Cuando las políticas públicas escuchan a las mujeres
REPORTAJE
POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA
Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, los gobiernos enfrentan una prueba incómoda pero necesaria: demostrar que la igualdad y la seguridad de las mujeres no son solo discurso. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García decidió colocar en ese escenario un programa que busca responder a una de las urgencias más dolorosas del país: la violencia contra las mujeres.
El programa Veracruzana Protegida cumple un año y, según las cifras presentadas por el gobierno estatal, ya ha atendido 2 mil 482 solicitudes de protección. Detrás de ese número no hay estadísticas frías, sino historias de mujeres que decidieron romper el silencio y pedir ayuda.
Durante el acto conmemorativo realizado en el Teatro de la Reforma, la mandataria subrayó que estas solicitudes reflejan la valentía de quienes enfrentan situaciones de violencia. Explicó que el sistema permite activar órdenes de protección casi inmediatas, ya que un juez o jueza puede emitirlas en línea y en menos de 10 o 15 minutos una patrulla puede llegar al domicilio de la persona que solicitó la ayuda.
La lógica del programa es clara: actuar antes de que la violencia escale hasta el feminicidio.
Pero el alcance del programa no se limita a la respuesta policial. Actualmente existen 31 espacios de refugio integral que brindan protección a mujeres víctimas de violencia, y la gobernadora anunció que durante este año se construirán 17 más, con lo que Veracruz sumaría 48 centros de resguardo.
La estrategia también busca consolidarse en el plano jurídico. Rocío Nahle adelantó que impulsará una Ley del Sistema de Órdenes de Protección Inmediata para las Mujeres, con el objetivo de convertir este mecanismo en una política pública permanente y fortalecer el uso institucional de la plataforma digital Veracruzana Protegida.
En este proceso institucional también participa la Fiscalía General del Estado de Veracruz, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien explicó que al firmar convenios con los ayuntamientos se establece un compromiso claro: las policías municipales se convierten en la autoridad ejecutora primaria de las órdenes de protección en sus territorios.
En otras palabras, la seguridad de las mujeres deja de ser únicamente responsabilidad estatal y se convierte en una tarea coordinada entre los tres niveles de gobierno.
Por ello, durante el evento se firmó un convenio de colaboración con varias alcaldesas del estado, entre ellas Daniela Guadalupe Griego Ceballos de Xalapa, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez de Poza Rica, Aristea Fernández de la Cruz de Chicontepec, Taggassy García Lobato de Zozocolco de Hidalgo, y Eloísa Zetina Gómez de San Juan Evangelista.
El convenio también obliga a los ayuntamientos a involucrar a sus DIF municipales y a los Institutos Municipales de las Mujeres, con el fin de ofrecer acompañamiento psicológico, social y legal a las víctimas.
La fiscal Jiménez Aguirre recordó que el programa funciona los 365 días del año y que la primera orden de protección se emitió en municipios de la zona norte del estado. Reconoció además el trabajo de juezas y jueces que han asumido con sensibilidad la emisión de estas medidas.
“Detrás de cada solicitud hay miedo, urgencia y una vida que necesita protección inmediata”, subrayó.
Desde la visión política, el programa también se inscribe en la narrativa de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. En ese sentido, la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo señaló que la lucha por la igualdad y la justicia de las mujeres forma parte de un proyecto que busca garantizar derechos, porque —advirtió— cuando estos faltan, las más afectadas suelen ser las mujeres.
Sin embargo, más allá de discursos y ceremonias, el verdadero reto de cualquier política pública contra la violencia de género es su capacidad de mantenerse operativa, efectiva y cercana a las víctimas.
Las cifras del primer año de Veracruzana Protegida muestran un avance: miles de mujeres han solicitado apoyo y han encontrado una respuesta institucional rápida. Pero también revelan una realidad incómoda: la violencia sigue presente y sigue obligando a miles de mujeres a pedir protección.
La pregunta, entonces, no es solo cuántas órdenes de protección se han emitido.
La pregunta de fondo es cuántas vidas pueden salvarse cuando un gobierno decide escuchar a tiempo el grito de auxilio de una mujer.
