Lavalle libre, impunidad a subasta

<< El aparato judicial en México se encarga de seleccionar a los ciudadanos por categorías según su capacidad económica >>

Por Ángel Álvaro Peña

Los jueces se han encargado de hacer las diferencias sociales, enfrentar a mexicanos contra mexicanos y enemistar hasta llegar al exterminio en una guerra de pobres contra pobres.

Dentro y fuera de las cárceles los jueces deciden en México quién tiene la razón, quien puede estar fuera de prisión, aunque sea culpable y quién debe estar preso, aunque sea inocente. Dejar de hacer su trabajo, permitir el rezago judicial como para que más de la mitad de los reos carezcan de sentencia, es una manera de hacer del país un lugar donde se pelean todos contra todos.

Para esto vaya un ejemplo grotesco y reciente en la justicia mexicana, donde se muestra que el dinero compra la justicia y alquila la ley.

LA SALIDA DE LAVALLE

El senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, tras las acusaciones que hizo en su contra, el ex director general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, purgara su sentencia en casa, debido a que pudo comprar a un médico  y un certificado de enfermedad.

Resulta que tiene problemas gastrointestinales y del colon, según se demuestra en análisis realizados a este personaje que fue expulsado de su partido, porque aún ellos consideraron que representaba una mancha en ese partido no muy limpio, por cierto. En junio de 2018, la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN, resolvió de manera unánime expulsarlo del partido, junto con Ernesto Cordero Arroyo y Eufrosina Cruz Mendoza.

En nuestro país basta convencer a un juez de que las pruebas de los médicos son verdaderas, que se les haya pagado a éstos para demostrar cualquier enfermedad habida y por haber, quienes, a su vez adquieren exámenes clínicos falsos y con firmas verdaderas de médicos responsables cómplices, a quienes nunca se les investiga.

Porque el mismo juez que lo sentenció, el 13 de abril de 2021, Marco Antonio Fuerte Tapia, le levantó el castigo y resulta que puede irse a su casa con un brazalete y firmar cada ms su presencia en el país.

En nuestro país no hay funcionarios públicos, ex gobernadores, ex líderes de partidos que no se enferme a las pocas horas de ser internados en un reclusorio, donde purgan penas por delitos cuya comprobación de culpabilidad es muy clara. Se trata de una costumbre que pone en entredicho a jueces, abogados, médicos, laboratorios clínicos y hasta hospitales.

La noche del 16 de septiembre ya estaba libre con rumbo a su domicilio, a pesar de habérsele comprobado los delitos que se le imputan, entre ellos el de lavado de dinero donde obtuvo los recursos suficientes para comprar a la justicia que desde hace muchos años está en subasta en México.

Marco Antonio Fuerte Tapia, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado, la libertad provisional, con algunas medidas cautelares, las cuales seguramente fueron reiteradamente propuestas por sus abogados defensores, Felipe Gómez Mont y José Luis Zapata.

La FGR le imputa al recién liberado, recibir sobornos por 97 millones 190 mil pesos y lavar 52 millones 390 mil pesos, dinero que el ex director de Pemex afirma haberle enviado para que senadores de Oposición aprobaran la reforma energética en diciembre de 2013.

Según confesión de Lozoya Austin, del 11 de agosto de 2020, en la que detalló los supuestos sobornos que repartió a políticos y funcionarios por la reforma energética y el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem, una filial de Odebrecht.

Lavalle Maury era el único de los denunciados por Lozoya que se encontraba privado de la libertad. Este caso también fue judicializado contra otros políticos y ex funcionarios como Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Pemex, contra quien se libró una orden de aprehensión y también contra Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, a quien se citó a una audiencia de imputación, a la cual nunca asistió y que está a punto de ser considerado prófugo de la justicia.

A principios de este mes, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal amparó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que un juez emita un nuevo pronunciamiento sobre la prisión preventiva justificada que se le impuso en el caso Odebrecht, aunque dicha resolución Judicial no implica la libertad inmediata del exfuncionario, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal confirmó la prisión preventiva oficiosa para Lozoya.

Por lo que se abre una posibilidad para que Lozoya pueda llevar en libertad su proceso, aunque cabe destacar que el exdirector de Pemex también está relacionado en otra carpeta de investigación por el caso Agro Nitrogenados.

LOZOYA CONTRA PANISTAS

Asimismo, Lozoya Austin denunció a senadores de Acción Nacional de intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.

“El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”, detalló en su denuncia de hechos.

Según el ex director general de Pemex, Lavalle Maury tenía “proyectos políticos” en Campeche y esa era su excusa para pedir más dinero, llevar a contratistas cercanos para que la paraestatal los favoreciera y amenazaba con boicotear la reforma energética “si no recibían sus sobornos”.

Emilio Lozoya ofreció a través de su defensa un acuerdo reparatorio consistente en 10.2 millones de dólares, 7 millones 385,000 dólares por el proceso penal Odebrecht y 3 millones 400,000 por Agro Nitrogenados, para que la FGR suspenda los dos procesos penales en su contra por los delitos de lavado dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Volviendo al caso de Lavalle, a pesar de que el 9 de abril del 2021, el juez federal Fuerte Tapia concluyó que sí existe el riesgo de que el ex senador Lavalle Maury pueda darse a la fuga, al no contar con un domicilio fijo, no ser reconocido por sus vecinos, contar con los recursos suficientes y tener registros de viajes al extranjero, se le concedió su libertad por motivos de salud.

Esto quiere decir que pueden robarse millones, ponerlos a trabajar, quedarse con los intereses y regresar la cantidad robada para que todo vuelva a ser como antes, y la libertad otorgada a los delincuentes de cuello blanco, mientras en la cárcel hay miles de personas que no han podido ser sentenciadas por indolencia y mala voluntad de abogados, ministerios públicos, jueces y hasta gobernadores y secretarios del gobierno de la actual y anteriores gobiernos.

La justicia hace su segregación y separa a la sociedad desde su poder casi divino, y crea las diferencias sociales, pero también sus distinciones políticas. Porque si de ideas políticas se trata también el Poder Judicial encuentra la manera de castigar la disidencia, inventa delitos, fabrica delincuentes, crea leyes para encerrar la conciencia de la gente que no piensa igual que ellos. Así, se disfraza a los presos políticos de delincuentes comunes en todo el país y se les abandona a su suerte sin juicio ni condena esperando el olvido de la gente.

Es así como los responsables de aplicar la ley sin distingos hacen todo lo posible para que haya diferencias sociales donde la libertad y el castigo a la delincuencia están de por medio. Las cárceles, no cabe duda, son para los pobres, la libertad y las sentencias en la comodidad de su hogar ya son cosa de todos los días en nuestro país a pesar de que se trata de delincuentes.

Pero no sólo hay pobres en la cárcel sino enemigos de los políticos en funciones que con los jueces comprados castigan a los contrincantes hasta doblegarlos para que no le estorben en su camino hacia la mediocridad.