El ajuste de cuentas
Por Aurelio Contreras Moreno
Este fin de semana se difundió una medida tomada por el gobierno de Veracruz
que, si bien es positiva de entrada, parece más bien el adelanto de una escalada
de ajustes de cuentas internas en el grupo gobernante.
El pasado 5 de diciembre, el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal,
Alfonso Reyes Garcés, ordenó restringir el uso de grúas de empresas privadas
para tareas viales, lo que en los últimos años se ha había convertido no solamente
en un jugoso negociazo, sino en una mafia en la que los ciudadanos sufrían una
suerte de extorsión al más puro estilo del crimen organizado.
De acuerdo con el oficio SSP/SP/DIC/011/2024, enviado al subsecretario de
Operaciones de Seguridad Pública y al director general de Tránsito y Seguridad
Vial, el servicio de grúas será usado en adelante únicamente en “casos que sean
necesarios con motivo de un siniestro, accidente de tránsito, en el aseguramiento
de objetos ante un hecho delictivo o que sea utilizado en la comisión de un delito,
o bien cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol o alguna
sustancia prohibida (narcóticos) y no se encuentre presente persona alguna de su
confianza que pueda hacerse cargo del mismo”.
De igual manera, el funcionario instruye a sus subalternos que para usar el
servicio de grúas privadas deberán coordinarse con el Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) para que solamente se utilicen
empresas de servicios de transporte de grúas concesionadas.
Lo que debería haber sido un muy simple y hasta normal ordenamiento de un
servicio público y del apoyo que para el mismo pueden ofrecer entes privados, fue
en realidad el primer golpe real de la administración de Rocío Nahle contra la de
su antecesor, el impresentable –y todavía sin el hueso prometido por Claudia
Sheinbaum- Cuitláhuac García, quien permitió que los automovilistas fueran
rehenes durante todo su sexenio de la mafia de las grúas, que llegaban a cobrar
varios miles pesos por un arrastre, como fue evidenciado muchas veces por los
medios de comunicación en distintos puntos del estado.
Siempre fue más que un secreto a voces que quien realmente estaba detrás de
ese negocio –y que recibió millonarios recursos por esa vía- era el alguna vez muy
poderoso exsecretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hoy caído en
desgracia política por haberse creído que las podía solo y que tenía con qué ser
gobernador de Veracruz.
Cisneros llegó hace seis años como personero de la propia Rocío Nahle al
gobierno de Veracruz y desde entonces, fue quien verdaderamente gobernó la
entidad, reduciendo a Cuitláhuac García a un penoso papel de “florero”, incapaz
de hacer valer la investidura. Quizás por eso prefirió dedicarse a bailar, a chapear
camellones y a entregarse a la “vida loca”.
Acumuló Eric Cisneros tal cantidad de poder, que pensó que tenía alguna
posibilidad de disputar una candidatura que estaba decidida desde el principio del
anterior sexenio por quien manda en Morena –porque ahí solo cuenta el voto de
ese “dedito”-. Y se atrevió a hacerle una guerra intestina a Nahle usando recursos
del propio gobierno. Algo que ahora están empezando a cobrarle. Por principio de
cuentas, echando abajo un negocio en el que se sabe están involucrados otros
personajes de esferas no precisamente legales que muy probablemente reclamen
la pérdida de su “inversión”.
Y en cuanto se concrete la inevitable salida de Verónica Hernández Giadáns de la
Fiscalía General del Estado, comenzará la verdadera cacería.
Primer asesinato político del sexenio
Tras sufrir un atentado a balazos, la noche de este lunes 9 de diciembre falleció el
diputado federal por el distrito de Zongolica y alcalde con licencia de ese municipio
indígena Benito Aguas Atlahua, quien no sobrevivió a los impactos que recibió en
el tórax y la cabeza.
A la semana de haber entrado en funciones, se registra el primer asesinato político
del sexenio de Rocío Nahle. Mal augurio.