Jalisco: alistan proyecto de ley para reestructura y depuración del Instituto de Pensiones
Con la renuncia del director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Juan Partida Morales, la cual surte efectos a partir del 1 de julio, la Asociación para el Futuro de los Pensionados del Ipejal prepara estrategias jurídicas para obligar a una reestructuración del organismo que maneja los fondos para el retiro de los burócratas del estado y de la mayoría de municipios.
La actual ley que rige al Ipejal, modificada en 2009 durante el gobierno del panista Emilio González Márquez, ha permitido una discrecionalidad absoluta al consejo directivo para decidir las inversiones y ventas de patrimonio del Ipejal, organismo público descentralizado donde cotizan 134 mil 111 afiliados y 54 mil 732 jubilados y pensionados y que este año ejerce un presupuesto de 18 mil 215 millones de pesos, según sus propios datos más recientes.
La asociación está por terminar una iniciativa que exige voz y voto en el consejo directivo para representantes de jubilados y pensionados, pues es ahí donde se toman las decisiones más importantes para el manejo del patrimonio del Ipejal. Hoy lo integran un representante del gobierno estatal, dirigentes de entidades patronales, un funcionario del ayuntamiento de Guadalajara y representantes de los sindicatos de burócratas incluido el educativo, además del director del Ipejal.
También se planteará que cualquier decisión de inversiones y ventas de patrimonio pase antes por el Congreso del Estado, luego de denunciar que continúa la enajenación de predios a precio de ganga, la existencia de mafias al interior del instituto, aviadurías, carencias en el abasto de medicina y la prestación de servicios de salud.
El proyecto busca resolver la crisis financiera y de servicios que afecta a la institución, en el primer caso mediante el aumento gradual de las aportaciones de la entidad pública afiliada, las cuales llegarían hasta el 40 por ciento del sueldo, pero el trabajador no aportaría más, seguiría dando el 11.4 por ciento de su sueldo base de cotización como fondo para el retiro.
Ernesto Aguilar Rodríguez, presidente de la asociación, quien aún no se pensiona y sigue activo como supervisor de zona escolar, dijo que la propuesta plantea que el consejo directivo del Ipejal incorpore además de representantes de las asociaciones de jubilados, a diputados de la comisión respectiva, como entidades que puedan defender los intereses de los afiliados.
Acompañado de otros integrantes de la asociación como Felipe Ascencio Sánchez, Francisco Javier Reyes, Patricia Jiménez López, Gilberto P. Ortiz, Aguilar explicó que la propuesta de reforma incluye que la representación municipal en el consejo sea rotativa entre los cuatro municipios conurbados, en lugar de estar asignada de manera exclusiva al Ayuntamiento de Guadalajara.
Esta representación de jubilados y afiliados se extendería a los siete órganos colegiados del instituto, incluidos los comités de inversiones, técnico médico y de transparencia.
Como medida complementaria para aliviar las finanzas del Ipejal, la propuesta exige que el Gobierno del Estado de Jalisco absorba el costo de la nómina del instituto, estimado en 600 millones de pesos anuales para una plantilla de aproximadamente mil empleados.
Los recursos liberados por este concepto se reorientarían al rubro de servicios médicos, con la garantía legal de que se destine a este fin al menos el 15 por ciento del presupuesto anual del organismo.
Los representantes de la asociación denuncian que las administraciones pasadas realizaron operaciones inmobiliarias perjudiciales para el patrimonio común, como la venta de terrenos de alta plusvalía en zonas como Ajijic y Tapalpa, así como la aceptación de predios rústicos e inservibles por parte de municipios deudores, como Puerto Vallarta, que acumula un adeudo de alrededor de 400 millones de pesos.
La propuesta también contempla una revisión forense de la nómina de jubilados para detectar irregularidades, como el otorgamiento de pensiones basadas en incrementos salariales injustificados durante el último año de servicio activo.
La propuesta fue dada a conocer en una reunión de los miembros de la asociación a la que también acudió un asesor de la diputada del partido local Futuro, Mariana Casillas Guerrero, lo que abre la posibilidad que la bancada afín a la 4T de la que forma parte pudiera apoyar dicha iniciativa.
