En medio de la huelga, obreros se reúnen con gobierno de Chile
Chile. Dirigentes y obreros del gremio metalúrgico de Chile se reúnen con la empresa estatal del cobre Codelco y el Gobierno del país luego de ir al paro nacional con el fin de denunciar el cierre gradual de la Fundición Ventanas, durante años señalada por hechos de contaminación ambiental en la comuna de Puchuncaví, en Valparaíso.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, señaló que se iniciará “un proceso de negociación. Hemos aceptado reunirnos con Codelco”.
Pantoja puntualizó que en las reunión estarían presentes autoridades gubernamentales, como la ministra de Minería, Marcela Hernando, y participarían representantes de la fábrica de Ventanas, “que son los que más saben qué está ocurriendo”, dijo.
La FTC aceptó llevar a cabo el encuentro luego de fueran liberados por los Carabineros varios dirigentes detenidos del gremio metalúrgico, razón por la cual no habían accedido previamente.
LAS NEGOCIACIONES
Al mismo tiempo, el presidente de la FTC manifestó que las negociaciones no terminarán con este encuentro sino que aún queda “una gran batalla en el Parlamento, donde vamos a jugarnos para que la ley no se modifique”.
Días atrás el Gobierno chileno anunció que la empresa cerraría gradualmente en un periodo de cinco años debido a la cada vez más elevada contaminación y las crecientes pérdidas económicas.
Obreros del gremio metalúrgico y expertos estiman que cada día de paralización de jornadas cuesta 20 millones de dólares.
Aunque el Ejecutivo informó este miércoles que las labores no están paralizadas, los trabajadores ratificaron este jueves que están detenidas totalmente y denunciaron que la administración de Codelco los está intimidando para debilitar la protesta.
Pantoja declaró a un medio local que la Fundición Ventanas facturó en 2021 un total de 7.500 millones de dólares de utilidades, y recalcó que el Gobierno puede dar solución a los problemas de contaminación si invierte allí 54 millones de dólares.
No obstante, organizaciones ambientalistas han apoyado la clausura de la que estiman que es “la principal fuente de contaminación, daño ambiental y vulneración del derecho humano a la vida de los habitantes de (las comunas) Puchuncaví y Quintero, de vivir en un medio sano y seguro”.
