Congreso de Tlaxcala aprueba destitución de alcaldesa de Contla e inhabilitación por tres años
El Congreso de Tlaxcala aprobó la destitución de la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi; del síndico, Gilberto Flores Maldonado, y de siete integrantes del cabildo, además de imponerles una inhabilitación de tres años para desempeñar cargos públicos, al considerar acreditadas diversas violaciones a la legalidad en agravio del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.
La resolución fue avalada con 19 votos a favor y tres en contra. También incluye a las regidoras Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzáhual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Joselín Netzáhual Yautentzi e Hilda Felícitas Xochitiotzin Cocoletzi, así como al regidor Rogelio Xochitemol Cuatecontzi.
No obstante, los efectos de la sanción quedaron suspendidos temporalmente debido a una controversia constitucional en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a un juicio de amparo concedido a los funcionarios sancionados, recursos que deberán resolverse antes de que la medida pueda ejecutarse de manera definitiva.
De acuerdo con el dictamen aprobado en sesión extraordinaria y privada, los integrantes del ayuntamiento incurrieron en responsabilidad política al determinar, sin facultades legales, la suspensión del presidente de comunidad de la Segunda Sección.
El procedimiento derivó de una denuncia presentada por Alejandro Flores Xelhuantzi, quien acusó a los integrantes del cabildo de vulnerar sus derechos político-electorales mediante un acuerdo aprobado el 1 de agosto de 2025, a través del cual fue separado de sus funciones.
Durante el análisis del expediente, los legisladores concluyeron que ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria faculta a un cabildo para suspender a una autoridad auxiliar electa mediante voto popular.
Por ello, consideraron que la actuación de la alcaldesa, el síndico y los regidores transgredió los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El dictamen señala además que la decisión tuvo consecuencias materiales sobre el ejercicio del cargo, entre ellas el cambio de chapas de la presidencia de comunidad y la restricción del acceso a instalaciones públicas, lo que impidió al representante comunitario desempeñar sus funciones.
Los diputados determinaron que dichas acciones constituyeron una extralimitación de funciones y una invasión de competencias reservadas a otras autoridades, ya que cualquier medida de suspensión, separación o destitución de un servidor público electo debe ajustarse a los procedimientos previstos en la ley.
Los legisladores Laura Yamili Flores Lozano y Silvano Garay Loredo votaron en contra al considerar que el dictamen carecía de exhaustividad y de una adecuada fundamentación jurídica.
Pese a ello, la resolución fue aprobada por mayoría, aunque la alcaldesa y los demás integrantes del cabildo podrán continuar en funciones hasta que la SCJN y la justicia federal resuelvan los recursos legales actualmente en trámite.
