Judicialización política
Por Ricardo Homs
La lucha por el control de la Fiscalía de la Ciudad de México, -que hasta hoy tiene como titular a Ernestina Godoy-, parece ser que es capaz de justificar cualquier distorsión de la justicia.
La lucha por la ratificación de Ernestina Godoy en el cargo está despertando tal interés que está permitiendo que se desvirtúe el uso de la justicia, pues en lugar de centrarse total y absolutamente en combatir la delincuencia, también se utiliza para fines políticos.
Por una parte, circulan las denuncias de las presiones que se ejercen desde la procuraduría capitalina en contra de los legisladores de oposición que se niegan a ratificar a la fiscal Godoy por un periodo más, ahora que se cumple el fin de su ciclo.
No debemos olvidar las denuncias que publicó el New York Times respecto al espionaje ejercido desde la procuraduría en contra de Santiago Taboada, -hoy candidato de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y anteriormente alcalde de Benito Juárez-, la senadora Lilly Téllez, la ex diputada del partido Verde Alessandra Rojo de la Vega, así como los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte, ambos ex aspirantes al gobierno del Estado de México, entre otros nombres.
En el reportaje del New York Times se denuncia también que Telcel facilitó a la procuraduría información sensible sobre sus clientes, aprovechando las indefiniciones que marca la ley respecto a las condiciones en que las compañías telefónicas deben cumplir las disposiciones de las autoridades responsables de la seguridad y la justicia.
La utilización de los recursos tecnológicos que hoy tienen las autoridades judiciales para combatir a la delincuencia organizada, pero utilizados con fines políticos, -personales o de grupo-, representa un grave problema y por tanto, debiese considerarse un delito cometido desde el Estado Mexicano.
Definitivamente debe sancionarse esta deleznable práctica, pues la justicia no puede convertirse en el verdugo de la política.
Debemos reconocer que esta práctica se remonta a varios sexenios atrás y no es exclusiva de los gobiernos de la 4T. Por tanto, es igualmente reprochable sea del partido o grupo político que sea el que la realiza.
Sin embargo, el presidente López Obrador, -cabeza de la 4T-, denunció en campaña las malas prácticas, prometiendo la moralización de la política. Sin embargo, vemos que hoy, -desde el poder-, la visión cambia y él no se ha pronunciado para hacer cumplir aquello por lo que luchó como opositor.
Incluso vimos cómo la Fiscalía General de la República se puso al servicio de los intereses personales del Fiscal en el caso de la familia Cuevas Morán.
La falta de confianza en las fiscalías pone a la justicia en duda. ¿Cómo saber quién tiene la razón en el diferendo entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de Morelos en el caso mediático de la muerte de Ariadna Fernanda López, la joven asesinada en la Ciudad de México en octubre del año pasado y cuyo cadáver de encontró en la autopista México-Cuernavaca. Esto puso al fiscal de Morelos Uriel Carmona en la cárcel.
Sin embargo, no nos queda claro si realmente había elementos para saber si se castigaba su actuación como jurista o era una lucha de fuerzas políticas con un componente de venganza de la fiscal Ernestina Godoy.
Hoy la justicia en México está desacreditada por la falta de transparencia de las fiscalías, -principalmente-, y del aparato policiaco que controlan. Hay desconfianza en su visión ética y en la moralidad de su conducta.
Nuestro sistema de justicia está en crisis como ningún otro en el mundo civilizado y de ello se deriva el alto índice de impunidad. Todos sabemos que los expedientes en que se basan las investigaciones están construidos con base en mentiras validadas por los ministerios públicos y de ello se derivan los juicios injustos, que parten de un expediente viciado.
Nos urgen fiscales incuestionables moralmente como primer paso para rehacer la confianza en nuestra impartición de justicia.
¿A usted qué le parece?
