Un Ejército dividido
Por Ricardo Homs
La marcha de familiares de militares en activo, —en la que también participaron militares en retiro—, realizada el pasado domingo doce de marzo en la Ciudad de México, representa la “primera llamada” de un posible cisma que podría darse en el Ejército.
Por un lado pareciera estarse consolidando hoy, —más que nunca—, el surgimiento de un sector castrense en bonanza, porque ha sido beneficiario de muchos privilegios otorgados precisamente por quien, —cuando era un activista político opositor—, fue su más importante enemigo: Andrés Manuel López Obrador.
Ante esta realidad actual, caracterizada por un trato preferencial en el otorgamiento de presupuesto, —así como de concesiones—, para las fuerzas armadas, era de suponerse un ánimo satisfactorio generalizado al interior del instituto militar. Sin embargo, aunque desde hace tiempo había indicios de un posible conflicto, este quedó patente con esta marcha pública.
Queda claro que los beneficiarios de los privilegios son los altos mandos cercanos al poder y en contraposición, se viven condiciones de riesgo para la tropa y los mandos que no forman parte de la elite cercana a la 4T.
Los riesgos se han incrementado por un conjunto de políticas operativas que ponen a los militares en circunstancias de indefensión frente a las agresiones del crimen organizado.
Además, este Ejército siempre respetado y apreciado por la sociedad mexicana por su imagen altruista y solidaria frente a las tragedias climáticas que afectan a la población más vulnerable, -haciendo historia con el DN3-, hoy es provocado y agredido por los delincuentes y además, insultado en algunos poblados.
Estas son dos realidades paralelas que vive el Ejército Mexicano: la opulencia de una minoría cercana al poder, -beneficiaria de contratos otorgados por el gobierno de la 4T para realizar obra civil-, y las privaciones de la tropa, que además, se siente desprotegida.
Sin embargo, lo que más llama la atención es la razón por la cual se han entregado al Ejército contratos de obra civil y además la administración, de aeropuertos y del Tren Maya, contraviniendo al artículo 129 de nuestra Constitución, que dice “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Con la reforma última el Articulo 129 amplía las facultades del Ejército para que participe en labores de “seguridad interior”, lo cual justifica su actividad en las calles combatiendo a la delincuencia organizada.
Sin embargo, no ha sido modificada la restricción para participar en actividades civiles como son la construcción de obra pública y administración de aeropuertos y ferrocarriles, con todas las atribuciones, que incluyen la propiedad de las utilidades generadas por su actividad.
¿Cuál es la justificación para el otorgamiento de estos privilegios, generados desde la presidencia de la República?
Las suspicacias nos hacen suponer que detrás de esta decisión presidencial está la pretensión de generar un compromiso de proteger la “cuarta transformación” aún después de la gestión del presidente López Obrador.
A final de cuentas los privilegios siempre son para los grupos de elite y mientras tanto, la tropa que circula por las calles vive sus peores tiempos, arriesgando su vida y que en algunas comunidades se pisotee su dignidad.
Al más puro estilo fascista, durante la conmemoración presidencial de la nacionalización del petróleo en el Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de morenistas quemó una piñata con la cara de la ministra presidenta de la SCJN, -Norma Piña-, mientras coreaban insultos contra ella y además la frase “Es un honor estar con López Obrador”. Más clara la identidad partidista de los agresores fascistas…imposible.
Es un insulto a la SCJN como respuesta a que esta institución con dignidad ha reivindicado su independencia frente al Poder Ejecutivo. ¿A usted qué le parece?
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