Veracruz en deuda con la prensa
POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA
Cada 7 de junio, cuando se conmemora la Libertad de Expresión en México, los discursos oficiales suelen llenarse de reconocimientos al trabajo periodístico. Se habla de la importancia de informar, de la democracia y del derecho de la ciudadanía a estar enterada. Sin embargo, en Veracruz existe una realidad que obliga a mirar más allá de las palabras.
De acuerdo con datos de Artículo 19, la entidad acumula 31 asesinatos de periodistas desde el año 2000 en casos que podrían estar relacionados con su labor informativa. La cifra coloca nuevamente a Veracruz como el estado más peligroso para ejercer el periodismo en el país, una posición que nadie debería presumir y que, por el contrario, debería avergonzar a generaciones completas de autoridades.
Los números son fríos, pero detrás de ellos hay historias, familias y proyectos de vida truncados. Hay reporteros que salieron a cubrir una nota y nunca regresaron a casa. Hay fotógrafos, columnistas, conductores y comunicadores que fueron silenciados por la violencia. También hay colegas que continúan trabajando bajo el peso del miedo, conscientes de que informar puede tener consecuencias.
El periodo más oscuro sigue siendo el gobierno de Javier Duarte, cuando 18 periodistas fueron asesinados. Fue una etapa que dejó una marca profunda en la historia reciente de Veracruz y que convirtió al estado en referencia nacional e internacional cuando se hablaba de agresiones contra la prensa.
Pero reducir el problema a una sola administración sería un error. La violencia contra periodistas no comenzó ni terminó con un gobierno específico. Lo verdaderamente preocupante es que los años pasan y la impunidad permanece. Cambian los partidos, cambian los gobernantes y cambian los discursos, pero las investigaciones siguen sin ofrecer respuestas satisfactorias para muchas familias.
El asesinato más reciente incorporado al registro de Artículo 19 ocurrió apenas en enero de este año. Eso demuestra que el problema no pertenece al pasado. Sigue siendo una amenaza vigente para quienes ejercen el derecho de informar y para una sociedad que necesita periodistas libres para conocer la verdad de lo que ocurre en su entorno.
La libertad de expresión no se protege únicamente con homenajes, desayunos o reconocimientos públicos. Se protege garantizando condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo y, sobre todo, castigando a quienes intentan callar las voces incómodas mediante la violencia.
Porque cuando asesinan a un periodista, la víctima no es solamente una persona. También pierde la sociedad. Se pierde una historia que no se contará, una investigación que no se publicará y una verdad que quizá nunca llegará a conocerse.
Veracruz tiene una deuda pendiente con su prensa. Y mientras existan crímenes sin resolver y comunicadores que trabajen bajo amenaza, cualquier celebración de la libertad de expresión seguirá acompañada por una incómoda pregunta: ¿de qué sirve reconocer la labor periodística si aún no se garantiza plenamente el derecho a ejercerla sin miedo?
