VPMRG: el ariete preferido de los conservadores
Por Laura Cevallos
¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y sobre todo, ¿por qué es importante descifrarla sin caer en la tentación de llamar VPMRG a todo lo que ocurre en la arena política?
Es otro tipo de violencia, es la que se ejerce contra las mujeres en el terreno político y por razón de género, y se manifiesta como amenazas, agresiones, intimidaciones, lesiones e incluso, asesinato de mujeres que, en aras de una igualdad jurídica y de capacidades en el ejercicio de sus derechos político-electorales, se lanzaron a ocupar espacios en todos los ámbitos posibles: los congresos locales y federales, las gubernaturas y alcaldías, secretarías de estado. Pero que los hombres aceptaran que debían compartir el poder, no fue ni fácil, ni rápido y por ello, fue imperativo que primero se adoptara la idea de que las mujeres debíamos vivir una vida libre de violencia (Ley de 2007); luego, que se reglamentara la paridad de género en 2019 y finalmente, en 2020 se realizaran las reformas constitucionales al efecto, en el compendio de leyes en materia electoral, con la finalidad de definir qué es, a quienes corresponde su análisis y prevención y sobre todo, con qué herramientas jurídicas se protege a las víctimas de este delito electoral.
Se trata de una serie de actos que se dirigieron por muchos años a evitar que las mujeres tomaran lugares en posiciones políticas porque la sociedad no reconocía habilidades o capacidades en las mujeres, que les permitieran pensar más allá de las tareas atinentes a su género y condición: las de la casa y la crianza de los hijos.
Desde la antigüedad, la mujer era la encargada del fuego, de los hijos, los animales de la granja y la ropa, las enfermedades y el cuidado de todos; sin duda, una misión que realizaron maravillosamente, al punto que cuando terminaban sus “obligaciones”, se interesaron por otras tareas, como la política y salieron a participar, a exigir respeto a sus opiniones, a ser escuchadas y a demostrar que también las “usuarias de faldas” tienen capacidad de hacerse parte de la vida política de la sociedad.
En esta larga travesía, las mujeres fueron adquiriendo el reconocimiento de sus derechos humanos (en materia electoral) y dado que hubo simulación de parte de sus contrapartes hombres, fue necesario culminar la lucha de miles de políticas con una ley que enunciara qué conductas se consideran violencia política contra las mujeres en razón de género, prohibiendo que nadie se atreva a ningunearnos por ser mujeres, e impidiendo que cualquiera llegue al puesto o encargo al que aspire, por el hecho de ser mujer.
Lo malo de este punto es que hoy, las féminas que componen las bancadas conservadoras en las cámaras de representantes, han abusado de esta protección al punto de acusar a otras mujeres de generar violencia de género contra ellas. ¡La locura total! Se han atrevido a confeccionar una armadura con que se enfundan para atacar e insultar a legisladores -hombres y mujeres- del movimiento de la 4T, a quienes acusan de violentos en sus participaciones en calidad de parlamentarios, para que la autoridad electoral los ponga en su listita negra de violentadores y obstaculizar su carrera política.
Esta revictimización artificial es exasperante: están desgastando tanto la figura de protección, que nos dificulta dimensionar la realidad de éso que acusan. Cuando han atacado a la Senadora Citlali por su físico, se amparan con la “libertad de expresión” que permite hacer mofa de una mujer por su apariencia; cuando se trata del Presidente, se tiene que aguantar todos los insultos y mentiras contra él o sus hijos, porque los merece y por supuesto, no debe hacer uso del derecho de réplica, porque tiene más audiencia en las mañaneras que la de sus detractores en las redes sociales.
El colmo de lo increíble: el caso de la Senadora Antares Vázquez, a quien se le inició un procedimiento ante el INE porque tuvo a mal usar la expresión “muñequitas de sololoy” para referirse a este juego sucio en que se ofenden por cualquier palabra, pero que al parecer y de acuerdo con la confirmación de la Sala Regional, es una forma de ofender a las compañeras legisladoras con expresiones que parten de estereotipos o prejuicios que “las colocan en un estado de codependencia de los hombres” y por tanto, se le ha condenado a ofrecer disculpas públicas, aceptando que ha cometido los delitos electorales que se le imputan y, como castigo se le incluya en el registro de violentadores de las mujeres, por un periodo de cuatro años; agregando al castigo la lectura de varios libros aleccionadores y atender alguno de los cursos al respecto; la publicación del extracto de la sentencia en su cuenta de twitter, por treinta días y, si, a consideración de la Sala especializada, no se satisficieron los anteriores castigos, se está ante una inminente pérdida de la ciudadanía, impidiendo, obviamente la participación en posteriores ejercicios de ciudadanía activa.
Desde hoy por ORDEN del TEPJF publicaré diariamente el extracto de una sentencia QUE NO ESTÁ FIRME y una disculpa pública que redactaron por mí con base en hechos que no cometí y que aún estoy en vías de impugnar. Acompáñame en estos 30 días de lucha @CitlaHM @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/KWGSijdxev
— Antares Vázquez Alatorre (@AntaresVazAla) July 24, 2022
La acusación partió de una expresión colectiva, surgida desde la ciudadanía, como protesta contra los legisladores de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que en la discusión de la reforma en materia eléctrica, a pesar de haber acudido a los foros de parlamento abierto y escuchar las diversas explicaciones en relación a la soberanía y seguridad nacional que implica que sea el Estado el garante de la distribución de la energía, decidieron votarla en contra de sus mismos electores: nos sentimos traicionados y desprotegidos por los representantes populares que al tomar protesta juraron guardar y hacer guardar la Constitución, diciendo que si así no lo hicieren, se los demandaríamos, como lo hicimos.
Les dedicamos horas de análisis con especialistas en diferentes materias, tanto energética como jurídica, para demostrarles que cabildear a favor de empresarios privados y extranjeros, no era lo que merecemos, como pueblo que se rige por una democracia participativa.
Aprovechando el exceso de atribuciones que el INE está empeñado en usar en contra del movimiento, las exigencias de castigo se dieron como parte del periodo de la consulta popular de revocación de mandato y por ende, la vía fue la “idónea” para el castigo ratificado por la Sala Especializada y a petición de diputadas panistas que “sintieron” que la definición de traidoras las afectaba pública, privada y políticamente, por señalar que su actuar como representantes se alejó, precisamente de su “encargo por voto popular”, de ser la voz de los miles de personas que cada uno de ellos (y ellas) representan. Hay que llamarle vino al vino y al que roba, llamarlo ladrón y al que engaña, mentiroso. Al que vende la patria, ¿cómo debe denominársele, para que no se ofenda cuando se le dice #TraidorAlaPatria?
Twitter: @cevalloslaura
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