Redacción Políticos al Desnudo
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la reforma constitucional que obligaría a quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado principalmente por Morena y sus aliados, plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer la nacionalidad mexicana como requisito exclusivo para ocupar las principales titularidades del Poder Ejecutivo.
Tras la votación en lo general, los legisladores iniciaron la discusión de cerca de 80 reservas y propuestas de modificación. Una vez concluido el trámite en San Lázaro, el proyecto deberá ser enviado al Senado, donde necesitará nuevamente una mayoría calificada para avanzar.
La restricción no terminaría con el registro electoral. Quienes resulten electos tampoco podrían adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país ni solicitar la protección diplomática de otra nación.
El oficialismo sostiene que la modificación pretende evitar posibles conflictos de interés y garantizar que las decisiones de presidentes y gobernadores respondan únicamente a México. Sheinbaum ha defendido la propuesta bajo el argumento de que quienes representan al Estado mexicano no deben mantener compromisos jurídicos con otro país.
La oposición cuestionó el proyecto al considerar que podría limitar los derechos políticos de millones de mexicanos con doble nacionalidad. Durante el debate, legisladores señalaron que haber nacido en otro país o poseer una segunda ciudadanía no implica falta de compromiso con México.
De completar su aprobación en el Congreso y obtener posteriormente el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales, las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse en el proceso electoral de 2028, por lo que no alcanzarían las elecciones estatales previstas para 2027.