Un peligroso gen autoritario
Por Ricardo Homs
Si bien la política es una actividad emotiva, -cuyo objetivo es conectar con la ciudadanía-, la administración pública no tiene más parámetros que la eficiencia y los buenos resultados.
En la política las buenas intenciones sí cuentan significativamente. En la administración pública, -o sea las acciones de gobierno-, no, pues afectan la calidad de vida de la sociedad.
Para conseguir el voto se vale prometer lo irrealizable, pero al asumir el cargo, -y con él la autoridad, el poder y los recursos-, hay que cumplir lo prometido. No es válido tener dos varas y dos medidas para gobernar.
En una democracia como la nuestra, el gobernante en turno se convierte en protector y garante del Estado de Derecho porque él lo encabeza, así como de todo lo que representa la institucionalidad implícita en el aparato de gobierno.
Puede darse el caso de que un estadista se vea en la disyuntiva de tener que tomar postura, o a favor de unos valores colectivos contrarios a sus valores personales, o entonces traicionar los valores que representan al Estado Mexicano vigente, para tratar de imponer los suyos personales.
Haciendo una valoración del contexto político que hoy vive México descubrimos que la confusión que ha debilitado a las instituciones de nuestro país tienen su origen en que el presidente López Obrador está intentando imponer sus valores y criterios personales por encima de los valores implícitos en nuestra Constitución.
Por ejemplo, el estado de derecho exige, -como un valor universal-, aplicar todo el peso de la ley en contra de la delincuencia, sin negociaciones de ningún tipo.
Por tanto, las autoridades que representan al Estado Mexicano, -como son las Fuerzas Armadas-, no pueden asumir una actitud pasiva frente al desfile de convoyes abiertamente paramilitares, lo cual han hecho abiertamente algunos cárteles, -según ha quedado evidenciado en videos que con toda la intención de exhibir quien tiene el control total de algunas zonas de México, han subido precisamente algunos grupos de la delincuencia organizada a las redes sociales.
Sin embargo, el criterio personal del presidente, -de no confrontación a estos grupos paramilitares-, ha quedado por encima del espíritu de nuestra Constitución, que exige al gobierno no permitir a particulares la posesión de armas de las clasificadas como de uso exclusivo del ejército.
Por otra parte, el gobierno mexicano no puede permitir que se vulnere la soberanía nacional dejando a terceros que, -fuera de la normatividad que impone la ley-, tomen control absoluto de zonas del territorio nacional, como lo ha evidenciado la instalación de retenes paramilitares ilegales en los caminos de Sinaloa, con pleno conocimiento del presidente de la república, quien asumió una actitud pasiva frente a la denuncia de medios de comunicación cuyos reporteros y camarógrafos que cubrían la gira presidencial por ese estado, fueron interceptados y revisados por un comando paramilitar perteneciente a un cártel local, frente a la mirada tolerante de un destacamento policiaco que les acompañaba.
La aplicación de criterios personales de un gobernante como si fuesen políticas de estado, así como la imposición de valores morales personales, por encima de los preceptos constitucionales, define las características de un modelo de gobierno totalitario y unipersonal, contrario al modelo democrático e institucional que ha gobernado México durante los últimos años y hasta la llegada de la 4T.
Es necesario crear conciencia colectiva frente a estos acontecimientos que ponen en riesgo los avances democráticos que había consolidado México a partir del siglo XXI, a fin de que tanto el Poder Legislativo Federal, como el Poder Judicial, manifiesten la inconstitucionalidad de este nuevo modelo de conducción política.
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