Iberdrola o el asalto a la nación
Por José Lima Cobos
No sorprende que un juez conceda una suspensión provisional a una persona o empresa que acuda ante los tribunales para que, cumpliendo con lo postulado por Morelos, “exista un tribunal que lo ampare y lo proteja”, lo que enerva es que ese juez no pondré el interés público o de los mexicanos, sobre los intereses económicos meramente particulares y menos aún cuando se trate de interés público que afecta a los mexicanos, es decir, tiene que ponderarse el interés social, pues no hacerlo se está cometiendo una traición a la patria.
Avistamos como estamos ahora los mexicanos al escuchar casi todos los días lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresa, en razón a que la nación y sus ciudadanos tenemos que estar en torno al interés nacional, pues de eso depende que se viva en paz y que el bienestar aflore para todos, en síntesis, “primero los pobres” no solo es una frase hueca, sino de razón y sentido histórico, porque o hay paz para todos, o no habrá paz para nadie, que quede claro.
El Artículo 123 del código penal federal estable que se impondrá una pena de prisión de cinco a cuarenta años al mexicano que cometa traición a la patria y en apretada síntesis, se enuncian : a) realizar actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; b) tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las ordenes de un estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México; c) forme parte de grupos armados con la finalidad de atentar en contra de la independencia de la República, su soberanía, su libertad o en su integridad territorial, aún cuando no exista declaración de guerra; d) trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración ( Caso Calica en Quintana Roo) ; e) Reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo ( Calderón y su secretaria de energía que están al servicio de Iberdrola ); f ) acepte del invasor un empleo , cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional (213 diputados del PRI, PAN, PRD se confabulan para votar contra la Comisión Federal de Electricidad, empresa estratégica del Estado para bienestar nacional.
La anterior reseña, es más que suficiente para que la Fiscalía General de la República, haga efectiva su autonomía y de oficio o previa denuncia, profundice en lo que aquí se apunta y la nación tengan las consecuencias que su ordenamiento penal establece que, si bien se pueda alegar que no existe la mala fe en su actuar, evidencia que la ignorancia de la ley, no los exime a nadie de su responsabilidad y menos cuando son servidores públicos, pues al asumir su responsabilidad, se comprometieron a servir lealmente a su patria y su traición es elocuente, de ahí que no habrá cuarta transformación si no se comienza por limpiar la casa y tiene que ser en serio porque si el huevo no se revuelve bien, puede volver al cascarón.
Si bien los jueces, magistrados y ministros gozan de la más autonomía para dictar sus resoluciones y hacer cumplirlas, las mismas no pueden quedar sin castigo cuando existe de por medio, de manera tan clara, que su actuar afecta el interés social y que no solo se constriña a lo que atañe a la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia, porque por encima, han de estar y deben estar siempre, los interés de la patria, pues en el caso patético de Iberdrola en que se congela una multa de más de nueve mil millones de pesos, ese hecho afecta la economía nacional y lesiona gravemente el bienestar social, que motiva que no se cumplan los propósitos esenciales de la nación que, si bien se exigió un garantía para evitar que ese consorcio evada su responsabilidad, no menos cierto es que la hacienda pública sufre menoscabo, merma en su economía ante la pandemia que se resiste a morir, y la pandemia de la oligarquía en que exige sus privilegios que se ven, no menguados, pero si cuestionados, porque la violencia, es causa de lo causado, que es la acumulación de la riqueza en pocas mas y el gran estado de corrupción e impunidad.
Aún cuando se entiende que no se ha resuelto el fondo en esta medida cautelar , se tiene que observar, por quien juzga, el peligro que tal cuestión enfrenta, habida cuenta que los intereses económicos globalizados, fácilmente menoscaban la tranquilidad de un país y más en el caso en que se comenta que los precedentes y antecedentes, han hecho mella en su país de origen España donde, mediante la corrupción e impunidad se han enriquecido dichas empresas y en el caso de México, Odebrecht es un reflejo de la gran inestabilidad que generó en América Latina donde hay varios presidentes detenidos e incluso el de Perú, Alán García, prefirió quitarse la vida.
Sin embargo, en México, vemos a Calderón y equipo,- artífice de la criminalidad en México, convirtiendo en un cementerio nacional-, estuvo al servicio de esa empresa Española y Peña Nieto, -ya ni se diga-, pues mediante la fuerza económica a la que sirve ,es capaz de tirar a cualquier gobierno y con ello la violencia se generaliza, luego entonces, son cuestiones que el juzgador, que se encarga de aplicar la ley, tiene que actuar con mucho y extremo cuidado porque, si bien medra de los recursos que genera en el Estado, no menos ciertos es que todo ello se genera en los impuestos .
Ya está visto cómo el ministro de la Corte Medina Mora acrecentó recursos de manera peligrosa y el mejor camino fue huir y la justicia, brilló por su ausencia, pues siendo responsable -sentencia de Atenco- en que la corte Interamericana señala como culpable de esos crímenes , entre otros, a Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México y a muchos más, que viajan libremente y hacen como que “la virgen les habla” en santa paz, sin sufrir ninguna molestia, que refleja que los criminales no están en la cárcel sino en la calle.
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