Inadmisible chantaje del INE al estado de derecho

Por José Lima Cobos

Por cualquier lado que se le vea, es inaceptable  el chantaje anunciado por seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE),  encabezados por Lorenzo Córdova, contra el estado democrático de derecho, – que empieza a vivir el país en este régimen-, para condicionar la organización de la elección , el año próximo, de la anunciada Revocación del Mandato del presidente de la República, argumentado que los miles de millones de pesos presupuestados, no son suficientes, elemento suficiente para que la  jauría por el derroche alzara la voz y atentara contra lo que dispone la Constitución.

El alarde con que  se manejó esta balandronada , habla mucho  de la prepotencia con que se manejan los organismos autónomos,  que ya constituye un fuerte poder y resistencia al Estado nacional y merman la división de poderes – legislativo, ejecutivo y judicial-, pues no tan solo pretende socavar la armonía que debe existir, sino que agrede a la propia ley de leyes, que es la Constitución Política pues la ningunean, de manera tal, que si el Artículo 127 constitucional ordena que nadie debe ganar más que el presidente, ellos, pasan encima de ella y en el escándalo más ominoso, hincan el diente al presupuesto de manera criminal.

Se dice lo anterior, porque el hecho de que el presupuesto nacional se destine a una burocracia parasitaria y “dorada”, impide que el estado nacional,  pueda distribuir esa riqueza entre más mexicanos, de ahí la profunda miseria y pobreza  que  prevalece e impera en país, que tal parece que no tiene más solución, por ello la violencia y la inseguridad que nos amenaza a todos por estar  sometidos a la voluntad de esa minoría parasitaria  y rapaz, que no tiene llenadera, por ser enemigos de la austeridad republicana.

LA RESISTENCIA

Ante los más de treinta años de saqueo y atracos que ha vivido el país, ahora se abre la esperanza de un mundo nuevo, sin embargo, las resistencias son de tal nivel que incluso, la misma Suprema Corte de Justicia- los togados ministros-  se prestan a que esta situación no cambie, pues pese a existir  una ley  federal de remuneraciones de los servidores público ,para que se respeten  sueldos que estén en el nivel de la medianía que postulaba el presidente Juárez ,el amparo , que nació para brindar protección al desvalido-así lo dijo Morelos en sus Sentimientos a la Nación– se ha utilizado para proteger a rufianes, llegándose a violar la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, al conocer la suspensión  para que no se les reduzcan sus emolumentos,  cuando ese ordenamiento lo prohíbe expresamente.

En las relacionadas consideraciones, ahora, el INE ,pone piedras en el camino para retrasar la observancia de la constitución, en cuanto a la preparación y organización de la Revocación del Mandato, práctica que será más efectiva en el futuro, para retirar al servidor publico que no tenga vocación y si mucha ambición por el dinero y el poder, utilizando al gobierno como el instrumento de corrupción e impunidad que se vivió durante los gobiernos de Salinas, Zedillo ,Fox, Calderón y Peña Nieto, de manera que esa experiencia no se ponga en  la  práctica, porque si la democracia es cara, más cara lo será y negará el derecho al pueblo cambiar  su forma de gobierno de manera democrática.

Por eso es relevante y trascendental que el presidente de la Cámara de Diputados haya presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los seis consejeros, supuestamente ciudadanos, que votaron para obstaculizar la Revocación del Mandato cuando, con impunidad, quieren violar el Código Penal que señala , de manera clara, la responsabilidad de que los servidores públicos cumplan con su deber, por ello, tendrá que darse un pronunciamiento claro y preciso para enjuiciarlos, y que no se diga que es persecución política, como ya se maneja, cuando la coalición de funcionarios  constituye un delito y más cuando se actúa de manera deliberada como se ha visto para no cumplir con su responsabilidad y  por lo mismo tiene que existir las  consecuencias punitivas.

Ahí está el caso del gobernador de Tamaulipas – panista- desaforado por la Cámara de Diputados por diversos delitos y sin embargo, no se ha hecho justicia, pues fue blindado por la legislatura local para que no pueda ser detenido hasta que termine su mandato, lo que obstaculiza la acción de la justicia, es decir, crear y fomentar la impunidad, es una forma de corrupción, que es delito grave.

Sentaría un precedente histórico que, después de que la Suprema Corte de Justicia resuelva la controversia que existe por la suspensión de acciones para la Revocación de Mandato por el INE, respetando los derechos constitucionales -presunción de inocencia , debido proceso y al existir los criterios de oportunidad, la fiscalía actúe en consecuencia. Nada de complacencia, solo justicia.

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