Por la tangente
Por Ricardo Homs
La explicación del ministro Alberto Pérez Dayán, -miembro de la SCJN-, de que “no me corresponde asumir una tarea que no se me asignó; no soy quién para desprender hojas de la Constitución”, no es mas que un modo de “salirse por la tangente” para evitar confrontarse con el presidente López Obrador, quien mantiene a la SCJN bajo acoso por el tema de la prisión preventiva oficiosa.
Cierto es que la SCJN debe respetar las atribuciones constituyentes del Poder Legislativo, ya que modificar la Constitución es tarea privativa de este órgano. Sin embargo, la SCJN sí puede alertar sobre la controversia constitucional que significa que la prisión preventiva oficiosa entre en conflicto con un principio universal de la jurisprudencia, -mencionado en el Artículo 13 de nuestra Constitución-, que es la “presunción de inocencia”.
A partir de reconocer esta incongruencia jurídica, la Suprema Corte sí podría hacer recomendaciones al Poder Legislativo para que realice las modificaciones pertinentes.
El tema preocupante es que mientras un juez no evalúe un caso específico y defina que la prisión preventiva sí procede, ninguna otra autoridad debiese tener la facultad de exigir la reclusión para un indiciado por algún delito.
En contraste, la redacción vigente hoy permite la reclusión casi en forma automática frente a la presunción de culpabilidad del indiciado, aún sin que existan pruebas en su contra. Por tanto, esta atribución que debiese ser exclusiva de un juez, -o sea del Poder Judicial-, se la adjudica cualquier funcionario que forme parte del Poder Ejecutivo o de una fiscalía. ¿Habrá mayor incongruencia que ésta?
Si queremos entender por qué hay tanto interés de nuestro presidente en mantener la prisión preventiva bajo las causales vigentes hoy, -producto de las modificaciones realizadas en los últimos años-, simplemente debemos revisar como se aplica actualmente la ley.
El presidente López Obrador, -con la persuasiva narrativa que posee-, ha hecho creer al ciudadano que eliminar esta figura jurídica, -la prisión preventiva oficiosa-, significa poner en libertad a los criminales para que sigan delinquiendo, en lugar de explicar que lo que muchas organizaciones civiles exigen es que simplemente se ajuste su aplicación, para que proceda sólo cuando un juez, -después de conocer el caso-, la solicite y no sea como hoy, atribución de cualquier funcionario menor.
Lo que está en juego no es la eliminación de la prisión preventiva, -sino su reglamentación-, a fin de evitar riesgos de abuso y violación de derechos humanos.
La prisión preventiva oficiosa debe haber sido creada originalmente para sacar de circulación a ciudadanos que representen un peligro para la sociedad, como por ejemplo los asesinos.
En contraste, la redacción vigente, -proveniente de la última reforma-, incluye entre las causales de prisión preventiva a faltas administrativas, así como a delitos menores, como son los fiscales, el uso de programas sociales con fines electorales y la corrupción, entre otros.
La prisión preventiva significa que en lugar de que el indiciado por un delito se defienda en libertad, podrá ser privado de su libertad por simples suposiciones de la autoridad que acusa.
Esta amplitud del catálogo de faltas administrativas, -o delitos menores-, que permiten la reclusión, expone a cualquier ciudadano a quedar en posición vulnerable frente a intentos de chantaje y extorsión por parte de autoridades menores.
Sin embargo, desde la perspectiva política, esta ambigüedad jurídica pone en posición de extorsión a cualquier legislador, funcionario, o simple ciudadano que estorbe a una decisión de quien gobierna.
El cambio radical de actitud del presidente del PRI Alejandro Moreno, -inexplicablemente alineado hoy con los intereses de este gobierno respecto a la militarización de la Guardia Nacional-, ¿no podría tener como origen alguna negociación privada para retirar las acusaciones de corrupción en su contra presentadas por el gobierno de Campeche, a cambio de la colaboración legislativa de las bancadas del PRI con las bancadas de Morena en ambas cámaras?
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