Veracruz cierra seis juntas laborales mientras casi 8 mil juicios siguen sin resolverse

La reestructuración del sistema laboral continuará en 2027 con el cierre de oficinas en Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos; mientras tanto, permanecen 7 mil 901 expedientes pendientes de resolución.

Xalapa, Ver.- La desaparición de seis Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje en Veracruz, durante los últimos dos años, dejó un ahorro de apenas 500 mil pesos, de acuerdo con el secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario explicó que la eliminación de estas oficinas forma parte de la transformación del sistema de justicia laboral y responde a la necesidad de concentrar los procedimientos en sedes con mayor capacidad de atención.

La reestructuración se realizó en dos etapas. Durante 2025 dejaron de operar las juntas de Pánuco, Córdoba y San Andrés Tuxtla, mientras que para el cierre de 2026 se determinó la supresión de otras tres, ubicadas en Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos. Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Según el secretario, las decisiones se tomaron considerando el volumen de expedientes y la existencia de otras oficinas en funcionamiento que pueden recibir los asuntos pendientes.

En Coatzacoalcos y Xalapa, los procedimientos serán distribuidos entre las juntas que permanecerán abiertas. En el caso de Tuxpan, los expedientes serán enviados a Poza Rica, donde continuará su seguimiento.

Miles de juicios todavía esperan resolución

La desaparición de estas oficinas ocurre mientras el sistema laboral veracruzano todavía enfrenta un importante rezago.

De acuerdo con las cifras presentadas por Santiago Martínez, actualmente existen 7 mil 901 expedientes activos en las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje, frente a los 20 mil 607 que se tenían al inicio del proceso de transformación.

Durante el periodo informado se concluyeron mil 600 juicios laborales, se emitieron 857 laudos y se realizaron 2 mil 339 audiencias. Estas resoluciones permitieron recuperar 89.9 millones de pesos en beneficio de 982 trabajadores y sus familias.

Aunque la autoridad sostiene que la reducción de oficinas permitirá concentrar recursos y avanzar en la resolución de los asuntos pendientes, el traslado de expedientes representa un desafío para quienes llevan años esperando justicia.

Trabajadores podrían enfrentar más gastos y traslados

La reorganización también ha generado preocupación entre abogados y personas con demandas laborales abiertas.

Entre los cuestionamientos está el impacto que tendrá el cambio de sede para quienes deberán acudir a otro municipio para dar seguimiento a sus procedimientos, asistir a audiencias o realizar trámites.

En el caso de Tuxpan, los expedientes serán concentrados en Poza Rica, lo que implica modificar las condiciones de traslado para trabajadores, exempleados y representantes legales.

Abogados han advertido que la desaparición de oficinas no significa que los juicios concluyan automáticamente. Cada expediente requiere continuar con sus etapas procesales, revisión de pruebas, notificaciones y, en su caso, ejecución de laudos.

Por ello, han planteado la necesidad de garantizar que las juntas receptoras cuenten con personal y capacidad suficientes para absorber los asuntos sin generar nuevos retrasos.

El nuevo modelo presume resultados millonarios

En contraste con el ahorro de 500 mil pesos reportado por el cierre de las seis juntas, la Secretaría del Trabajo destacó los resultados económicos del nuevo esquema de conciliación.

Durante los dos primeros años de la administración estatal se concretaron 27 mil 402 convenios laborales, mediante los cuales se recuperaron mil 403 millones 500 mil pesos en favor de las personas trabajadoras.

El Centro de Conciliación Laboral reportó una efectividad de 85.6 por ciento, mientras que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindó más de 13 mil asesorías jurídicas gratuitas.

La transición busca dejar atrás el antiguo sistema de juntas y fortalecer los mecanismos de conciliación y los tribunales laborales.

No obstante, el reto para las autoridades veracruzanas será demostrar que la reducción de oficinas no se traduce en mayores obstáculos para los trabajadores. Porque mientras los números oficiales hablan de reorganización y eficiencia, miles de personas todavía esperan que sus conflictos laborales lleguen finalmente a una resolución.

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