Venganza política o justicia
Por Ángel Álvaro Peña
Las osadías que en nombre de la libertad de expresión y el inexplicable odio que se utilizaron desde la campaña de 2018 contra el actual Presidente de la República no son puntos sobre una mesa de billar son cuentas pendientes por saldar. En política hay carambola de tres bandas cuyas ejecuciones son cuestión de práctica y paciencia.
Aquellos videos que el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, exhibía a los cuatro vientos, tienen ahora una repercusión, que no atenta contra la acción específica de las agresiones sino que surgen a partir de los desaciertos que suelen convertirse en delitos dentro de la administración pública.
El Presidente dijo en algún momento Abrazos no balazos, pero también advirtió: “Ni perdón ni olvido”. Es así como los viejos pleitos se convierten en nuevas denuncias y las rencillas de ayer se vuelven hoy órdenes de aprehensión.
No es venganza política simplemente se echa a andar la maquinaria de la ley que parecía estar oxidada, tratándose de meter en cintura, con sus tiempos y sus pasos lentos, a funcionarios públicos o contrincantes políticos. Porque las dos investigaciones que contra Miguel Ángel Yunes no la interpuso el Presidente de la República. Ni lo obligó a cometer un fraude en el ISSSTE, cuando el exgobernador era director general, por 15 mil millones de pesos, por el que se detuvo ya a 22 personas, de las cuales tres fueron vinculadas a proceso. Por si fuera poco, en su administración se aseguraron cheques por mil 188 millones de pesos.
Además, se firmaron contratos con empresas para realizar servicios subrogados por 88 mil millones de pesos. La infraestructura se detuvo, no creció nada y se dejó de contratar personal, lo que ocasionó una escasez de 36 mil trabajadores de salud, se encontraron 100 pensiones irregulares, según declaración de la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Félix Medina, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, señaló al respecto: “Es un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISSSTE coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país, con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley”.
Pero Yunes no es el único que se lleva y luego no se aguanta, porque los videos que intentaron deteriorar la imagen del actual Presidente y de evitar que la gente votara por él, fueron muy agresivos y esto ni lo olvida ni lo perdona. Dentro de este periodo de campaña de López Obrador, otro activista contra su presidencia fueron Claudio X. González, padre e hijo, empresarios que tienen una demanda pendiente en Estados Unidos por Arbitraje internacional, por 110 millones de dólares. En la cual, desde luego, nada tuvo que ver el Presidente.
Al respecto el Presidente comenta que hay familias que se deshacen por el dinero, no sólo se dividen sino se enfrentan, “la ambición por el dinero produce muchos problemas”, lo cierto es que es tiempo de cobrar facturas.
Mientras la atención de los ciudadanos está puesta en la sucesión, la mano de la justicia, dentro y fuera de nuestras fronteras, actúa de manera discreta pero contundente, precisamente contra aquellos cuyo pasado no es transparente ni vertical.
La estrategia es clara para los integrantes de la disidencia, y en este sentido uno de los más obsesivos críticos del actual Jefe del Ejecutivo fue Felipe Calderón, quien fue imitado por otros personajes de la política y el empresariado.
El método era muy sencillo: se debía hablar mal de López Obrador frente a las cámaras y micrófonos de los medios, de tal suerte que cuando la justicia intentara aplicar la ley o la ley quisiera hacer justicia, ellos argumentarían persecución política, a causa de sus argumentos críticos contra el gobierno o al Ejecutivo. Entonces en lugar de delincuentes comunes se convertían en víctima de una supuesta represión.
Así, cuando había algún delito que esconder, la mejor forma de alcanzar la impunidad era insultando al Presidente, agrediéndolo verbalmente, caricaturizándolo, etc. garantizando que sus delitos quedaran sin castigo.
Sin embargo, el ejemplo de Yunes, Calderón y los Claudios, son sólo ejemplos conocidos y actuales, pero hay una larga lista de funcionarios públicos de otros partidos, políticos de administraciones anteriores, que siguen este mismo método para que una vez que llegue el primer citatorio, ellos argumenten ante los medios persecución política.
En esta lista de quejosos con larga cola que les piden están personajes destacados de la política como Santiago Creel, Vicente Fox, su ahiijada Xóchitl Gálvez, Alito Moreno, y una lista interminable de delincuentes de cuello blanco, pertenecientes a la delincuencia autorizada, que ahora quieren ser víctimas de una represión que no existe.
Aquí la alternativa es hacer justicia, aunque haya sospecha de persecución política, de otra manera habría oficialmente impunidad eterna para quienes practicaron uno de los grandes males del país que es el ejercicio de la corrupción.
Permitir más impunidad de la ya obsequiada a los ex presidentes de la República, significaría una burla a las leyes mexicanas y un menosprecio a la dignidad de los mexicanos.
Más de un político, dentro y fuera de la Cuarta Transformación, tienen la guillotina a punto de tocar su cuello. Es tiempo de justicia, el periodo de la impunidad terminó.
PEGA Y CORRE
En protesta por la entrega del PRI a una panista como candidata a la Presidencia de la República renunciaron al tricolor el último día de agosto 700 mil militantes, quienes dejan claro que no están de acuerdo ni con el pacto, ni con la alianza, ni con el frente, ni con la abanderada. Es la primera vez en su historia que el PRI no tiene candidato a la Presidencia de la República.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes
