La revisión de más de 200 videos permitió identificar a los elementos señalados; las autoridades reconocen fallas en el operativo y anuncian posibles sanciones.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco abrió una investigación interna contra 17 policías estatales señalados por presuntamente incumplir los protocolos de actuación y utilizar la fuerza de manera desproporcionada durante la manifestación por la calidad del agua potable, realizada el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, informó este jueves que la Dirección de Asuntos Internos revisa más de 200 videos captados desde diferentes ángulos para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los agentes involucrados.
El funcionario reconoció que algunos policías actuaron impulsivamente y fuera de las instrucciones establecidas para atender la protesta. Los 17 elementos identificados ya fueron citados a comparecer, mientras continúan las investigaciones para establecer si hubo responsabilidades adicionales entre los mandos.
Las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo de la gravedad de las conductas que logren acreditarse.
Reconocen fallas en el operativo policial
La investigación se produce después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconociera públicamente que durante el despliegue policial se cometieron errores graves y que hubo uso excesivo de la fuerza, así como detenciones que calificó de injustas.
El mandatario anunció que los hechos serían investigados y que los posibles abusos no quedarían sin consecuencias. Su posicionamiento ocurrió después de las críticas generadas por las imágenes de los enfrentamientos y las detenciones registradas durante la movilización.
En un primer momento, las autoridades atribuyeron los disturbios a la presunta participación de un grupo de choque. Sin embargo, la revisión posterior de las grabaciones llevó a reconocer que también hubo actuaciones policiales que deben ser esclarecidas.
El caso abrió cuestionamientos sobre la preparación de los elementos, el cumplimiento de las órdenes operativas y la responsabilidad de quienes estuvieron al frente del dispositivo de seguridad.
Investigan posibles abusos y revisarán protocolos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una investigación por los hechos y adoptó medidas cautelares relacionadas con la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad estatal informó que colaborará con los organismos de derechos humanos y revisará los lineamientos para la intervención policial en manifestaciones públicas. También convocará a representantes sociales, legisladores y especialistas para analizar posibles ajustes a los protocolos vigentes.
De acuerdo con los reportes publicados este jueves, durante los enfrentamientos resultaron lesionados 28 policías, tres de ellos con heridas graves que requirieron atención médica especializada. Las autoridades también deberán esclarecer las agresiones denunciadas por los manifestantes.
El reclamo de fondo: agua limpia y potable
La movilización del 11 de octubre tuvo como origen las inconformidades ciudadanas por la calidad del agua que llega a los hogares de Guadalajara y su zona metropolitana.
La protesta derivó en enfrentamientos, detenciones y denuncias por el uso de chorros de agua, gases y agresiones físicas. La controversia trasladó el foco de atención desde las demandas por el suministro de agua hasta la actuación de las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Mientras tanto, el gobierno estatal enfrenta el reto de esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades individuales y responder a las exigencias de la población sobre el servicio de agua potable.
La investigación contra los 17 policías representa una primera etapa del proceso, pero todavía falta conocer sus resultados y establecer si las posibles irregularidades se limitaron a determinados elementos o también involucraron decisiones de sus superiores.
El punto central será que las investigaciones se traduzcan en resultados verificables: identificar las conductas irregulares, garantizar el debido proceso y establecer las medidas correspondientes, sin perder de vista el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente.