Poder oligárquico responde al interés imperial 

 

Por Francisco Blanco Calderón

 

Primera Parte

Con el neoliberalismo se registró un ascenso vertiginoso de las actividades del narcotráfico y el crimen organizado. La desregulación y la apertura externa facilitaron sus actividades tanto nacionales como internacionales. No es que el narco no existiera antes, pero no tenía los alcances de ahora. Bajo el neoliberalismo, el narcotráfico creció y se transformó en un negocio trasnacional. México se convirtió en uno de los centros mundiales del narcotráfico. De productores de mariguana e intermediarios de los carteles colombianos, los narcos mexicanos desplazaron a estos como los principales productores e introductores de droga al mercado estadounidense y europeo, a la par que ampliaron su radio de acción a otras actividades criminales como el huachicoleo, el secuestro, la trata de blancas, la pederastia, el comercio de órganos humanos, el tráfico de armas y migrantes.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, afirmó  en Nueva York que la independencia judicial no es un privilegio, una ventaja excesiva o una concesión superior para los juzgadores, sino una garantía para los ciudadanos: “En mi país, pero no sólo en mi país, sino lamentablemente en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes”. —El Financiero—.

Una muestra evidente de la existencia en lawfare -guerra judicial- que se ha implantado en México en contra este nuevo régimen que intenta buscar la transformación contra la corrupción y el saqueo de los poderes judicial, legislativo, empresarial y mediático. 

“El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros)”—Celag—. 

A lo que se acoge la SCJN, el Tribunal, jueces y magistrados Norma Piña, al igual que Lorenzo Córdoba, Beatriz Pagés Llergo, German Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Marko Cortés, Alejandro Moreno han ido a “lloriquear”, en distintas ocasiones a Nueva York y a Washington DC, para quejarse de la 4T y de AMLO. A pedir intervención militar en México, a someterse a los designios de la DEA contra el narcotráfico, a no frenar al maíz transgénico, avanzar en la privatización del agua,  suplicas propias de conservadores sometidos a los intereses imperiales como sucedió en la colonia, la Independencia, la Reforma y la Revolución. 

No van solos, otra estrategia paralela empresarial y religiosa, la de los dueños y herederos de las grandes corporaciones mineras, comerciales e industriales, así como de la alta jerarquía católica encabezada por Norberto Rivera, quién no dejaba de asistir a comilonas en Madrid o Paris con Slim, Del Valle, Azcárraga Jean junto a los dueños del grupo México, Peñoles, Bimbo y Kimbely Clark:  Larrea, Bailléres, Servije y X González padre, entre otros. El ex arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez y el obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda, dueños de grandes mansiones, con campos de golf, automóviles de lujo y dispendio fenomenal de limosnas del poder fáctico, y lo más frecuente sus peroratas, críticas abusivas y mustias-angelicales mentadas de madre contra la 4T y AMLO en sermones dominicales y entrevistas mediáticas.

A ellos se suman legisladores, jueces y magistrados, exfuncionarios neoliberales, comunicadores y conductores de radio, televisión y presa como robots, influencers en controladas redes sociales, junto a ellos los intelectuales orgánicos y académicos, científicos y clase-medieros aspiracionistas. 

En la oligarquía, el poder se concentra en un grupo de personas, habitualmente de una misma clase social, sector, grupo económico o político. En base a los intereses de estos, un sistema en el que se practica la oligarquía basa sus políticas en satisfacer los intereses de dicha clase política y económica expulsada desde el 2018. 

 

LA NUEVA ESTRATEGIA 

El centro de la nueva estrategia consistió en grandes capitales incorporados a la globalización financiera desplegada desde el centro hegemónico. El Consenso de Washington no consistió meramente en un decálogo de política económica impulsado con la anuencia del FMI y el Banco Mundial, ni reflejaba únicamente una convergencia de ideas neoliberales, sino que expresaba, ante todo, un compromiso político, un entramado de intereses, entre el capital monopolista-financiero globalizado del centro hegemónico estadounidense y las elites internas y los gobiernos de América Latina. 

La fracción oligárquica de la burguesía mexicana está constituida en la actualidad por alrededor de cien familias, que representan el núcleo del poder económico, las cuales tienen una estrecha articulación con el capital monopolista-financiero de los centros. Se trata de los dueños de los grandes grupos monopolistas nativos con intereses entrelazados en la minería, los agronegocios, la industria, el comercio, las finanzas y los servicios; por los propietarios de los medios masivos de comunicación en la televisión, la radio y los grandes diarios nacionales y regionales; por los altos jerarcas de las Iglesias y por los grandes capos del narcotráfico y sin duda, crecientemente, también, por miembros de la cúpula política, principalmente por los altos funcionarios vinculados a la esfera financiera. Sigue siendo válida la frase de Carlos Monsiváis de que los políticos de cada sexenio se convierten en la iniciativa privada del sexenio siguiente. La concentración del ingreso y de la riqueza es un problema ancestral de México. Sin embargo, durante la etapa neoliberal este proceso se acentuó como nunca, principalmente en el seno de la oligarquía financiera. 

La continuidad neoliberal de tres décadas fue interrumpida por el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena. El nuevo gobierno ha ofrecido abandonar el modelo neoliberal y efectuar la separación del poder político del poder económico. Sin embargo, romper la camisa de fuerza de la globalización neoliberal y trascender el neoliberalismo, no será un reto que se resuelva en el corto plazo, ni depende solo de la voluntad del presidente. Reclamará entre otras cosas, de la transformación de Morena en un verdadero partido político de izquierda, ajeno al oportunismo y el arribismo, así como cercano y activo en las luchas populares y en la satisfacción de sus demandas. Solo así será posible aspirar a la construcción de una nueva hegemonía política, nacional y popular, autonomizada del poder económico concentrado, y capaz de conducir una agenda pos neoliberal.