Ciudad de México.– La contratación de materiales electorales volvió a colocar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el centro de la polémica, luego de que el Gobierno federal exhibiera una presunta red empresarial que habría concentrado contratos millonarios con organismos electorales de distintas entidades del país.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información sobre empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señaladas por presuntamente simular competencia en procedimientos de licitación para obtener contratos de suministro de materiales electorales.
De acuerdo con los datos expuestos por la funcionaria, entre 2014 y 2023, compañías vinculadas con estos empresarios obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La investigación también identificó operaciones por otros 646 millones de pesos durante 2024 y 2025, correspondientes a 15 organismos electorales estatales.
Entre las empresas mencionadas figuran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf y Seriplast de México, entre otras. La hipótesis presentada por la dependencia apunta a que algunas compañías aparentemente competían entre sí, aunque mantenían vínculos empresariales que podrían haber permitido distribuirse las adjudicaciones.
Sheinbaum apunta a la gestión de Lorenzo Córdova
Al abordar el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las prácticas cuestionadas no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes de varias décadas.
La mandataria puso especial atención en el periodo de Lorenzo Córdova al frente del INE, entre 2014 y 2023, y señaló que durante esos años se mantuvo el esquema de contratación con proveedores que ahora están bajo revisión.
También recordó que, a partir de la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE adquirió facultades para designar a los integrantes de los organismos electorales locales.
En ese contexto, cuestionó los nombramientos realizados durante aquella etapa y la permanencia de determinadas empresas como proveedoras de materiales para los procesos electorales.
Sin embargo, la presidenta aclaró que las posibles irregularidades deben investigarse independientemente de quién haya estado al frente del organismo.
Taddei tampoco queda fuera de la revisión
Aunque Sheinbaum insistió en que los antecedentes de las contrataciones son anteriores a la llegada de Guadalupe Taddei, también señaló que cualquier irregularidad cometida durante su gestión debe investigarse.
La presidenta sostuvo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existieron responsabilidades por parte de funcionarios o integrantes de la estructura electoral.
La discusión también alcanzó los mecanismos internos de contratación del INE, particularmente los criterios para seleccionar proveedores y garantizar que las licitaciones se desarrollen bajo condiciones de competencia real.
Plantean cambios en la contratación de materiales electorales
Como parte de las medidas anunciadas, Sheinbaum planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para que tenga mayor capacidad de producir documentación y materiales electorales.
La propuesta contempla que la fabricación de boletas tenga controles estrictos de seguridad y trazabilidad, mientras que otros insumos, como urnas y mamparas, puedan adquirirse mediante procedimientos abiertos a diferentes empresas, siempre que existan reglas claras y costos transparentes.
La presidenta también llamó al actual Consejo General del INE y a los organismos electorales estatales a revisar sus mecanismos de contratación para evitar que se repitan situaciones como las denunciadas.
Por ahora, las cifras y los señalamientos presentados forman parte de una revisión que deberá profundizarse mediante las auditorías e investigaciones correspondientes.
El punto central es determinar cómo se asignaron durante años los contratos para organizar las elecciones, qué empresas se beneficiaron y si existieron acuerdos indebidos entre proveedores y funcionarios públicos.
La controversia deja bajo escrutinio no solamente a las empresas señaladas, sino también los mecanismos de supervisión y contratación de las instituciones responsables de garantizar la organización de los procesos electorales en México.