La presidenta negó haber negociado la detención de César Jáuregui a cambio de beneficios políticos para la gobernadora panista y sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar responsabilidades.
Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para proceder penalmente contra el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, detenido por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con un operativo antidrogas en el que participaron agentes estadounidenses.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal negó que su administración haya negociado con la gobernadora panista la captura del exfuncionario o su posible deslinde de responsabilidades en el caso que involucra a integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Sheinbaum sostuvo que la actuación de las autoridades debe apegarse a la ley y rechazó que la procuración de justicia se utilice para alcanzar acuerdos entre fuerzas políticas.
La presidenta también desestimó las versiones sobre un posible beneficio para Campos, incluida la posibilidad de ofrecerle una embajada, y afirmó que no le corresponde exonerar a la mandataria estatal ni decidir anticipadamente quién debe responder ante la justicia.
En ese sentido, dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación sobre los hechos y la determinación de si existen elementos para fincar responsabilidades adicionales.
El caso que detonó la controversia
La detención de Jáuregui está relacionada con un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, para intervenir instalaciones vinculadas con la producción de drogas sintéticas.
El caso adquirió relevancia nacional después de que se conociera la participación de dos agentes estadounidenses en las actividades relacionadas con el operativo. Posteriormente, cuatro personas, entre ellas los dos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de la zona serrana.
La presencia de personal extranjero en tareas de seguridad dentro del territorio mexicano generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la colaboración con agencias de otros países.
Las investigaciones apuntan al exfiscal como uno de los principales responsables de haber permitido la intervención de los agentes estadounidenses sin la autorización federal correspondiente.
La FGR le atribuye presuntamente el delito de traición a la patria, mientras que la Fiscalía de Chihuahua investiga posibles delitos del fuero común relacionados con el ejercicio de sus funciones y el manejo de documentación bajo su responsabilidad.
Los señalamientos forman parte de investigaciones en curso y deberán ser examinados por las autoridades judiciales.
Maru Campos se deslinda de su exfiscal
Tras la captura, la gobernadora de Chihuahua respaldó públicamente la aplicación de la ley y aseguró que ninguna persona que haya formado parte de su administración está por encima de ella.
El posicionamiento marcó un distanciamiento respecto de Jáuregui, quien durante años fue uno de sus colaboradores cercanos y había encabezado la Fiscalía estatal hasta su renuncia en abril de 2026.
La postura de Campos también abrió un frente de tensión dentro del Partido Acción Nacional (PAN), pues el exfiscal mantenía respaldo entre sectores del panismo local y buscaba posicionarse políticamente rumbo a las próximas elecciones municipales.
La defensa de Jáuregui cuestionó la actuación de la gobernadora y sugirió que detrás de la detención podrían existir intereses políticos relacionados con la disputa por candidaturas. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de su abogado y no constituyen hechos judicialmente acreditados.
La investigación sigue abierta
Sheinbaum insistió en que la detención del exfiscal no debe interpretarse como resultado de una negociación entre el Gobierno federal y el de Chihuahua. También sostuvo que, hasta donde se conoce públicamente, no existen elementos que acrediten que la gobernadora haya ordenado directamente el operativo.
Sin embargo, la presidenta dejó claro que la investigación debe continuar y que será la FGR la instancia encargada de presentar los elementos que considere pertinentes ante las autoridades judiciales.
El caso mantiene abiertas varias interrogantes sobre la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad, los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales y la cadena de responsabilidades en el operativo de abril.
Mientras el proceso contra Jáuregui avanza, la controversia también tiene repercusiones políticas para Maru Campos, cuyo distanciamiento del exfiscal ha alimentado cuestionamientos dentro de su propio partido.
Por ahora, el Gobierno federal niega cualquier pacto político y sostiene que las responsabilidades deberán establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.