Desafian los ministros de la Corte al Poder Legislativo

Por: José Lima Cobos

Los ministros de la suprema corte de la nación, Irma Piña Hernández, Luis María Aguilar, Pérez Dayan, Laynez, Mena, Margarita Ríos, entre otros, a quienes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Andrés Manuel López Obrador los ha señalado como traidores a la patria y los ha exhibido de manera clara, contundente y abrupta que están al servicio de la oligarquía que ha gobernado el país por más de treinta años, ahora desafían al Congreso de la Unión e invaden sus funciones, incurriéndose en violaciones a la constitución general de la república, como es autorizar que el INAI pueda sesionar y tomar determinaciones con menos de cinco de sus  integrantes,  cuando lo procedente era desechar la controversia por así estar previsto en el artículo  61, fracción sexta de la ley de amparo.

Este hecho, por si solo conlleva a que el poder legislativo, de curso a un juicio de procedencia en contra de dichos togados y detenerlos en su soberbia de interpretar la constitución a su gusto, y dejar que la norma constitucional le valga  un real comino, -como lo hecho en cuanto al artículo 127 constitucional- pues con ello vulnera la división de poderes, lo que  es sumamente grave para el país, que puede ocasionar una inestabilidad política.

Es por demás arrogante y agresiva  a la Constitución, la  propuesta  del ministro  Juan Luis González Alcántara Carranca -de alto coturno, propuesto por el dedo presidencial de López Obrador- por el que determina que el Senado ha sido omiso al no finalizar el proceso de designación de los faltantes comisionados de ese instituto, que -de transparencia no tiene nada- como  lo ha denunciado el presidente  de la república  y, dispone que la presidenta  de ese organismo tenga voto de calidad, es decir que se pase por el arco del triunfo, lo que ordena la propia constitución, en consecuencia, los ministros actúan como constituyente al introducir reformas a la misma cuando la competencia es del congreso y tiene que contar con una votación calificada de votos y además que la aprueben por lo menos 17 legislaturas locales.

En concreto, González Alcántara y sus acompañantes ministros arropan el criterio que al no designar el senado a los comisionados, se vulnera  el diseño constitucional del INAI que paraliza el ejercicio de sus facultades y que excedió el plazo razonable de 342 días, en que se generó las vacantes, sin tomar en cuenta las razones o motivos y razones del senado que en su  oportunidad,  debió argumentar al rendir  su informe justificado,  queriendo con ello influir en las decisiones que son de la única  competencia de ese poder , para resolver las cuestiones que se presenten, cuando la ley de amparo establece, en el artículo 61, fracción  VI de  la improcedencia de cualquier recurso cuando se trate de nombramientos o designaciones  en que intervienen dos poderes  como es  el nombramiento de funcionarios, en síntesis, se puede afirmar, sin exageración alguna, que los ministros se están orinando fuera de la bacinica, pues de suyo, de ninguna manera  pueden arrogarse funciones a la observancia de la constitución.

La oportunidad la pintan calva para hacer que se respete la constitución y el actuar de los servidores públicos, como está previsto en el artículo 110 constitucional que precisa: Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de Suprema Corte de justicia de la Nación, los consejeros de la judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados y Jueces de Distrito…..etc. , luego, si la constitución señala que el organismo se integra por siete comisionados y su nombramiento concierne al Senado… pero si el presidente objete o vete al propuesto, esto sigue siendo competencia del senado y no puede, de ninguna manera esa competencia que es clara, en concreto, los ministros están violando la constitución y si el senado persiste en su conducta, solo procede el juicio político, contra los ministros por invadir funciones de otro poder.

La sentencia de la suprema corte es contraria a la división de poderes, si el senado no aprueba el nombramiento -como de seguro no sucederá, porque se requiere de una mayoría calificada y al no contarse con ella-, sin duda, que si bien lo resuelto por la corte es una decisión inatacable pero irresponsable, tendrá que pedir el juicio político contra todos los integrantes del senado por desacato, mayúsculo e irresponsable, o por  el contrario, el juicio político contra los ministros que votaron en este asunto, por ser contrario al espíritu y contenido de la constitución, lo que es  más factible, o bien, por respeto de la nación, los ministros tendrán que ser sancionados como lo previene el artículo 109 de la propia constitución, que de manera sencilla lo puede integrar la fiscalía y turnarla a la cámara de diputados.

Veremos si se define esta brutalidad de la corte, o, por el contrario, si  se continúa con lo mismo del pasado,  que era la simulación y el engaño, pero si ya se vio que el presidente quiere pasar a la historia con autoridad moral, política, sociedad y de eficacia, el mejor ejemplo es lo que está pasando con los desaparecidos de Ayotzinapa que,  siendo la complicidad del  presidente Peña y Calderón en el narcoestado, no es de extrañarse que si ya el exprocurador Murillo Karam está en prisión es porque asumió su responsabilidad , si se observa que el ejército, con su jefe que es el presidente de la república, -tiene ya a varios generales en prisión- pero no puede alcanzar a los expresidentes porque solo pueden ser acusados de traición a la patria, luego entonces, es más fácil actuar en contra de los ministros de la corte, para cerrar la página negra de la corrupción y complicidad sen que están inmersos.

Si la autoridad  moral y política de López Obrador esta fuera de toda duda  razonable, el gobierno de los Estados Unidos no hubiera permitido que el general Cienfuegos, secretario de la defensa nacional  de Peña Nieto,  detenido  en la cárcel en Estados Unidos por una investigación que  abrió la CIA y la DEA en su contra, se le hubiera puesto en libertad y regresara a México y  que se entregara al gobierno mexicano toda la investigación para seguir su curso que solo probó manipuleo , lo que demuestra  que  se exigió respeto para esa institución y solo la tiene cuando su proceder no esta  en el ojo del huracán, como lo esta ahora Genaro García, que ha sido condenado, de ahí, que si el 2 de octubre no se olvida, pese a que el presidente Diaz Ordaz reconoció que él era el único responsable, lo mismo sucederá con todos los desaparecidos en los regímenes anteriores y se le cargara al presidente López Obrador, si permite que se invente una nueva verdad  histórica, solapando que fiscales, jueces, magistrados y ministros brinden la protección a delincuentes organizados y de cuello blanco, como ahora se ha visto.

El basta, tiene que ser en serio, porque, o hay castigos para todos los que violenten el orden jurídico, o retornemos al  pasado de impunidad y corrupción. Ninguna reforma más permite la constitución, ya que la han corrompido, ahora hay que ajustarse a ella porque los primeros que la  violan  son quienes imparten justicia.