costos institucionales y de las estructuras del aparato electoral debe entenderse como un proceso de fortalecimiento democrático y no como una restricción al pluralismo político”.

Además, señaló que su iniciativa no busca “modificar las reglas democráticas por razones circunstanciales” o para favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados, sino fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático”.

Esto es, abundó en la exposición de motivos, “reformar la Constitución en materia electoral es perfeccionarla, no sustituirla; es ajustar sus mecanismos a los desafíos contemporáneos: altos costos, complejidad administrativa, riesgos de financiamiento, duplicidad de funciones y exigencias de mayor participación ciudadana”.

Como ha expresado en sus conferencias matutinas para defender el proyecto, indicó que éste responde a un compromiso adquirido en su campaña presidencial de 2024 y “busca consolidar un modelo más congruente con los principios que hoy rigen la vida pública nacional”.

Al abordar uno de los puntos que más polémica han creado entre los partidos políticos, sobre todo en PT y PVEM, detalló no propone eliminar el principio de representación proporcional para elegir a 200 de los 500 diputados federales.

“Por el contrario, revalora su papel democrático de representación de las minorías, busca atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía. Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular”.

Incluso afirmó que “la consolidación democrática exige no debilitar la representación proporcional, sino fortalecer su legitimidad pública mediante sistemas que consideren la participación popular en la asignación”.

De esta manera, para la integración de las dos cámaras del Congreso la iniciativa busca modificar los artículos 53, 54, 55 y 56 constitucionales.

En el primero, propone desaparecer el sistema de listas regionales donde cada partido inscribe 40 fórmulas de candidatos a diputados por cada una de las cinco circunscripciones electorales.

Además, precisar que la elección de los 200 diputados pluris se hará de la siguiente manera:
Los 100 segundos mejores lugares en la elección, que no hayan obtenido el triunfo en sus distritos; y 100 por votación directa en las cinco circunscripciones regionales, donde se incluirán las candidaturas electas por los mexicanos residentes en el extranjero. Con ello, se eliminaría el método de asignación de pluris según el porcentaje de votos nacionales y el orden de candidatos en las listas.

La Presidenta lo planteó así en la redacción que plantea modificar el artículo 54:
“La asignación de las 200 diputaciones iniciará con la relación del sistema de personas que, no habiendo obtenido el triunfo, obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido político, por circunscripción, alternada con el sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondientes.

“Las diputaciones elegidas por las ciudadanas y los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional se asignarán al partido político que corresponda, en cada circunscripción, iniciando por aquella en la que el partido haya obtenido un mayor porcentaje de votación”.

En el artículo 55 se plantea que los mexicanos que vivan en el extranjero deben demostrar una residencia de más de tres años fuera del país como requisito para ser candidato a diputado federal.

En el 56 suprime 32 senadurías de representación proporcional que llegan al Senado mediante el sistema de listas por circunscripción.
El nuevo modelo tiene como objeto que la participación de la ciudadanía en los procesos “no se limite a una función meramente electoral, sino que se constituya como un sujeto activo dentro del proceso democrático”.