Trabajadores del Issstezac exigen a la SCJN frenar recorte a pensiones en Zacatecas

Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac (MBDI), que aglutina a más de 26 mil mujeres y hombres que son trabajadores-derechohabientes en la nómina del gobierno de Zacatecas, exigieron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes, al someter a votación un proyecto de inconstitucionalidad presentado por la ministra, Loretta Ortiz Ahlf, no vayan ratificar la validez de tres artículos del sistema pensionario local, que consideran son inconstitucionales, y que fueron incluidos en la ley del instituto, por un decreto del gobernador, David Monreal Ávila.

Los afectados si se convalida la reforma monrealista —publicada en agosto de 2024—, serían más de 6 mil pensionados y unos 20 mil trabajadores en activo agremiados a cuatro organizaciones sindicales: el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas, SITTEZ; la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE; el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, SUPDACOBAEZ y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, SUTSEMOP.

Específicamente los artículos que se validarían son el 74, 128 y 128 bis. El artículo 74 disminuye de 60 a 30 días el aguinaldo de los pensionados; y los artículos 128 y 128 bis., eliminan la responsabilidad de los entes públicos, para hacer frente al pago de pensiones y prestaciones, en caso de que las finanzas del Issstezac “sean insuficientes”, escenario que desde ahora ya se ha configurado, por los actuales directivos del organismo que lo han declarado “técnicamente en quiebra”.

Jorge Eduardo Dávila Rangel, Martín Sánchez Arellano y Jorge Luis Rodríguez García, voceros del MBDI, recordaron en entrevista con este diario que, según estudios actuariales, la reserva financiera técnica acumulada en más de dos décadas, debería superar los 30 mil millones de pesos, pero actualmente no supera los 3 mil 600 millones de pesos.

La enorme diferencia se explica por el quebranto financiero del sistema pensionario estatal —afirman los denunciantes quienes traen consigo copias de informes financieros anuales comparativos—, el saqueo efectuado por los integrantes de la “nómina dorada”, conformada por directivos y funcionarios del Issstezac, quienes históricamente han sido designados en esos cargos por los gobernadores en turno. Entre ellos muchos de ellos familiares y amigos.

Asimismo, los trabajadores denunciaron que hay una “sombra”, en el proyecto de inconstitucionalidad que este lunes 12 de enero será visto en la SCJN, y tiene que ver con lo que consideran un grave conflicto de intereses: entre las proyectistas de la ministra, Loretta Ortiz Ahlf, esta Susana Monreal Ávila, hermana del gobernador, David Monreal Ávila y del diputado federal y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila.

El proyecto de la ministra Loretta propone que los tres artículos impugnados “son válidos aun y cuando es evidente que, así como quedaron formulados en el decreto de reforma 621 de David Monreal Ávila, contradicen a los artículos 1 y 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“Si la SCJN vota a favor del proyecto de la ministra, se estarían sentando las bases jurídicas para continuar en México el proceso de desmantelamiento de los sistemas de seguridad social iniciado por las políticas neoliberales del pasado”.

La ministra Ortiz Ahlf en su proyecto que será votado este lunes, propone específicamente “reconocer la validez”, del artículo 74 de la ley del Issstezac “toda vez que la reducción de 60 a 30 días para el cálculo del aguinaldo a personas pensionadas, no viola el derecho humano a la seguridad social”.

También reconocerá la validez de los artículos 128 y 128 bis, “en virtud de que dichos numerales, en realidad, establecen la garantía, por parte del instituto relativo, de que el otorgamiento y cumplimiento de las prestaciones y obligaciones se llevarán a cabo, hasta su máximo económico, lo que se traduce en la realización de los mayores esfuerzos financieros posibles en aras de proteger precisamente este derecho a la seguridad social”.

Este sería el segundo golpe que en años recientes le “pega”, un gobernador, al sistema pensionario de sus propios trabajadores. Recordaron que, en septiembre de 2015, el entonces gobernador, Miguel Alejandro Alonso Reyes, del PRI, (quien en 1998 fue secretario particular y luego secretario de Turismo en el gabinete de Ricardo Monreal Ávila), impulsó a contrapelo de la derechohabiencia del Issstezac, una reforma a su sistema de pensiones, con la que se incrementaron en un 100 por ciento las aportaciones de los trabajadores, al sistema de pensiones, pasando de 6 a un 12 por ciento.

También a los maestros de Telesecundarias, se les despojó de prestaciones que eran conquistas laborales históricas en la entidad. Y para jubilarse la ley del 2015 impuso a todos los derechohabientes una edad mínima de 60 años, para la jubilación anticipada y de 65 años para la jubilación plena.