Paro de médicos en Argentina agudiza la crisis; alcaldes abogan por el Pami

La extrema gravedad de la situación general en Argentina, en momentos en que el Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) para jubilados y pensionados es arrasado por el total abandono del Estado, se refleja en la continuidad del paro nacional de los médicos de cabecera que entra en su tercer día en rechazo a la decisión de reducirles a la mitad el salario ya insuficiente, y advierten sobre el colapso de esa institución a lo que se añade la alerta de los farmacéuticos, que ya no pueden entregar medicamentos a jubilados debido a la deuda acumulada del gobierno.

El presidente Javier Milei no pudo encubrir el disparo de la inflación a 3.4 por ciento, pero sólo prometió más ajuste y más “motosierra”, en un encuentro de empresarios de la Cámara Argentina-Estados Unidos, en el que aseguró que su gobierno es exitoso, mintiendo abiertamente sobre la real situación que vive el país.

Por la mañana hubo una movilización de cientos de alcaldes de distintos municipios para reclamar ante el Palacio de Hacienda al ministro de Economía, Luis Caputo por la deuda que el Estado acumula, lo que aumenta la situación de sobrevivencia de la mayoría de la población, que atraviesa uno de los momentos más difíciles sólo comparables con lo sucedido en 2001 cuando se produjo el gran estallido social, explicaron en documentos que entregaron en el lugar.

Los alcaldes se refirieron a las protestas de jubilados que se multiplican en todo el país por demoras y falta de medicamentos, y señalaron que la crisis del Pami se produce “en un contexto de ajuste sobre el gasto público que impacta en áreas sensibles como la salud, con prestadores que denuncian atrasos en los pagos y provincias que advierten sobre el traslado de costos al sistema público”.

Los reclamos se hicieron en nombre de todos los partidos políticos, denunciando que el gobierno nacional recaudó 3.5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en carreteras, a lo que se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las Pequeña y Medianas Empresas (PyMEs), la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven.

“La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades. La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiera una mirada federal y articulada”, expresaron desde la Federación Argentina de Municipios.

Los distintos referentes del peronismo provincial reclaman desde hace tiempo por el caso de la provincia de Buenos Aires, a cuyo gobierno Milei niega la entrega de más de 25 mil billones de pesos por la coparticipación que le corresponde, desde hace dos años tratando de asfixiar a ese estado donde es más fuerte la oposición peronista del partido Justicialista.

Mientras, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estableció ayer que el trabajo no registrado en Argentina alcanzó a 43 por ciento de la población ocupada durante el cuarto trimestre de 2025, lo que evidencia un contexto de alta precarización laboral.

“Los datos demuestran que una inmensa proporción de los trabajadores del país ejerce sus tareas al margen de los derechos laborales y sin aportes al sistema de seguridad social y las mayores complicaciones para la inserción formal recaen sobre los extremos de la pirámide poblacional. Casi seis de cada diez personas de hasta 29 años y mayores de 65 años con al menos una ocupación padecen esta condición de inestabilidad y la brecha de género profundiza los obstáculos dentro del segmento de menor edad”.

Esto se refleja también en las encuestas que señalan la caída de la imagen de Milei en más del 60 por ciento en todo el país.

También organizaciones del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llegaron ante la sede del ministerio de Economía, para demandar inmediata transferencia de recursos del Programa Federal Incluir Salud, indispensables para garantizar el pago de prestaciones a beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de Pami.