México incendiado
Por Ricardo Homs
La jornada violenta de la semana pasada en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California … muestran que este gobierno ha perdido el control de la seguridad en varias regiones del país.
Mientras el presidente politiza las tragedias, hay regiones que se incendian con víctimas humanas, reales, así como pérdidas patrimoniales. Hay ciudadanos que ven incendiarse sus negocios, camiones de pasajeros, camiones de carga y otros ven como les destrozan sus hogares y automóviles sin poder impedirlo.
Quizá el presidente está desinformado pues seguramente no ve ni escucha noticieros de televisión y radio y quizá no lee periódicos ni recibe por redes sociales memes ni mensajes, pues su marco de referencia depende de la gente que le rodea y seguramente filtra la información que él recibe.
Es de tal tamaño el drama que se vive en algunas entidades, que incluso gobernantes locales son capaces de hacer el ridículo por no sentirse capaces de responder ante la ciudadanía para garantizar la seguridad de su gente. La alcaldesa morenista de Tijuana, -Monserrat Caballero Ramírez-, salió a dar un mensaje inaudito, exigiendo a los empresarios que paguen el “derecho de piso” a la delincuencia organizada para no afectar a la sociedad civil. A los delincuentes solicitó que sólo agredan a quienes no les paguen, pero no al resto de la ciudadanía.
Quizá ella no ha entendido que el primer orden de gobierno responsable de brindar seguridad a la ciudadanía es el municipio, que para eso tiene su propia policía y que frente a un acontecimiento violento que le rebase su capacidad de respuesta, es su obligación solicitar a las autoridades estatales y federales el apoyo necesario.
Este mensaje de la alcaldesa describe primeramente su aversión hacia la iniciativa privada, o sea, el sector empresarial, -al que a cambio de su pago de impuestos-, está obligada a proteger. En segundo plano, muestra ignorancia respecto a sus propias responsabilidades. Pareciera que ella está del lado de los criminales.
El hecho de que esta jornada violenta se escenifique en la misma semana en que el presidente de la república dá a conocer el decreto por el cual pretende insertar a la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, aún y cuando él se comprometió con el país, -cuando creó la Guardia Nacional-, que ésta sería una institución civil, parte del sistema nacional de seguridad y que estaría a cargo de un civil.
Ni qué decir de las continuas y reiteradas diatribas, -e incluso ofensas del candidato López Obrador en contra de las fuerzas armadas-, prometiendo vehementemente regresarlas a los cuarteles si llegase a la presidencia de la república.
Pues he aquí que al hoy presidente López Obrador se le olvidaron sus promesas por las cuales llegó a la máxima magistratura de nuestro país.
Quien prometió regresarlos a los cuarteles como candidato, las empoderó como presidente, haciendo lo opuesto a lo prometido, al grado de que surgen rumores de que la inacción gubernamental durante la jornada violenta, -dejando la percepción de que las autoridades fueron rebasadas-, fue una estrategia presidencial para justificar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, como solución a un contexto grave de violencia. Los rumores sin justificación se derivan de la tibieza gubernamental frente a acontecimientos de alto impacto.
Las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo en contra del presidente y las insinuaciones que hace respecto a cierta complicidad de él con la delincuencia organizada, se derivan de la falta de contundencia en contra de ella por parte del gobierno que él encabeza.
Definitivamente, esta jornada violenta, -desde el momento que tuvo como objetivo a la población civil-, podemos calificarla como terrorismo y pone al país frente a graves riesgos que en México nunca habíamos padecido.
No debemos dudar que las fuerzas armadas tienen el número de efectivos, equipo, experiencia, tecnología, presupuesto y organización para acabar con el crimen organizado y si no actúan con determinación es porque no han recibido la orden de parte de su jefe supremo, ni tampoco la libertad para tomar decisiones.
Es difícil imaginar que quienes tienen un gran sistema de inteligencia para monitorear al país día tras día, así como los recursos humanos, técnicos y económicos para operar, además de disciplina y valores, -que son las fuerzas armadas-, no sepan lo que sucede en nuestro país y por propia decisión no procedan.
Si el gobierno del presidente López Obrador no rectifica su política en contra de la delincuencia, su gobierno será rebasado y será muy difícil en el futuro rescatar este tiempo perdido.
¿A usted qué le parece?
Facebook:@Ricardo.Homs1
Twitter: @homsricardo
Linkedin: RicardoHoms
**Las columnas firmadas en este medio son responsabilidad de quienes las firman**
