Manuel Huerta: cuando la oposición comienza en casa

“No es vergonzoso cambiar de opinión: es vergonzoso cambiar de opinión por interés”. – Víctor Hugo.

Hay una máxima no escrita en la política que suele cumplirse con rigurosa puntualidad: los mayores costos para un gobierno no siempre provienen de la oposición, sino de quienes, compartiendo partido, deciden convertir la discrepancia en estrategia permanente de confrontación. En Veracruz, ese papel parece haber sido asumido por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Desde hace meses, el legislador ha construido un discurso de constante cuestionamiento hacia el gobierno encabezado por Rocío Nahle García, pese a que ambos pertenecen al mismo movimiento político. La crítica interna es legítima en cualquier democracia; lo que resulta cuestionable es cuando esa crítica parece orientarse más a debilitar que a fortalecer un proyecto político del que, al menos formalmente, también forma parte.

No es casual que desde el propio Gobierno del Estado hayan comenzado a responderle. El subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Pozos Castro, lo ha acusado públicamente de actuar con deslealtad hacia el movimiento, empleando calificativos que reflejan el creciente desgaste de una relación política que hace tiempo dejó de ser cordial para convertirse en un abierto desencuentro.

A qué punto ha llegado ya el desencuentro, que el mismo Pozos Castro le advirtió al senador que deje de andar soñando con la presidencia de la Cámara Alta –a la que suspira- porque eso jamás sucederá, pues no cuenta con la aprobación de quien manda en la presidencia de México, esa que si tiene la mandataria Rocío Nahle, para corajes del tío corajes.

El episodio más reciente ilustra con claridad esa confrontación. Huerta sostuvo que la reforma constitucional en materia de revocación de mandato aprobada por el Congreso local tendría como propósito blindar a la gobernadora frente a una eventual consulta ciudadana. Sin embargo, una revisión técnica del contenido de la reforma conduce a una conclusión distinta.

La modificación constitucional no crea una nueva figura jurídica ni elimina derechos ciudadanos. Por el contrario, armoniza el texto de la Constitución de Veracruz con lo establecido desde 2019 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El requisito del diez por ciento de firmas no nació en el Congreso veracruzano; deriva directamente del Sexto Transitorio de la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2019. La obligación de garantizar una representación territorial mediante apoyos provenientes de la mitad más uno de los municipios tampoco constituye una innovación local, sino una adaptación del principio federal de dispersión territorial previsto en el artículo 35 constitucional.

Lo mismo ocurre con los tiempos para la recolección de apoyos ciudadanos y con los treinta días otorgados al OPLE para verificar la autenticidad de las firmas y emitir, en su caso, la convocatoria correspondiente. Cada uno de estos elementos reproduce prácticamente el procedimiento previsto para la revocación del mandato presidencial.

Más aún, entidades como Baja California Sur y Nayarit ya habían incorporado mecanismos similares de homologación constitucional, lo que demuestra que Veracruz no está inventando un modelo excepcional, sino adecuándose al marco nacional.

Resulta, por ello, difícil sostener jurídicamente que la reforma tenga como finalidad proteger a la titular del Ejecutivo estatal. Quien así lo afirma carga con la responsabilidad de demostrarlo más allá del discurso político.

Sorprende que un abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y con una larga trayectoria legislativa, reduzca un debate constitucional de esta naturaleza a consignas políticas. En un tema donde el rigor jurídico debería imponerse, prevalece una narrativa que privilegia la confrontación sobre el análisis técnico.

La política admite diferencias; incluso las necesita. Pero cuando las discrepancias internas terminan alimentando el discurso de quienes buscan desacreditar permanentemente a un gobierno emanado del mismo movimiento, la discusión deja de ser ideológica para convertirse en una disputa de protagonismos.

Quizá el problema ya no sea que Manuel Huerta critique. El verdadero dilema es que, cada vez con mayor frecuencia, sus posicionamientos parecen encontrar más eco entre los adversarios políticos de Morena que entre quienes integran su propia fuerza política.

Y esa, más que una diferencia de opinión, comienza a parecer una definición de rumbo político.

Al tiempo.