El lado oscuro de la justicia
Por Ricardo Homs
El lado más oscuro de nuestra justicia es que las familias de las víctimas tienen que convertirse en investigadores policiacos de tiempo completo, para acceder a la justicia.
Si el papá de Debanhi Escobar no se hubiese dedicado de tiempo completo a investigar la verdad sobre el asesinato de su hija, -no sólo por no contar con el apoyo de las autoridades de Nuevo León-, sino resistiendo el acoso de ellas, y se hubiese conformado con la versión de las autoridades relativa a un accidente, la familia no estaría llegando a conocer la verdad.
Por otra parte el padre de Abigail Hay, -detenida por la policía en Salina Cruz, Oaxaca y descubierta muerta en su celda horas después-, por no haber aceptado la versión oficial del suicidio y resistir el acoso de las autoridades municipales, logró rehacer la autopsia y avisa que no cederá hasta que se haga justicia.
Este no es un problema nuevo, pues Isabel Miranda de Wallace debió invertir mucho tiempo, dinero propio y esfuerzo, para dilucidar el secuestro y asesinato de su hijo en 2005 y dar con los culpables hasta que las autoridades tomaron el caso a partir de lo investigado por Isabel.
Que miles de mexicanos y mexicanas estén dedicados de tiempo completo a investigar las desapariciones de hijos, cónyuges o hermanos, nos habla de la magnitud de la crisis de seguridad pública. Sin embargo, que las madres buscadoras hoy corran riesgo de ser asesinadas por quienes seguramente fueron los verdugos de su familiar, es inaudito.
Mientras el presidente se vanagloria dando cifras donde asegura la disminución de delitos del fuero federal, nos enteramos que este miércoles pasado, -31 de agosto-, fue plagiada y asesinada en Sinaloa Rosario Rodríguez Barraza, una activista de las “madres buscadoras”, grupo civil conformado por familiares de gente desaparecida. ¿Entonces?
Lo más grave es que no es un caso aislado de asesinatos de activistas… ya son varios.
Las intromisiones presidenciales pretendiendo influir con su criterio personal la aplicación de la justicia, lo cual corresponde a un poder independiente, -según define nuestra Constitución-, como lo es el Poder Judicial, complican más que ayudar, pues él no es abogado y por tanto carece de la visión jurídica.
Este lunes 05 de septiembre parece ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestará en definitiva sobre la inconstitucionalidad de la “prisión preventiva”, aberración que se sustenta en la mítica declaración atribuida a Pancho Villa: “mátenlo y luego averigüen”. Esto significa: “primero en prisión y después se investiga”, lo cual llevado al caso de incluir en esta directriz delitos administrativos como son los fiscales y otros más, sin que medie el criterio de un juez, en una poderosa arma de control político para el gobierno en turno, lo cual no quiere perder el presidente López Obrador.
Entendamos que la prisión preventiva para un asesino serial, -como lo es un sicario-, representa una acción profiláctica y precautoria para evitar más muertes. Sin embargo, utilizada de forma discrecional por el gobierno termina siendo una arma política y hasta electoral para sacar de la jugada a un competidor.
Preocuparse más por encarcelar enemigos, competidores o incluso como medio de venganza o control político, y por otra parte dejar sin justicia a las verdaderas víctimas, -anónimas e invisibles- que están en la sociedad, muestra el lado oscuro de la política gubernamental de hoy, que igual que en los gobiernos totalitarios y dictatoriales como el de Daniel Ortega en Nicaragua, pretenden manipular la justicia para preservar el poder y el control político.
La intervención presidencial en el ámbito de la justicia, -así sea con sus opiniones, que no son las de un simple ciudadano, sino las del mexicano más poderoso-, solo enrarece el ya complicado panorama social y político de este país.
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