Ciudad de México.— Lorenzo Córdova Vianello salió en defensa de su administración al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que las revisiones efectuadas durante su gestión no detectaron irregularidades relevantes. La respuesta llegó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara auditar los contratos del organismo, incluidos los correspondientes al periodo en que él encabezó la institución.
A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el exconsejero presidente sostuvo que el INE estuvo sometido a revisiones constantes por parte de distintas instancias fiscalizadoras durante los nueve años que permaneció en el cargo, de 2014 a 2023.
Córdova afirmó que las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron atendidas oportunamente y aseguró que la última revisión que destacó, correspondiente a 2022, concluyó sin señalamientos.
Ante la posibilidad de que las autoridades vuelvan a examinar los contratos de su administración, manifestó que no tiene inconveniente en que se realicen nuevas auditorías.
Acusa intento de desviar la atención
El exfuncionario también cuestionó las declaraciones de Sheinbaum y consideró que la petición de revisar su gestión busca desviar la atención de la crisis que enfrenta actualmente el organismo electoral.
La controversia surgió después de que la mandataria pidiera transparentar las contrataciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei y en administraciones anteriores, con el propósito de determinar desde cuándo existen relaciones comerciales con determinados proveedores y si hubo posibles irregularidades.
Córdova argumentó que, durante su periodo, el INE no solamente estuvo sujeto a las revisiones de la ASF, sino también a la vigilancia de su Órgano Interno de Control y de los partidos políticos.
Sobre este último punto, recordó que Jesús George Zamora encabezó el órgano interno de control a partir de 2019, tras ser designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Según Córdova, durante ese periodo tampoco se identificaron anomalías relevantes; las observaciones menores detectadas, aseguró, dieron lugar a las sanciones correspondientes.
El exconsejero utilizó estos antecedentes para respaldar su postura de que su administración actuó con transparencia y dentro del marco legal.
Sheinbaum pide revisar contratos de varias administraciones
La solicitud presidencial no se limita a la gestión de Córdova. Sheinbaum planteó que la fiscalización abarque también el periodo de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE en medio de cuestionamientos relacionados con presuntos conflictos de interés y contrataciones de proveedores.
La presidenta pidió que se examinen los procedimientos de adjudicación, el uso de recursos públicos y los antecedentes de las empresas que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales.
También señaló la importancia de que el Órgano Interno de Control entregue la información disponible a la ASF, a fin de facilitar una revisión integral y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.
Los señalamientos sobre proveedores y posibles vínculos con funcionarios han colocado bajo escrutinio los mecanismos de contratación del instituto. Sin embargo, la existencia de cuestionamientos no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad de las personas involucradas.
Córdova acepta que revisen nuevamente los contratos
Al cerrar su posicionamiento, el expresidente del INE reiteró que está dispuesto a que se examine nuevamente su administración, aunque insistió en que las auditorías anteriores respaldan su defensa.
Su postura contrasta con el llamado de Sheinbaum a revisar de manera amplia el historial de contrataciones del organismo para esclarecer posibles anomalías y conocer cómo se distribuyeron los recursos públicos.
Por ahora, las afirmaciones de Córdova forman parte de su respuesta política a la petición presidencial. La revisión de los expedientes y las conclusiones que emitan las autoridades fiscalizadoras serán determinantes para establecer si hubo irregularidades y, en su caso, quiénes serían responsables.
La disputa abre un nuevo frente entre el Gobierno federal y el exconsejero presidente, mientras el INE enfrenta cuestionamientos sobre sus procedimientos internos y la transparencia en la contratación de bienes y servicios.